Violencias que persisten. Francisco Gutiérrez Sanín

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СКАЧАТЬ descomunal para el PNIS, incluyendo la contratación de abogados para resolver los problemas estimulados por el mismo dispositivo de los acuerdos individuales, dada la casuística de incumplimientos o los enredos de quienes querían estar vinculados y a la vez sacar un provecho particular con maquinaciones.

      El carácter comprensivo de los acuerdos para sustitución impone el desarrollo de procesos complejos que den garantía y sostenibilidad de la relación con la RRI y la Agencia para la Renovación del Territorio. En consecuencia, la Alta Consejería para la Estabilización (ACE) está diseñando procesos de reestructuración que abarcan la totalidad de entidades e instancias contempladas en los acuerdos, para hacerlos extensivos a ámbitos nacionales, como el mismo Plan Nacional de Desarrollo (PND), ministerios clave como Agricultura y Ambiente, planes de desarrollo departamentales y planes municipales de desarrollo.

      No obstante, todo lo enunciado por la ACE se ve asediado por las iniciativas propias de la Fiscalía y el Ministerio de Defensa, que mantienen una línea dominante de uso de la fuerza sin contemplar los límites de su accionar, en concordancia con una política estructural que busca incorporar esta Entidad. Se observa pues la falta de una instancia con toda la capacidad de coordinación interinstitucional en materia de políticas antidrogas, sobre todo en relación con la articulación de políticas frente a los cultivos de uso ilícito y los modelos de seguridad frente al narcotráfico. Dicho de otra manera, entre políticas públicas que partan de un reconocimiento del problema social y económico de base, y acciones que criminalicen tanto a usuarios como a productores.

      Argumentar la continuidad del dispositivo de la sustitución tal como fue diseñado para oponerlo a la fumigación resulta siendo un aplazamiento de la reestructuración institucional que demanda el modelo. El balance debería buscar salir de esa encrucijada y desarrollar apuestas territoriales que comprometan y fortalezcan procesos comunitarios que asuman una responsabilidad frente a los crecimientos de cultivos y procesos de cambio, mediante los planes de desarrollo, tanto productivos como ambientales, en el marco de lo enunciado por la ACE y el espíritu del Acuerdo de Paz sobre los cultivos de uso ilícito. El documento de la Misión para la Transformación del Campo que dirigió José Antonio Ocampo tiene perfectamente los elementos guía para elaborar una estrategia⁴¹.

      Independientemente de los cuestionamientos existentes y en cuanto a la política de Estado, el nuevo Gobierno debe asumir el cumplimiento de los acuerdos que promovió el PNIS, so pena de generar una deslegitimación institucional de gran alcance en zonas de frontera agrícola. En ese sentido, se observa la búsqueda de nuevos contenidos a los dispositivos existentes del modelo de sustitución, como la continuidad del plan de acción inmediata (PAI) familiar que necesita ser innovado con apuestas de mayor alcance territorial y contenidos que fortalezcan los procesos comunitarios en líneas relacionadas entre otras, con la formalización de tierras, proyectos asociativos con mercados sostenibles y turismo de naturaleza.

       Vías de reformulación de la política: oportunidades desaprovechadas

      Existe un fenómeno importante en la caracterización de las áreas de cultivos de uso ilícito en Colombia: el 32 % están concentradas en zonas de resguardos indígenas, en territorios de comunidades negras y en áreas protegidas. Esta situación se expone en la tabla 4.

Tabla 4. Cultivos de coca en zonas protegidas, resguardos indígenas y territorioscolectivos de comunidades negras (2016)

Territorio	Áreas de coca	%
Parques	7873	5,4
Indígenas	15.665	10,73
Negras	23.164	15,87
Total	46.742	32
Área nacional	146.000	100

      Fuente: UNODC Colombia: Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016. (Bogotá: julio de 2017).

      Una de las características de estas zonas es la posibilidad del ejercicio del control social frente a procesos eventuales de erradicación voluntaria, aunque ello implica para algunos territorios preservar y estimular cultivos para usos tradicionales (coca) o elaboración de productos de uso lícito (marihuana, coca y amapola). En general, las comunidades indígenas y negras se quejan de la discriminación y exclusión de sus territorios en el proceso del PNIS, ya que en su caso supone reconocer procedimientos, contenidos e iniciativas que provienen de su condición de pueblos con autonomía, incluyendo el gobierno propio y el respeto a su territorio. A modo de ejemplo, para las comunidades indígenas del norte del Cauca:

      En la implementación de los acuerdos de paz del Gobierno de Santos y la insurgencia de las FARC, no se está respetando el capítulo étnico como parte integral de los acuerdos firmados por las partes, conllevando a la ausencia de garantías de derechos fundamentales de los pueblos étnicos de Colombia.⁴²

      Para estos sectores sociales, el Gobierno se limitó a firmar una serie de acuerdos colectivos, sin que se hubiesen concretado las demandas más sensibles de las comunidades de estos territorios, relacionadas con la consulta previa y la solución a la serie de conflictos que se suscita por la presencia de ocupantes ilegales dentro de sus territorios, el respeto a la autonomía, incluyendo las iniciativas productivas que se diferencian de los modelos asociados con el libre mercado y que son promovidos en el marco del PNIS. Esta es una oportunidad que el Gobierno nacional no supo aprovechar y que hubiese podido constituirse tempranamente en procesos pilotos con control social, por medio del apoyo de sus iniciativas integrales de orden económico, organizativo, cultural y político.

      En el caso de las zonas de reserva forestal (ZRF) y de parques nacionales naturales (PNN), es notoria la ausencia del Ministerio del Ambiente con iniciativas que podrían comprometer a comunidades que ocupan parques y en general áreas protegidas, por medio de diversas iniciativas, como el pago por servicios ambientales, la generación de corredores biológicos con procesos de restauración de bosques, la reconversión de áreas depredadas por ganadería extensiva y la presencia de cultivos de uso ilícito, o iniciativas técnicamente bien formuladas de turismo de naturaleza y cierre de la frontera agrícola.

      Si bien el Ministerio de Ambiente firmó preacuerdos colectivos municipales que inciden en un área de cerca de 24.000 hectáreas, buscando concretar programas de conservación y protección especial, se requería una legislación para adjudicar u otorgar el uso de baldíos en reservas forestales protectorasproductoras, así como de reserva forestal contemplada en la Ley 2 de 1959; no se tuvo éxito en ese intento y, por tanto, se frustró su implementación, ya que sin una precisa delimitación su uso queda indefinido. El punto de las adjudicaciones se sitúa en uno de los ejes del problema agrario y ambiental colombiano, puesto que el modelo centralista que se promueve por parte de las élites políticas busca adjudicar grandes extensiones de tierra a compañías transnacionales para desarrollar iniciativas de monocultivos exportables y/o proyectos minero-energéticos, en detrimento de iniciativas que fortalezcan planes de vida y economías campesinas, o proyectos relacionados directamente con la protección del medio ambiente⁴³.

      En consecuencia, sin un marco legal, institucional y político que busque solución a estos conflictos, resulta inviable una iniciativa que dé cuenta de la importancia del control social en esos territorios y áreas protegidas.

      Dentro del 32 % de áreas correspondiente a territorios colectivos y zonas protegidas, existen diversas experiencias de comunidades campesinas con una larga trayectoria de control territorial e iniciativas integrales que no han contado con el reconocimiento ni el apoyo estatal. A modo de ejemplo, las comunidades del Medio y Bajo Caguán en el departamento amazónico de Caquetá tienen una larga experiencia de intentos locales por forjar procesos de desarrollo sustentable y construcción de paz desde las especificidades de ese territorio, por medio de un proceso organizativo local robusto que les permite ejercer un control social, conciencia ambiental y compromiso en actividades productivas СКАЧАТЬ