Violencias que persisten. Francisco Gutiérrez Sanín

Чтение книги онлайн.

СКАЧАТЬ la joyería, los bordados, las artesanías de alta calidad y el turismo, con iniciativas que no rompen los logros en materia ambiental. Este mismo enfoque (livelihood) ha venido siendo propuesto por investigadores conocedores en profundidad del caso del opio en Afganistán²⁹. En general, los productos —solo los de origen agrícola— que han sido adaptados a la sostenibilidad del proceso se inscriben en una variedad de especies de árboles frutales, vegetales, flores, cereales, yerbas de diferentes usos, granos, tés, plantas para reforestación, cafés.

      • Incluso situaciones complejas, como la presencia de migrantes birmanos en la frontera en Chian Mai que cultivaban opio y convertían el asunto en un problema se seguridad nacional, pudieron ser manejadas exitosamente con políticas de acceso a la tierra, por medio de su compra y posterior entrega para uso (comodatos), acompañados de la instalación de un centro de desarrollo, con un manejo integral de investigación, incluyendo manejo de poscosechas y comercialización asegurada; así, se combinaba la producción especializada de hortalizas, con procesos de optimización en su manejo para el acceso a mercados internacionales.

      El éxito del programa se replica en otras áreas de economías campesinas, con el fin de incidir en los indicadores de mejora en la calidad de vida, más que reducir la meta a un problema solo de ingresos monetarios.

      Como resultado, Tailandia logró reducir los niveles de deforestación, preservó ecosistemas estratégicos para la sostenibilidad del proceso, bajó al mínimo la producción de opio y logró afirmar un sentido de pertenencia de sus habitantes de zonas que se mantuvieron muy apartadas de las políticas de desarrollo.

      A modo de síntesis, del proceso en Tailandia se puede observar la siguiente afirmación:

      El rey Bhumibol se dio cuenta [de] que el opio estaba incrementándose principalmente por la extrema pobreza de los campesinos y que la generación de mejores alternativas podría erradicar más efectivamente el opio que lo que lograba el ejército o la policía.³⁰

      Reteniendo esta estrategia validada como tipo ideal, volvamos al caso colombiano para contrastar algunos elementos clave.

       Variaciones de la política de desarrollo alternativo en Colombia en el marco de los diálogos de paz

      Con el diálogo para el fin del conflicto se identificaron algunos problemas clave y vacíos conceptuales que aparecen en la historia del DA. Más allá de criminalizar a los productores, se buscó superar el problema socioeconómico que subyace en la alta dependencia de algunas regiones frente a la economía ilegal de la coca. No obstante, estas pretensiones entran en dinámicas muy problemáticas, en primer lugar, por la estructura institucional de implementación prevista y que terminó reproduciendo los viejos modelos Estado-céntricos y centralistas, por medio de la creación de una instancia que asumió la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos adscrita a la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE)³¹. Si bien el decreto de creación del PNIS demandó un tratamiento de la estrategia de sustitución como política de Estado, en la realidad de hoy, con el gobierno Duque, se ha buscado modificar esa estructura para volverla una vez más una política de gobierno.

      Es decir, Colombia hoy no logra crear una política estatal frente a los cultivos de uso ilícito que garantice procesos de mediano y largo plazo de la forma en que se observó en la política de Tailandia. Los vaivenes políticos de cada cuatro años golpean seriamente las posibilidades de establecer una institucionalidad sólida y competente.

      En segundo lugar, y como consecuencia del reconocimiento socioeconómico y político en el problema de los cultivos de uso ilícito, los acuerdos para el fin del conflicto acertaron en establecer un vínculo entre la creación subsidiaria del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) como componente de una reforma rural integral (RRI) (punto 1 de los acuerdos). Sin duda, la mayor contribución de la nueva caracterización que se incorporó en los acuerdos es el reconocimiento de estar frente a un problema que se deriva de una estructura agraria que, como también lo señala la Misión para la Transformación del Campo, se caracteriza por la excesiva concentración de la tierra, lo cual se convierte en fuente constante de conflictos, muchos de ellos asociados con la expansión de la frontera agraria; esto, a su vez, sigue generando serios problemas ambientales, tanto por la deforestación a la cual ha dado lugar a lo largo y ancho del territorio, como por la ocupación productiva de zonas altas ambientalmente críticas, como los páramos.

      Al mismo tiempo, el largo conflicto interno con organizaciones guerrilleras se agudizó en períodos más recientes por la expansión del paramilitarismo y su fuerte presencia en la vida política en varias regiones, así como por el narcotráfico, que ha financiado y creado nuevas formas de violencia que se han traducido en el despojo de tierras, tanto para beneficio de esas estructuras, como para la élite tradicional con dominio regional e incidencia política nacional. Todo este escenario ha profundizado la brecha social, económica y política entre diversos territorios, entre la ciudad y el campo, lo que ha generado exclusión y marginalidad, incluyendo a la mujer rural³². Sin embargo, la complejidad en la implementación de ese reconocimiento conceptual es gigantesca.

      Por un lado, la apuesta tiene dificultades políticas en el marco de la normatividad para la implementación del Acuerdo, en el que se dilata lo pertinente a la RRI y el trato penal diferencial a productores. Al ser considerado el PNIS como un capítulo de la RRI, en la práctica el accionar del PNIS quedó estructuralmente limitado, dado el poder del sector de la élite que históricamente ha sido renuente a negociar políticas modernizantes para el agro colombiano, y que centraliza la acumulación y concentración de la propiedad de la tierra, situación agravada en los últimos años.

      En términos del índice de Gini (medida que va de 0,0 o igualdad absoluta, hasta 1,0 donde un solo propietario posee todo el activo), en las 1.409.193 unidades de producción agrícola del censo de 2015, el Gini resultó ser de 0,902, el cual indica que la propiedad de la tierra en Colombia está muy próxima a la concentración absoluta³³. La falta de voluntad política del conjunto de la élite, incluida la que negoció el Acuerdo para finalizar el conflicto, se expresa también con el trámite de la llamada Ley Zidres (zonas de interés de desarrollo rural económico y social), que autoriza la concesión de baldíos a empresarios en zonas establecidas por la ley y el aporte de predios bajo diferentes modalidades a proyectos agroindustriales sin ningún límite³⁴.

      El problema mayor radica en que, desde el punto de vista de la estrategia dominante para el sector agropecuario, el modelo agroindustrial de vocación agroexportadora, que implica consolidar grandes extensiones de tierra, se está imponiendo en Colombia. Hoy se sigue la senda de los ajustes legales para mantener o agravar la desigualdad en la distribución de la propiedad e incluso para amnistiar las ilegalidades, a la vez que estas grandes propiedades resultan valorizarse como fruto de las políticas de fomento.

      El proceso de concentración de la tierra se mantiene, aunque ya la propiedad no sea lo único determinante: derechos de uso, concesiones, arrendamiento y otras figuras emergen, y en esa misma línea van las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES) y el Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales (OSPTR).

      En consecuencia, la agricultura campesina no tiene cabida dentro de este escenario, pues el modelo le apuesta exclusivamente a la gran empresa, con un agravante que en el caso colombiano tiene mal sabor histórico: la propiedad de la tierra no se concentra para producir, sino con fines especulativos o de control territorial³⁵. Aquí se configura otra fuerte diferencia con el modelo tailandés de DA, el cual, como lo hemos observado, desarrolló una apuesta estructural por las economías campesinas.

      Adicionalmente, hay otras exigencias que se observan para lograr impactos dentro del acierto teórico, en cuanto a que no era posible que el PNIS se configurase independientemente СКАЧАТЬ