Modelando el emprendimiento social en México. Группа авторов

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      Fuente: Moreno, complementada con información de Green Street y EY México, 2018.

      Las cooperativas pertenecen a una clasificación especial dentro de las organizaciones de la sociedad civil (ver capítulos 3 y 7 de este libro). Puede considerarse que llegan a ubicarse en el sector de actividad económica perteneciente a la economía solidaria (Guadarrama y Girardo, 2008).

      Las cifras oficiales sobre la situación social en México de 2000 a 2010 siguen siendo alarmantes para un sector amplio de la población que vive en condiciones de pobreza y abandono, de modo que la desigualdad es una constante. Este escenario presenta una dicotomía entre crecimiento económico y desarrollo social, lo que vuelve imperativo encontrar soluciones para elevar los niveles de vida de las poblaciones más necesitadas. El cooperativismo es considerado un instrumento de cambio social a favor de la justicia, la libertad y la democracia; se rige por leyes de transparencia, coherencia y rendición de cuentas y es un sistema de organización jurídica cuyo objeto es realizar en forma común un fin social de justicia distributiva y democracia económica.

      Las cooperativas proporcionan educación y formación a los socios, directivos y empleados para que puedan contribuir de manera eficaz al desarrollo de la organización. A la vez que se centran en las necesidades de sus socios, trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus comunidades.

      El presidente Manuel Ávila Camacho da su apoyo al cooperativismo con la creación del Banco Nacional de Fomento Cooperativo, en 1941. En los posteriores regímenes del periodo 1946-1976, el movimiento cooperativista se debilita por la falta de apoyo de los gobiernos. Aunque el cooperativismo no recibió apoyo directo del gobierno encabezado por Echeverría, el movimiento cobró ánimo y el número de cooperativas que se registraron superó a las del gobierno de Cárdenas, esto debido al alto índice de desempleo y a la fuerte crisis económica, lo cual obligó a los trabajadores desempleados a buscar alternativas en el trabajo asociado. El presidente López Portillo (1976-1982) apoyó el movimiento al crear la Comisión Intersectorial de Fomento Cooperativo en 1978. No fue sino al final del gobierno de Carlos Salinas de Gortari que se promulga la Ley General de Sociedades Cooperativas (LGSC), publicada en agosto de 1994.

      De acuerdo con la Ley General de Sociedades Cooperativas (1994), en su artículo 2:

      La sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.

      A pesar de los vaivenes que ha sufrido el movimiento cooperativo en México a través de su historia, una de las formas de reactivación de las economías de los países emergentes es utilizar el cooperativismo para promover su reactivación, aprovechando su experiencia a través del desarrollo del sector social y sus organizaciones. Si se considera que la cooperativa está inmersa en una comunidad con determinadas características socioculturales, su compromiso es identificar las necesidades reales de esa comunidad para que sus objetivos sean compatibles con el sentido de pertenencia, confianza y seguridad de sus socios o agremiados (Inostroza, 1989)

      Es en este contexto que destaca la relevancia de este tipo de organizaciones que, aunque han sufrido una serie de limitaciones tanto legales como políticas, constituyen en sí mismas una forma de organización con un amplio sentido social y una alternativa para sectores tradicionalmente marginados, como por ejemplo las mujeres, minorías étnicas y los desempleados.

      La descentralización y los procesos de democratización siguen abriendo espacios de participación para el sector social representado por las organizaciones de la sociedad civil, pero deberán demostrar mayor capacidad de injerencia en la elaboración de políticas públicas.

      El fortalecimiento institucional es el esfuerzo planificado y realizado de una organización para incrementar su efectividad e impacto social, mejorar su eficiencia, su calidad de gestión y su coherencia organizacional a largo plazo.

      En la actualidad, las agencias de cooperación internacional de los países donantes están preocupadas por dos hechos: i) la disminución de los recursos con un acelerado aumento de organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo; ii) la exigencia de una mayor transparencia y fiscalización en el uso de los recursos y la exigencia de generar indicadores de impacto más claros para dar cuenta de la eficacia del uso de los recursos (Revilla, 2012).

      Las organizaciones de la sociedad civil constituyen una de las tendencias más importantes de la sociedad contemporánea, integradas por una amplia gama de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que están presentes en la vida pública, que expresan los valores de sus miembros y de otros, según consideraciones éticas, culturales, políticas, científicas, religiosas o filantrópicas. Por lo tanto, el término OSC abarca una gran variedad de organizaciones: grupos comunitarios, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, grupos indígenas, organizaciones de caridad, organizaciones religiosas, asociaciones profesionales y fundaciones (Banco Mundial, 2018)

      Un caso sorprendente del funcionamiento exitoso de una cooperativa lo constituye la organización de Tosepan Titataniske, cuyo significado en náhuatl es “unidos venceremos”, que permitió consolidar una visión de empoderamiento en la construcción de un modelo de desarrollo comunitario sin precedentes.

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