El libro negro del comunismo. Andrzej Paczkowski

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СКАЧАТЬ partido, y especialmente a Stalin, informes alarmistas sobre la persistencia de graves problemas interiores, sobre amenazas diversionistas orquestadas por Polonia, los países Bálticos, Gran Bretaña, Francia y Japón. Según el informe de actividad de la GPU para el año 1924, la policía política habría:

      • detenido a 11.453 «bandidos», de los que 1.858 fueron ejecutados sobre el terreno;

      • prendido a 926 extranjeros (de los que 357 habrían sido expulsados) y a 1.542 «espías»;

      • evitado una «sublevación» de guardias blancos en Crimea (132 personas ejecutadas en el desarrollo de ese asunto);

      • procedido a 81 «operaciones» contra grupos anarquistas que se habrían solventado con 266 arrestos;

      • «liquidado» 14 organizaciones mencheviques (540 arrestos, 6 organizaciones de socialistas revolucionarios de derechas (152 arrestos), 7 organizaciones de socialistas revolucionarios de izquierdas (52 arrestos), 117 organizaciones «diversas de intelectuales» (1.360 arrestos), 24 organizaciones «monárquicas» (1.245 arrestos), 85 organizaciones «clericales» y «sectarias» (1.765 arrestos), 675 «grupos kulaks» (1.148 arrestos);

      • expulsado, en dos grandes operaciones, en febrero y julio de 1924, alrededor de 4.500 «ladrones», «reincidentes» y «nepmen»⁷ (comerciantes y pequeños empresarios privados) de Moscú y de Leningrado;

      • reducido «a vigilancia individual» a 18.000 personas «socialmente peligrosas»;

      • supervisado 15.501 empresas y administraciones diversas;

      • leído 5.078.174 cartas y correspondencias diversas⁸.

      ¿En qué medida estos datos, cuya precisión escrupulosa alcanza al ridículo burocrático, resultan fiables? Incluidos en el proyecto de presupuestos de la GPU para 1925, tenían como función demostrar que la policía política no bajaba la guardia frente a todas las amenazas exteriores y merecía, por lo tanto, los fondos que le eran asignados. No son menos preciosos por ello para el historiador porque, más allá de las cifras, de la arbitrariedad de la categoría, revelan la permanencia de los métodos, de los enemigos potenciales y de una red momentáneamente menos activa pero siempre operativa.

      A pesar de los recortes presupuestarios y de algunas críticas que surgían de dirigentes bolcheviques inconsecuentes, el activismo de la GPU no podía más que verse estimulado por el endurecimiento de la legislación penal. En efecto, los Principios fundamentales de la legislación penal de la URSS, adoptados el 31 de octubre de 1924, al igual que el nuevo Código Penal de 1926, ampliaban sensiblemente la definición del crimen contrarrevolucionario y tipificaban la noción de «persona socialmente peligrosa». La ley incluía entre los crímenes revolucionarios todas las actividades que, sin pretender directamente derribar o debilitar al poder soviético, eran por sí mismas «notablemente para el delincuente», un «atentado contra las conquistas políticas o económicas de la revolución proletaria». Así, la ley sancionaba no solamente las intenciones directas, sino también las intenciones eventuales o indirectas.

      Además se consideraba como «socialmente peligrosa (…) a toda persona que hubiera cometido un acto peligroso contra la sociedad, o cuyas relaciones con un medio criminal o cuya actividad pasada representaran un peligro». Las personas designadas según estos criterios muy extensos podían ser condenadas, incluso en el caso de que no existiera ninguna culpabilidad. Estaba claramente precisado que «el tribunal puede aplicar las medidas de protección social a las personas reconocidas como socialmente peligrosas, sea por haber cometido un delito determinado, sea en el caso de que, perseguidas bajo la acusación de haber realizado un delito determinado sean declaradas inocentes por el tribunal pero reconocidas socialmente peligrosas». Todas estas disposiciones, codificadas en 1926, y entre las que figuraba el famoso artículo 58 del Código Penal, con sus 14 párrafos que definían los crímenes contrarrevolucionarios, reforzaban el fundamento legal del terror⁹. El 4 de mayo de 1926, Dzerzhinski envió a su adjunto Yagoda una carta en la que exponía un vasto programa de «lucha contra la especulación», muy revelador de los límites de la NEP y de la permanencia del «espíritu de guerra civil» entre los más altos dirigentes bolcheviques:

      La lucha contra la «especulación» reviste hoy en día una extrema importancia… Es indispensable limpiar Moscú de sus elementos parásitos y especuladores. He solicitado a Pauker que me reúna toda la documentación disponible sobre las fichas de los habitantes de Moscú en relación con este problema. De momento no he recibido nada de él. ¿No pensáis que debería crearse en la GPU un departamento especial de colonización que sería financiado mediante un fondo especial alimentado por las confiscaciones…? Es preciso poblar con estos elementos parásitos (incluida su familia) de nuestras ciudades las zonas inhóspitas de nuestro país, siguiendo un plan preestablecido aprobado por el Gobierno. Debemos limpiar a cualquier precio nuestras ciudades de centenares de miles de especuladores y de parásitos que prosperan en ellas… estos parásitos nos devoran. A causa de ellos no hay mercancías para los campesinos, a causa de ellos los precios suben y nuestro rublo baja. La GPU debe enfrentarse a brazo partido con este problema, con la mayor energía¹⁰.

      Entre las otras especificidades del sistema penal soviético figuraba la existencia de dos sistemas distintos de instrucción en materia criminal, uno judicial y el otro administrativo, y de dos sistemas de lugares de detención, uno gestionado por el comisariado del pueblo para el Interior, y el otro por la GPU. Al lado de las prisiones tradicionales en que estaban encarceladas las personas condenadas en virtud de un proceso «ordinario» existía un conjunto de campos de concentración gestionado por la GPU donde eran encerradas las personas condenadas por las jurisdicciones especiales de la policía política por uno de los crímenes relativos a esta institución: contrarrevolución bajo cualquiera de sus formas, bandidismo en gran escala, moneda falsa y delitos cometidos por miembros de la policía política.

      En 1922, el Gobierno propuso a la GPU instalar un vasto campo de concentración en el archipiélago de las Solovki, cinco islas del mar Blanco frente a Arcángel, de las que la principal abrigaba uno de los mayores monasterios de la Iglesia ortodoxa rusa. Después de haber expulsado a los monjes, la GPU organizó en el archipiélago un conjunto de campos de concentración reagrupados bajo las siglas SLON (Campos especiales de las Solovki). Los primeros efectivos, procedentes de los campos de Jolmogori y de Pertaminsk, llegaron a las Solovki a inicios del mes de julio de 1923. A finales de ese año, se contaba ya con 4.000 detenidos, en 1927 con 15.000 y a finales de 1928 con cerca de 38.000.

      Una de las especificidades del conjunto penitenciario de las Solovki era su autogestión. Aparte del director y de algunos responsables, todos los puestos del campo de concentración estaban ocupados por detenidos. En su aplastante mayoría, eran antiguos colaboradores de la policía política condenados por abusos particularmente graves. Practicada por esta clase de individuos, la autogestión era sinónimo de la arbitrariedad más total que muy rápidamente agravó la situación casi privilegiada, ampliamente heredada del antiguo régimen, de la que se beneficiaban los detenidos que habían obtenido la condición de prisionero político. Bajo la NEP, la administración de la GPU distinguía en efecto tres categorías de detenidos.

      La primera reunía a los políticos, es decir, exclusivamente a los miembros de los antiguos partidos menchevique, socialista-revolucionario y anarquista. Estos detenidos habían arrancado a Dzerzhinski en 1921 —él mismo durante largo tiempo prisionero político bajo el zarismo, durante el que había pasado cerca de diez años en prisión o en el exilio— un régimen político relativamente clemente: recibían una mejor alimentación, denominada «ración política», conservaban algunos efectos personales, y podían hacerse enviar periódicos y revistas. Vivían en comunidad y estaban sobre todo liberados de cualquier trabajo forzado. Este estatus privilegiado fue suprimido a finales de los años veinte.

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