Violencias que persisten. Francisco Gutiérrez Sanín

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      Fuente: Policía Nacional de Perú (PNP).

El contraste entre los escenarios externosy los imaginarios y percepciones que fundamentan las decisionessobre drogas en Colombia

      La narrativa que reduce el tema del narcotráfico colombiano al contexto del mercado de Estados Unidos, donde se ha venido elaborando una imagen asociada con una relación casi de subordinación, por medio del suministro de materia prima o cocaína a grupos mexicanos, es simplificadora y errática. Como se ha observado, el mercado mundial de la cocaína abarca más que Estados Unidos y tiene una gran complejidad en su reconfiguración en términos de rutas, redireccionamientos, seguridad y arreglos entre grupos organizados. El carácter problemático de esa narrativa se deriva de las consecuencias políticas importantes que acarrea, una de las cuales es el encubrimiento del papel proactivo y la fortaleza que muestra el crimen organizado dedicado al contrabando de cocaína.

      Esta narrativa alimenta el discurso afirmativo de la guerra contra las drogas, al crear el imaginario de que el narcotráfico estaría en un franco repliegue debido al éxito alcanzado por una supuesta aplicación de la ley. Adicionalmente, ese discurso tiende a negar las especificidades, lo singular, las diferencias y los entrelazamientos complejos del fenómeno de las drogas. Desde el punto de vista de las decisiones, ofrece la seguridad de que sus acciones son correctas y, de este modo, posee y divulga una conciencia tranquila.

      La desaparición artificiosa del narcotráfico transnacional colombiano o su reducción engañosa como simple suministrador de sustancias para un mercado local en las principales ciudades del país, conduce a que la misma Fiscalía General de la Nación (FGN), el órgano judicial competente en Colombia para liderar las investigaciones sobre el tema, carezca prácticamente de unidades de investigación transnacional del calado y cobertura requeridas, a la vez que su accionar se reduce entonces a enfrentar un problema de “amenaza doméstica” centrado en los centros urbanos. En uno de los pocos pronunciamientos sobre el tema, el entonces fiscal Néstor H. Martínez señaló:

      […] el panorama se hace más desalentador cuando se advierte que los mercados de exportación tradicionales para la droga colombiana han disminuido o, cuando menos, han estabilizado sus tasas per capita de consumo. Porque en estos términos, la ecuación se hace cada vez más perversa: aumenta la producción nacional de sustancias psicoactivas, se consume menos en el exterior (sic) y en consecuencia aumentan los inventarios de marihuana y de coca que quedan para el consumo doméstico. Y ahí está el problema.²³

      Ese tipo de diagnósticos conlleva consecuencias en cuanto a las acciones de investigación y ejecución de la política, hoy en desbalance frente al contexto transnacional pues se priorizan en función de un sobredimensionamiento del tráfico en el ámbito nacional, acompasadas con las miradas simplistas por parte de quienes han observado a Colombia solo desde la perspectiva del mercado de drogas de Estados Unidos.

      Agregado a la pérdida de corporeidad del crimen organizado transnacional colombiano²⁴, la presencia del narcotráfico suele asociarse a la existencia de cultivos de uso ilícito, en consecuencia se alientan las cruzadas de erradicación forzosa, que incluyen reclamos de retorno de las fumigaciones aéreas, como lo hace la actual FGN, o se exalta la medición del éxito de la política, incluyendo la sustitución de cultivos a la reducción de áreas de hoja de coca. Mientras tanto, el narcotráfico, como hemos visto, exhibe una fortaleza que se deriva de su capacidad de integración a las nuevas tendencias de los mercados internacionales.

      En síntesis, Colombia carece de una política criminal integral contra el narcotráfico capaz de dar cuenta de las nuevas tendencias globales, de la capacidad de incidencia sobre la institucionalidad para favorecer sus intereses privados, del uso de la infraestructura del comercio legal para garantizar sus exportaciones, del lavado de activos, pero también una política que dé cuenta del uso adecuado de los ingentes recursos incautados²⁵.

      El tema trasciende políticamente en la perspectiva de construcción de paz en Colombia, teniendo en cuenta que el narcotráfico ha sido el principal financiador de la guerra interna, tanto para beneficio de grupos paramilitares como para las guerrillas. El reto del control territorial de zonas con trayectoria de economías y órdenes ilegales por parte del Estado sigue siendo deficitario. Como parte del Acuerdo para el fin del Conflicto, se estableció la concentración de las FARC en zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) lo que implicó el abandono de las FARC de zonas productoras, de transformación y acopio de drogas bajo su influencia por razón de la rebelión. Dada la ausencia de una estrategia de seguridad estatal para estos territorios, se produjo el rápido copamiento de aquellas áreas por parte de estructuras de seguridad del narcotráfico y otras organizaciones que sacan partido de la zona gris en los precarios límites entre legalidad e ilegalidad. De cara al panorama presentado, el nuevo contexto armoniza con la vigencia de un mercado internacional de cocaína en auge, y promisorio en sus perspectivas de demanda y movilidad de rutas y redireccionamientos de gran cobertura global.

      Por otro lado, si la actual política frente a los cultivos de uso ilícito fracasa o se privilegian acciones de fuerza para reducir áreas en el corto plazo, la estructura de mercado transnacional ofrece condiciones óptimas para volver a vincular economías campesinas en crisis o que resulten frustradas de los intentos del programa de sustitución de cultivos.

      En tal sentido, ese panorama favorece la vigencia de las estructuras guerrilleras renuentes al proceso de paz y que se sitúan favorablemente en la geopolítica de la coca/cocaína, como en el caso del Frente Primero de las FARC, ubicado en el núcleo Guaviare-Meta, con incidencia en los departamentos con frontera con Brasil. Esta situación, sumada a la persistencia del conflicto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos con capacidad de ejercicio de la violencia, prolonga factores de inestabilidad a la construcción de paz a escalas local y regional.

      Si la paz se entiende como construcción de Estado en zonas por fuera de su influencia, los caracterizados escenarios de ilegalidad y corrupción del ámbito nacional, más las dinámicas locales territoriales en el mismo sentido, acarrean costos políticos sobre la legitimidad institucional, y estos se observan en la ausencia de una delimitación entre prácticas legales e ilegales que emana de altos responsables de la institucionalidad misma del Estado colombiano.

      A continuación se observan en detalle los problemas más relevantes, asociados con el tratamiento del narcotráfico en el marco del fin del conflicto armado y de la construcción de paz en Colombia.

Principales desafíos a la paz liberal en Colombia:el vínculo de seguridad y desarrollo

Características del problema

      El concepto de paz liberal se ha tomado de la ciencia política²⁶ y metodológicamente podría ser usado como un tipo ideal weberiano. Este concepto se alimenta de las experiencias internacionales sobre conflictos y paz. A mediados de los noventa, el núcleo de su contenido se focalizó en el concepto de democratización y buen gobierno, el respeto por la vigencia de la ley, la promoción y protección a los derechos humanos, el crecimiento de la sociedad civil y el desarrollo de economías de mercado. Más tarde, todos estos elementos han sido contrastados por los más recientes escenarios de guerra y sus impactos, sobre todo de orden regional²⁷.

      Las dinámicas del conflicto y la búsqueda de soluciones en escenarios complejos, especialmente en los involucrados con economías de guerra, han introducido elementos desafiantes a las posibilidades de construcción de paz. El caso colombiano se torna icónico СКАЧАТЬ