Violencias que persisten. Francisco Gutiérrez Sanín

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СКАЧАТЬ hectáreas al 15 de octubre de 2017)¹¹. Sin embargo, hacia abril de 2018, solo 34.000 familias habían recibido apoyo alimentario, las cuales habían informado un total de 30.000 hectáreas de coca, y de esa cifra, la UNODC había podido verificar solo 7000 ha¹². Esto da una idea del nivel de eficacia de la intervención institucional ante la compleja situación de las zonas cocaleras, problema que crece exponencialmente en el intento por resolver prácticamente en un año la sostenibilidad de las decenas de miles de familias con proyectos que garanticen un ingreso cierto una vez terminen las ayudas monetarias, lo que evidencia la gran debilidad institucional y política del Gobierno en su estrategia de sustitución.

      El 25 de junio de 2018, en el marco de la presentación del último informe de la Casa Blanca (ONDCP) en materia de drogas donde se sitúa el comportamiento de Colombia, se precisan los puntos que empieza a demandar Washington para este país, donde aparece de nuevo la sombra de la descertificación como amenaza. En sus cifras, Washington considera que hay 209.000 hectáreas sembradas; es decir, un 11% adicional a lo registrado en el 2016, cuando se estimaba que existían unas 188.000 hectáreas. En consecuencia, la producción potencial de cocaína habría crecido otro 18 %; esto se traduce en 772 toneladas métricas en 2016 a 921 en 2017.

      Bajo esa medición unilateral y sin claridad metodológica para realizarla, Washington considera como causas de la ampliación de cultivos de coca las siguientes:

      • La suspensión de la erradicación aérea hace tres años y la decisión del Gobierno de no erradicar en zonas controladas por las FARC mientras avanzaba el proceso de paz.

      • El bloqueo a la erradicación manual que han adelantado los cocaleros en algunas zonas del país.

      • La transferencia de cultivos a parques naturales y reservas indígenas en las que es más difícil la erradicación.

      El director de la Oficina para Política Antidrogas de Estados Unidos, Jim Carrol, comunicó lo siguiente frente al caso colombiano:

      El mensaje del presidente Trump a Colombia es claro: este crecimiento récord tiene que dar reversa. Pese a que mejoraron los esfuerzos de erradicación, en 2017 estos fueron borrados por el aceleramiento en la producción. Este nuevo incremento es inaceptable y el gobierno debe hacer más.

      De acuerdo con referencias de prensa: “el funcionario de la Casa Blanca dijo que esperaba que Colombia usara todos los métodos a su alcance, entre ellos la aspersión aérea, como estrategia para enfrentar el problema”¹³.

      El ambiente político creado desde Estados Unidos por esta secuencia de acontecimientos potencia las narrativas internas prohibicionistas en Colombia, tanto de sectores políticos, como también institucionales. En el caso del entonces fiscal general de la nación Néstor H. Martínez, se demandó una vuelta a las acciones propias de la guerra contra las drogas, sin que la argumentación fuera contundente en la evidencia. Cuando la aspersión se redujo de 100.548 ha en 2012 a solo 47.503 ha en 2013, la tendencia a la baja de las áreas de coca se consolidó tanto para el año que se fumigó en esa intensidad, como para el año que se redujo a menos de la mitad (2013), al arrojar también 48.000 ha. Incluso en ese mismo período se repitió la paradoja de que en los departamentos en los que más se fumigó el área cocalera, crecieron más los cultivos, y aquellos en los que la aspersión se redujo, su área de coca disminuyó¹⁴. Estas dinámicas obligan a formular preguntas más complejas sobre las tendencias de los cultivos de uso ilícito y los factores aún poco explorados que intervienen en esos procesos.

      Adicional a un escenario tan conflictivo, fue notoria la ausencia de una estrategia internacional del presidente Santos en materia de drogas, que se hubiese podido focalizar en la discusión sobre coca/cocaína; y desde allí, haber promovido aportes desde la academia y centros de investigación para buscar una salida al círculo vicioso de las narrativas que correlacionan sin sustento el incremento de áreas en Colombia y el uso problemático de drogas en Estados Unidos. En ese sentido, y de cara al escenario internacional, se observa la falta de estrategia y de coordinación interinstitucional para enfrentar una presión desde Washington que empezó a hacerse más fuerte a partir de junio de 2018.

       La política de Estados Unidos y su incidencia en Colombia tras una narrativa cuestionable

      Ya en el informe de octubre de 2017 sobre valoración de las amenazas que se derivan del flujo de drogas hacia Estados Unidos, la DEA, con base en cifras de precios, pureza e indicadores de emergencias hospitalarias y muertes por uso de cocaína, llamó la atención frente a una nueva tendencia a partir de 2013 en la disponibilidad de cocaína, a la vez que relacionó todos los indicadores con el incremento de la producción de hoja de coca en Colombia.

      En efecto, desde el punto de vista del comportamiento de los precios, se observa una tendencia a la baja, al pasar de un pico máximo de USD 220 por gramo en 2014, a USD 202 en 2015 y USD 165 en 2016, que lo situó en niveles que se conocieron en 2008 (figura 1).

       Figura 1. Precios en dólares (por gramo) y pureza de cocaína en 2007-2016 en Estados Unidos

      Fuente: DEA, National Drug Threats Assessment 2017.

      Desde el punto de vista de la pureza, esta sube a niveles no alcanzados desde 2007, fenómeno que se observa sostenidamente desde 2013. Por otra parte, desde el punto de vista del uso, se refieren dos indicadores: en primer lugar, cifras sobre demanda en el último año frente a los recién iniciados en el consumo, que muestran una tendencia al alza a partir de 2013, hasta alcanzar niveles por encima de 2007. Por otro lado, los test de orina en sitios de trabajo también reflejan una tendencia al alza, principalmente desde 2013 (figura 2).

      En un escenario más crítico, la DEA, citando cifras del National Center for Health Statistics y el Centers for Disease Control, observa una relación de causalidad entre disponibilidad y casos de mortalidad por intoxicación, que se deriva de usos relacionados con cocaína. Para este indicador, las cifras se elevan de 4404 —el nivel más bajo de la curva desde 2005— a 6784 casos en 2015. La constante de todo ese arsenal estadístico es la correlación directa con el incremento de la producción de coca en Colombia.

       Figura 2. Nuevos usuarios y test de uso de cocaína en Estados Unidos de 2007-2016

      Fuente: elaborado con base en datos de DEA National Drug Threats Assessment, 2017.

       La contrastación

      Usando datos en relación con muertes por sobredosis de drogas en los Estados Unidos de 2000 a 2015 acopiados por el Sistema Nacional de Estadísticas Demográficas (National Vital Statistics System), un grupo de investigadores médicos vinculados con diferentes entidades de salud y planeación de Estados Unidos calculó la tasa anual y el número de muertes totales asociadas con cocaína, y de estas muertes, las asociadas solo con cocaína; es decir, sin ligar su uso con opioides, y aquellas en las que el consumo de cocaína estuvo conectado con el uso de opioides (figura 3).

      Los resultados de este ejercicio son contundentes: la cocaína asociada con muertes por sobredosis ligada con opiáceos se incrementó de 0,37 a 0,91 del 2000 al 2006, y luego declinó a 1,35 en 2010, para incrementarse a 1,36 en el 2015, que es la actual tendencia con características dramáticas.

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