Violencias que persisten. Francisco Gutiérrez Sanín
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СКАЧАТЬ militares, amenazando con la repetición de la ignominia de los llamados “falsos positivos”, política pública que desafortunadamente coincide con el incremento del asesinato de los líderes sociales y de exguerrilleros desarmados y reincorporados (el día que escribo estas frases van 114 asesinados).

      Lo anterior presagia una nueva “adaptación” de estos grupos sucesores del paramilitarismo que, como bien describe Barrera, “[no se debe] aceptar la tesis según la cual estamos ante un fenómeno puramente delincuencial sin contenido político, pues persisten fuertes dinámicas de control territorial y regulación social por parte de varias de estas organizaciones”. Se trata de reglas básicas que son, por supuesto, violentas y que reeditan las prácticas descritas hace tanto por María Victoria Uribe en Matar, rematar y contramatar.

      La promesa que hicimos a la sociedad colombiana el 26 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de construir “una paz estable y duradera” se ve dramáticamente confrontada con el análisis de los profesores Francisco Gutiérrez y María Mónica Parada, quienes demuestran cómo la invitación que hicimos a los líderes sociales a expresarse con mayor libertad, a hacer uso del legítimo derecho a la protesta y a alzar su voz en el posconflicto armado para resolver ahora sí los conflictos sociales a través del diálogo, ha sido ahogada por las balas de grupos violentos cuyos autores intelectuales no son identificados y cuyos asesinatos y atentados terminan cubriéndose con el espeso manto de “bandas criminales asociadas al narcotráfico”, cuando no se achacan a “líos de faldas”.

      Con razón se pregunta Gutiérrez Sanín, por qué mientras “casi todas las modalidades violentas bajaron hasta 2018, la probabilidad de que asesinen a un líder social ha subido sin parar. Algo no cuadra aquí. Mientras que los actores ilegales o los cónyuges furiosos han decidido matar a los líderes sociales, en cambio las otras categorías de colombianos han quedado a cubierto”.

      ¡Está claro que a los líderes los matan por ser líderes! Por hacer parte de un tejido social vivo que se expresa, denuncia y defiende sus derechos. Están desarmados frente a actores armados violentos de todas las orillas, pero cuyos crímenes en todos los casos (incluidos aquellos causados por guerrillas, disidentes, reincidentes y narcotraficantes) son cometidos bajo la mirada o la ausencia de mirada del Estado.

      Sin embargo, y a pesar de esta lista grande de dolores, comparto con los investigadores del IEPRI y con los lectores, la certeza de que la paz en Colombia es posible. Podemos evitar la espiral de las “violencias que persisten”. Me anima la profunda convicción de que el proceso de paz con la guerrilla de las FARC —pensado no para las FARC, sino para todos los colombianos, ese proceso ejemplar para un mundo necesitado de que en alguna parte la paz tenga éxito— ha echado profundas raíces en la sociedad colombiana, y miles, millones de colombianos, están activos en la defensa de la paz posible, en la defensa de una sociedad de derechos y libertades, de una sociedad donde se recupere el valor de la vida y donde, además, sea posible profundizar y radicalizar una democracia en paz.

      El trabajo de los investigadores del IEPRI y la tozudez de investigadores como Francisco Gutiérrez son prueba viva y esperanzadora de que ¡la paz tiene quien la defienda!

      Roy Barreras

      Senador de la República. Copresidente de la Comisión

      de Paz del Congreso de Colombia

      Exnegociador plenipotenciario en el Acuerdo de Paz

      con las guerrillas de las Farc y el ELN

       Economías de guerra en escenarios de posacuerdos:drogas en Colombia y los desafíos de la paz liberal

       Ricardo Vargas Meza

      La producción, transformación y exportación de las drogas declaradas ilegales en Colombia se ha caracterizado por su articulación con la confrontación armada como economía de guerra. Las conversaciones y el acuerdo para poner fin al conflicto entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado colombiano incorporaron el tema, pero su implementación hasta el presente no ha generado, al menos, la estabilización de la economía ilegal; por el contrario, esta sigue creciendo y se comporta como una variable independiente. En los acuerdos se previó un tratamiento diferenciado frente a la historia errática del desarrollo alternativo. Si bien conceptualmente hay avances, se reprodujeron dispositivos y modelos institucionales que repiten esos fracasos. El texto busca explicar esta afirmación y llama la atención sobre la complejidad del escenario de los posacuerdos. Este escenario se ve agravado por la deficiencia institucional, la falta de voluntad política para reformar la estructura agraria, la recomposición del conflicto en manos de organizaciones armadas de origen criminal que prolongan la inestabilidad de territorios dependientes de economías ilegales, a lo cual se agrega la imposición de una lectura sesgada del problema por parte de Washington, que implica volver a los modelos tradicionales de guerra contra las drogas.

      Élites regionales y sectores del Estado central se afianzan por medio de prácticas heredadas del narcotráfico, al desarrollar arreglos que impiden una cultura democrática y encauzar la modernización por una vía autoritaria, a la vez que consolidan códigos propios del patronazgo con una cultura mafiosa. En este escenario de incertidumbre se desenvuelven las expectativas de paz en Colombia.

      El texto se organiza en dos grandes partes: en primer lugar, se presenta una descripción de la actual situación, desde los cambios en la demanda mundial de cocaína hasta el papel de Colombia en ese contexto. Enseguida se aborda el escenario de las relaciones con Estados Unidos frente al tema de las drogas en el período más reciente, y los desafíos que implica el logro de transformaciones razonables, lo que supone una perspectiva nacional del problema. Luego, se da una observación general sobre el mercado internacional de cocaína y se concentra el análisis sobre las preguntas que levanta la nueva geopolítica de las drogas y, dentro de ella, las implicaciones para Colombia, tomando como un caso particular la desconocida situación de Brasil en relación con el suministro de cocaína desde suelo colombiano.

      El segundo gran tema es el complejo vínculo seguridad/desarrollo, el cual ha tenido muy poca atención en Colombia. Se abordan enseguida los desafíos para un cambio de la economía ilegal a partir de una síntesis de la historia del desarrollo alternativo. Como medio de contrastación del caso colombiano, se describe la experiencia de Tailandia en desarrollo alternativo y luego los retos que se propuso el acuerdo para el fin del conflicto de La Habana. Enseguida, se observan los principales problemas del vínculo desarrollo/seguridad a escala conceptual y en la realidad colombiana, con énfasis en el asesinato de líderes sociales. Finalmente, se extraen algunas conclusiones.

      Los datos más recientes relativos a la producción, el tráfico y el consumo de drogas apuntan a una expansión global del mercado de cocaína en el mundo entero.

      Según el último Informe mundial de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas del inglés), el consumo de cocaína parece estar aumentando en los dos principales mercados; a saber: América del Norte y Europa1. La prevalencia del consumo en la población en general y las pruebas realizadas en el entorno laboral indican que el consumo de esa sustancia aumenta en los Estados Unidos (EE. UU.). Según la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la disponibilidad muestra un incremento fuerte entre СКАЧАТЬ