Violencias que persisten. Francisco Gutiérrez Sanín

Чтение книги онлайн.

СКАЧАТЬ relacionado con zonas dependientes de economías de guerra o desafíos asociados con la acumulación de capital en actividades criminales:

      • La dimensión de los cambios en los ámbitos regionales: el principal desafío es transformar realidades dependientes de la economía del narcotráfico y otras fuentes como recursos naturales (minería ilegal, petróleo/gasolina, maderas), las cuales han servido como economías de guerra y como objeto de codicia; así, ha producido transformaciones en los objetivos de muchos grupos en armas. En cualquier caso, son economías criminales que han generado el involucramiento de comunidades excluidas y que históricamente han producido en estas una oportunidad de ingreso.

      • El Acuerdo de Paz generó una oportunidad para reordenar territorios e incorporarlos a los procesos de desarrollo nacional; no obstante, en el encausamiento de ese propósito la concreción del vínculo seguridad/desarrollo es un soporte fundamental.

      • Tanto el desafío socioeconómico como la seguridad responden al grado de concreción política de la paz liberal pretendida y su implementación, lo que demanda procesos relacionados con institucionalidad, legislación, calidad técnica en los procesos de acompañamiento, dinámicas de participación, como quiera que se trata de producir una transformación de realidades complejas.

      El paradigma de la paz liberal tiene la virtud metodológica de desvelar los distintos intereses subyacentes en los procesos de posconflicto, produciendo dilemas desafiantes de cara a las transformaciones socioeconómicas y de seguridad para los territorios implicados en la confrontación y que buscan ser parte de la superación del conflicto. A continuación se pueden observar los elementos clave para valorar esos desafíos.

Los desafíos frente a dinámicas regionales con fuerteincidencia de economías criminales

       Las transformaciones económicas y sociales

      El desafío más importante es cambiar un sistema económico y el afianzamiento de prácticas culturales que han contribuido a producir un tipo de mentalidad, a la generación de procesos específicos de relaciones sociales y finalmente, a maneras de entender y asumir la institucionalidad. Fenómenos que han prevalecido por décadas y han sido el soporte de los procesos de poblamiento de muchas regiones. En consecuencia, no se trata simplemente de sustituir cultivos de coca, marihuana o amapola. De hecho, los productos internos brutos (PIB) locales y regionales dependientes de la ilegalidad y el lavado de activos son significativos, y generan gran parte del ingreso local en escenarios de informalidad y bajo desarrollo. Se trata, también, de una economía transnacional ilegal que incluso involucra a territorios de países fronterizos que han servido de soporte de servicios o de rutas para esas economías. Frente a estos retos, no se observan estrategias para una transformación económica de grandes dimensiones ni se reconocen formas de interdependencia en que se sustenta el carácter regional de esa economía y sus implicaciones.

      Adicionalmente, Colombia ha tenido una larga trayectoria en materia de políticas públicas para la búsqueda de alternativas a la dependencia local y regional de la economía ilegal de la coca. No obstante, resulta preocupante el bajo nivel de racionalización y contraste de esas experiencias, e incluso el menosprecio que se exhibe a la hora de rescatar la memoria de los procesos tanto de elaboración como de implementación de política y que dejan de lado lo que en el lenguaje institucional se denomina “lecciones aprendidas”. Bajo estas consideraciones, observemos qué tipo de resultados dejan los intentos por cambiar realidades locales, considerando como finalidad la sustitución de los cultivos declarados ilícitos.

       Una síntesis de la experiencia histórica del desarrollo alternativo en Colombia

      Para estos territorios asociados con economías dependientes de los mercados de hoja de coca, de la pasta básica de cocaína (PBC) y de presencia de servicios para el tránsito de materia prima ilegal se han llevado a cabo históricamente procesos de desarrollo alternativo (DA), en cuya implementación, a lo largo de 30 años, se pueden observar unas características comunes de esta política. Observemos una síntesis de los principales momentos de esta estrategia, su perfil político, la relación con aspectos estructurales del desarrollo rural y el tipo de institucionalidad por medio de la cual se ejecutó cada política (tabla 3).

Tabla 3. Principales antecedentes (1987-2014) de las políticas de desarrolloalternativo sobre cultivos ilícitos en Colombia

Año	Denominación de la política	Perfil	Relación con desarrollo rural	Institucionalidad y cooperación
1987-1991	Plan maestro que contiene primera política de sustitución, y luego se perfecciona por medio del Programa de Cooperación Especial.	Sustitución gradual de cultivos.	Narrativa alrededor de la sustitución de la coca en unidades productivas sin un enfoque local o regional de desarrollo rural.	Comité de Cafeteros y Ministerio de Agricultura (MA); luego la Oficina de Servicios para Proyectos (OSP) de Naciones Unidas asumió directamente el proyecto.
1991-1994	Programa Especial de Cooperación (PEC)	Continúa el enfoque de sustitución de cultivos hasta 1992, cuando se dio el giro hacia una narrativa de desarrollo alternativo con incidencia de Naciones Unidas.	El Gobierno colombiano introdujo un enfoque de inversiones en sector rural para rehabilitar zonas de conflicto y ganar más legitimidad por medio del Plan Nacional de Rehabilitación (PNR). Proyectos de da pasaron al PNR, pero la OPS sigue conservando control en la ejecución en terreno.	El Gobierno nacional propuso cofinanciación 50/50 del PEC a la OSP, pero hubo presiones para que esta continuara controlando la ejecución. El MA y Planeación Nacional cedieron.
1994-1998 (gobierno Samper)	CONPES crea el Programa Nacional de Desarrollo Alternativo. A pesar de su fracaso, fue la primera vez que se creó una entidad que buscaba manejar nacionalmente el problema.	Desarrollo alternativo como complemento a las acciones de erradicación. Cobró impulso la aspersión aérea, con fuerte presión de Estados Unidos, facilitada por deslegitimación del gobierno central, señalado de ser financiado por narcotráfico.	El programa propuso transacciones individuales de sumas en dinero a cambio de erradicación y generación de ingresos alternativos a corto plazo, sin estrategias de participación comunitaria.	Se crea la entidad Plante, dependiente de Presidencia de la República.
1998-2002 (gobierno Pastrana)	En el 2000 se dio inicio al Plan Colombia, una estrategia contrainsurgente con un perfil antidrogas, que incrementó el poder y frecuencia de las fumigaciones.	Las tareas de erradicación de cultivos ilícitos concentran el conjunto de la política, incluidas las acciones de desarrollo alternativo. Se estimuló la erradicación manual de las comunidades, por medio de pactos colectivos.	Desarrollo alternativo amortigua acciones de erradicación y se focaliza con proyectos a partir de productos sustitutivos de la coca, con erradicación temprana. No hay enfoque de desarrollo rural. Proliferan entidades del nivel nacional, sin coordinación, que intervienen en decisiones sobre coca.	Ingreso de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en desarrollo alternativo. Serias dificultades para hallar contraparte institucional colombiana por déficit en ejecución y СКАЧАТЬ В начало < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > В конец