Violencias que persisten. Francisco Gutiérrez Sanín

Чтение книги онлайн.

СКАЧАТЬ ocupa el 4.º lugar en asesinatos de líderes, o Córdoba, que a pesar de ser el 5.º lugar en asesinatos, ocupa un 10.º lugar en cultivos de uso ilícito.

      Un estudio del investigador Óscar Alfonso demuestra de manera detallada y a escala municipal, la correlación que según UNODC no existe. Usando una combinación de escenarios entre el asesinato de líderes y el aumento o disminución de áreas de cultivos de uso ilícito, Alfonso llega a los siguientes resultados⁶⁹:

      • Grupo I: lo conforman 22 municipios (el 11,8 %) en los que no hubo homicidios en 2017 y en 2018, aunque el área cultivada aumentó en 4 municipios y en los 18 restantes disminuyó.

      • Grupo II: son 55 municipios (el 29,4 %) en los que hay asociación positiva entre el área sembrada con coca y la tasa de homicidios. Son emblemáticos en este grupo La Montañita (Caquetá) e Ituango (Antioquia). Sin embargo, en Tibú (Norte de Santander) el área sembrada aumentó mucho más, pero la variación en la tasa de homicidios no alcanzó las magnitudes de los dos primeros.

      • Grupo III: pertenecen a este grupo 26 municipios (el 15 %) en los que disminuyó la tasa de homicidios, a pesar del aumento del área cultivada con coca. Casos notables son los de Morelia (Caquetá) y La Playa (Norte de Santander), que contrastan con el de Sardinata (Norte de Santander), donde, con un aumento sustancial en el área de coca, la reducción de la tasa fue un poco más leve.

      • Grupo IV: lo componen 29 municipios (el 15,5 %) en los que la tasa de homicidios decreció simultáneamente con la reducción del área de los cultivos de coca. Un fuerte contraste se presenta entre San José del Palmar (Chocó), Briceño (Antioquia), Mesetas y Uribe (Meta), y Barbacoas (Nariño), donde el cultivo se redujo más que proporcionalmente en relación con los primeros, no así la tasa de homicidios.

      • Grupo V: está conformado por los 55 municipios restantes (el 29,4 %) en los que la reducción del área sembrada se acompañó de un aumento en la tasa de homicidios; el caso más notable es el de Tarazá (Antioquia), seguido de Valdivia (Antioquia) y San José de Ure (Córdoba), que contrastan con la respuesta lenta de las tasas de homicidios en Tumaco (Nariño) y Puerto Asís (Putumayo).

      Una de las dificultades para enfrentar estas dinámicas se relaciona con el tipo de narrativas que se institucionalizan como políticamente correctas, pero que impiden una observación detallada de los complejos contextos en que se insertan estos entramados. En general, dichas narrativas caracterizan el problema, al asumir que:

      • Se trata de grupos criminales que controlan economías ilegales.

      • Están en territorios sin Estado y donde prevalece una cultura de la ilegalidad.

      • Desde el punto de vista de las políticas públicas para estos territorios, y particularmente en relación con las comunidades que lo habitan, la finalidad es que abandonen la ilegalidad y se incluyan en una economía lícita.

      • En ese contexto, se asume que la coca es el motor de la financiación de esos grupos; por tanto, hay que erradicarla, porque amenaza la paz.

      • La erradicación de plantíos suele observarse como la principal política en ese sentido, a lo cual se suma la “sustitución de cultivos”, cuyo éxito se mide fundamentalmente por área erradicada.

      El escenario del miedo fue previsto tempranamente desde que se vislumbró la posibilidad de una solución política al conflicto armado. El copamiento de espacios por parte de grupos armados disidentes de las FARC, la presencia de bandas criminales y estructuras de seguridad del narcotráfico, la ampliación del control territorial por parte de la guerrilla del ELN y del EPL, todos asociados con el manejo de la economía de la coca/cocaína, fueron en general situaciones previsibles que no contaron con análisis rigurosos y dispositivos de seguridad por parte del Estado central⁷⁰.

      Análisis de experiencias de posconflicto a escala internacional (Sierra Leona, Afganistán, Bosnia-Herzegovina) confirman que las economías de guerra que han sostenido estos conflictos han proliferado con profundas inserciones y vínculos de orden político, militar, económico y social, que se expresan en relaciones con grupos étnicos, traficantes de armas, mercenarios y entidades comerciales, cada uno de los cuales pueden tener de hecho intereses en la prolongación del conflicto y la inestabilidad⁷¹.

      A la pregunta estratégica: ¿Qué vacíos se observan en el conocimiento de la relación seguridad/desarrollo en el posconflicto del caso colombiano? se puede responder con la identificación de algunos aspectos clave tanto conceptual como metodológicamente:

      • El carácter de las relaciones de los grupos organizados armados con las comunidades de los territorios bajo su control.

      • Precisiones geopolíticas del control de territorios, no solo asociados con mercados de PBC, sino con presencia de laboratorios de procesamiento, acopio de psicoactivos para la exportación, centros de trasiego internacional, importación y distribución de insumos, rutas de exportación que son el fundamento del relacionamiento con clústeres del narcotráfico que exigen sumas por kilo trasegado.

      • Movimientos de economías diferentes a las drogas, como minería y recursos naturales, contrabando, tráfico de personas, tráfico de armas, control de presupuestos locales.

      • Relaciones funcionales de las estructuras criminales con autoridades locales, políticos, fuerzas de seguridad⁷².

      • Relaciones transnacionales en general y de modo particular en zonas de frontera.

      • Tipo de órdenes o arreglos que configuran el control de la fuerza por parte de estructuras criminales, incluyendo el tipo de relaciones con empresarios.

      • Dinámicas de lavado de activos.

      Como se puede observar en esos ítems, las dinámicas de control criminal van mucho más allá del tema de los cultivos declarados ilícitos. Es un control político militar que en muchos casos incluye acuerdos con representantes del Estado. Esta es la dimensión compleja de la seguridad, frente a lo cual existe un vacío en política criminal. Simbólicamente, se sobredimensiona la acción contra los cultivos de uso ilícito o los mercados locales de drogas para su uso como la quintaesencia de la persecución al narcotráfico. De cualquier manera, la falta de garantías de seguridad y protección por parte de Estado se erige como un obstáculo creciente, el cual denota las falencias de los organismos estatales responsables en el escenario de posacuerdo y del sistema de investigación de la justicia colombiana.

Conclusión general: hacia un nuevo enfoque.Lo legal y lo ilegal en zonas de conflicto

      El fenómeno que se está configurando como nuevos escenarios del posconflicto en diversos territorios demanda una aproximación en la relación entre lo legal e ilegal en zonas con diversas formas de injerencia criminal y/o mafiosa. Hoy prevalece una narrativa Estado-céntrica, en la que el centro representa lo legal frente a la incorporación de un enfoque de “rescate” de población inmersa en la cultura de la ilegalidad.

      Como anota Schultze-Kraft, la caracterización de la criminalidad no puede reducirse a la presencia de elementos externos al Estado, que usan la violencia frecuentemente motivados en la codicia o en la acumulación de riqueza y a los cuales se debe combatir. Generalmente su dominio territorial se fundamenta en procesos de creación de órdenes locales que abarcan relaciones con la representación de lo “estatal” y que permite que haya una continuidad de su poder en la localidad⁷³.

      La relación desarrollo/seguridad se maneja СКАЧАТЬ