Violencias que persisten. Francisco Gutiérrez Sanín

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СКАЧАТЬ El desarrollo alternativo hace parte de la lucha antidrogas, “para que productores se mantengan por fuera del negocio”. Se instauró la política de seguridad democrática para cambiar la correlación de fuerzas en el contexto de conflicto armado, incluyendo acciones contundentes contra cultivos ilícitos, catalogados como fuente de financiación de las guerrillas. Las inversiones en nombre de DA se hacen en zonas sin o con muy pocos cultivos de coca. Áreas fumigadas con muy escasa inversión en DA. El programa Proyectos Productivos y Generación de Ingresos es financiado por presupuesto nacional y escasa cooperación internacional. El programa Familia Guardabosques carece de total apoyo externo. 2006-2010 (segundo período de gobierno Uribe) Enfoque de seguridad y desarrollo con proyectos piloto denominados centros de coordinación y acción integral (CCAI). En 2007, a partir del CCAI, se creó la propuesta de Recuperación Social del Territorio (RST). En 2008 se tornó como Plan Nacional de Consolidación Territorial (PNCT). Modelos de consolidación de territorios luego de ofensivas de Fuerzas Armadas que oscilan entre acciones cívico-militares y seguridad para inversiones de economías extractivas. RST y PNCT buscaban que, una vez efectuada la recuperación militar de zonas con problemas de orden público, se pudieran desarrollar acciones de atención de emergencia y garantizar una presencia integral del Estado para enfrentar los problemas sociales y económicos locales. Mientras la iniciativa gubernamental continúa con proyectos productivos, Familia Guardabosques y pilotos del modelo CCAI apoyados por USAID, hay intentos de articulación con institucionalidad agropecuaria y desarrollo alternativo, pero buscan fortalecer grandes inversiones con muy escaso enfoque de desarrollo rural. Entre 2005 y 2008 USAID prepara y ejecuta con autonomía dos propuestas: más inversión para desarrollo alternativo (MIDAS) y áreas de desarrollo alternativo municipal (ADAM). 2010-2014 (primer gobierno Santos) Santos continuó con la Política Nacional de Consolidación Territorial (PNCT).En marzo de 2012 se dio inicio a conversaciones para el fin del conflicto.Acuerdo sobre drogas y cultivos de uso ilícito se dio a conocer el 16 de mayo de 2014. Busca implementar, ejecutar y hacer seguimiento a la ejecución de la PNCT, y canalizar, articular y coordinar la intervención institucional en las regiones de consolidación focalizadas y en las zonas afectadas por los cultivos ilícitos. Reproduce textualmente el enfoque de DA de UNGASS (*) (por sus siglas en inglés) 1998 como “proceso para prevenir y eliminar los cultivos ilícitos de plantas que contienen drogas narcóticas y sustancias psicotrópicas a través de medidas de desarrollo rural designadas específicamente en el contexto del crecimiento económico nacional sostenido y de esfuerzos de desarrollo sostenible en los países que emprendan iniciativas contra las drogas, teniendo en cuenta las características socio-culturales propias de los grupos y comunidades en cuestión, dentro del marco de una solución global y permanente al problema de las drogas ilícitas”. Por medio del Decreto 4161 de 2011, el Gobierno nacional crea la Unidad Administrativa Especial de la Política Nacional de Consolidación Territorial (PNCT).

      (*) UNGASS: Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas.

      Fuente: Sergio Uribe, “El desarrollo alternativo y la estrategia colombiana: el vacío de una política de Estado”, Acción Andina 2, n.° 2 (1998):67-77. Ricardo Vargas M., Desarrollo alternativo en Colombia y participación social: propuestas hacia un cambio de estrategia (Bogotá: Diálogo Inter-Agencial en Colombia, 2010). Ricardo Vargas M. “USAID’s Alternative Development policy in Colombia A critical analysis” TNI Drug Policy Briefing, Nr. 38 (Octubre de 2011). Presidencia de la República de Colombia Acción Social, Universidad de los Andes, IICA, Seminario Internacional La política de Desarrollo Alternativo y su Modelo Institucional-Retos y Desafíos, Memorias 7 y 8 de septiembre de 2004. Omar Gutiérrez, Desarrollo rural alternativo y economía política de la coca en el Meta 1982-2004, (Bogotá: ASDI UNDP Colombia, 2005). Unidad Administrativa para la Consolidación, Lineamientos de la política nacional de consolidación y reconstrucción territorial (PNCRT) (Bogotá: 14 de enero de 2014).

      Las principales características que se desprenden del proceso informado, son:

      • Con narrativas y énfasis distintos, todas las políticas sobre desarrollo alternativo se han inscrito estructuralmente en la estrategia de reducción de la oferta de drogas. Un elemento común en todas las políticas de desarrollo alternativo (DA) es que han buscado una reducción de áreas de siembras, mediante intervenciones en zonas productoras de materia prima para producir psicoactivos prohibidos. Se trata de una versión nacional de la estrategia internacional del efecto multiplicativo de los precios del mercado de psicoactivos, de modo que acciones para reducir la oferta tengan un impacto al alza sobre precios en los mercados internacionales y de esa manera incidir en la disminución de la demanda.

      • Han sido caracterizadamente políticas de gobierno y no políticas de Estado. En cada nuevo gobierno se han creado contenidos de las políticas de DA que desconocen las decisiones del antecesor; en consecuencia, se crea una nueva institucionalidad que en todos los casos ha dependido de entidades adscritas a la Presidencia de la República. Se puede afirmar que el único intento de continuidad se dio con la política de consolidación del primer período del presidente Santos (2010-2014) frente a la misma estrategia del presidente Álvaro Uribe (2002-2010), pero tuvo una vida efímera. Generalmente, las políticas no parten de un balance riguroso del pasado, sino que desechan las experiencias que podrían aportar lecciones aprendidas que enriquecerían la memoria institucional.

      • Un DA implementado en contextos de conflicto armado. A partir de la caracterización de la economía de la coca como fuente de financiación de la guerra, paulatinamente las decisiones sobre DA se han articulado para impedir el beneficio de la producción por parte de grupos armados o para consolidar el control de territorios, luego de acciones ofensivas de las fuerzas de seguridad. Ese proceso gradual y que cobra su máxima expresión con el Plan Colombia le imprimió características muy particulares en el contexto internacional al DA, ámbito en el cual aparece el papel definitivo de las Fuerzas Armadas y de policía antinarcóticos como actores determinantes en la reducción, tanto de los cultivos de coca, como del control de esos mercados ilegales.

      • La cooperación internacional en DA ha sido fluctuante , y en algunos casos su papel ha sido limitado por las prioridades que se establecen al inscribir el DA como parte del dispositivo contrainsurgente. Los efectos han sido diversos y a veces muy negativos; se destaca la fumigación aérea de programas de DA de entidades como la cooperación alemana (entonces GTZ) o incluso la afectación de proyectos de la cooperación de Estados Unidos (USAID). En este último caso, la injerencia de Estados Unidos no ha sido homogénea, pues ha combinado estrategias inscritas en reducción de la oferta, ha propiciado experiencias de DA como complemento a operaciones contrainsurgentes, al calcular a la vez eventuales procesos de desplazamiento de poblaciones, y, finalmente, ha apoyado experiencias piloto de seguridad para la inversión, con el fin de consolidar las áreas “despejadas”. En la cooperación multilateral se evidencia una constante: su concepto sobre DA ha cobrado una vigencia que continúa hasta hoy, y sus implicaciones institucionales y financieras se han mantenido en una especia de caja negra, con muy pobre información pública y escasa transparencia.

      • Las políticas de DA en Colombia han carecido históricamente de un enfoque de desarrollo rural. Como se ha observado, las políticas han oscilado entre su inscripción antinarcóticos y como parte del dispositivo contrainsurgente, con serias implicaciones frente a los productores, quienes han sido recurrentemente caracterizados como parte de la cadena del narcotráfico y/o como colaboradores de los grupos armados. En consecuencia, los productores han sido implicados en una doble criminalización, que a su vez ha borrado conceptualmente СКАЧАТЬ