Violencias que persisten. Francisco Gutiérrez Sanín

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      Fuente: Indepaz-Marcha Patriótica, “Informe de líderes y defensores de DD. HH. asesinados”, 26 de julio de 2019.

      En primer lugar, la Procuraduría señala que los homicidios de personas relacionadas con el proceso de restitución de tierras comportan aproximadamente un 17 % del total de asesinatos de líderes sociales⁵⁷. Es un porcentaje alarmante si se tiene en cuenta que no incluye las muertes de los defensores de derechos territoriales (DDT) de otros procesos relacionados con conflictos agrarios que no pueden ser tramitados mediante el proceso especial de restitución de tierras, pero que han determinado la historia de violencia en el campo colombiano. El 20 % pertenecían a comunidades cubiertas por algunas órdenes judiciales de protección colectiva, y es aún más preocupante que, del total de DDT étnicos asesinados, el 75 % eran miembros de comunidades que al momento de los homicidios ya tenían ordenadas medidas de protección. Chocó, Córdoba y Nariño son los departamentos que lideran los homicidios en este tipo de escenario⁵⁸.

      En segundo lugar, personas (campesinos, etnias, comunales) relacionadas con PNIS representan entre un 8 % (Comisión Colombiana de Juristas)⁵⁹ y 10 % (Indepaz, Marcha Patriótica)⁶⁰.

      En tercer lugar, y según el Observatorio de Violencia Social y Política de la Misión de Observación Electoral (MOE), del total de acciones o hechos violentos que atentan contra los derechos de estos grupos sociales (amenazas, secuestro, desaparición, atentados y asesinatos), el liderazgo comunal (69 %) y el social (55 %) son los que agrupan el mayor número de asesinatos. Los líderes políticos sufren más amenazas en relación con todos los hechos violentos; el asesinato es del 15 %⁶¹.

      El escenario territorial también se modifica para cada sector. Si se trata de líderes políticos, los hechos victimizantes están presentes, en su orden, en La Guajira, Bogotá, Valle del Cauca y Cauca. Si se toma el conjunto de líderes políticos junto con los sociales y comunales, territorialmente se producen variaciones:

      La MOE llama la atención sobre el alto número de asesinatos ocurridos en los territorios del Postconflicto, equivalente al 69,8 % de los homicidios registrados. Así, pese a que deberían estarse implementando de manera prioritaria programas de inversión en torno a la consolidación de la paz en las regiones con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial–PDET, 12 de estas 16 regiones presentan agresiones en contra de líderes políticos, sociales y comunales.⁶²

      Finalmente, en cuanto a autores materiales, usamos la información de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACDH). Los presuntos autores de estos asesinatos fueron principalmente miembros de organizaciones criminales, entre cuyos integrantes se encuentran posiblemente los expuestos en la tabla 6⁶³.

Tabla 6. Autores materiales en la muerte de líderes sociales en Colombia según la OACDH

Autores materiales	Porcentaje de los casos (%)
Antiguos miembros de estructuras paramilitares desmovilizadas	40
Individuos no afiliados a ningún grupo criminal o grupo armado ilegal	18
Integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN)	8
Integrantes del Ejército Popular de Liberación (EPL)	4
Miembros de la Fuerza Pública	5
Antiguos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) que no se acogieron al proceso de paz	8
Personas por determinar	17

      Fuente: OACDH Situación de los Derechos Humanos en Colombia, Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Consejo de Derechos Humanos 40º Período de Sesiones del 25 de febrero al 22 de marzo de 2019.

      Las cifras son el resultado del análisis de lo sucedido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 sobre asesinatos de defensores de derechos humanos, para un total de 110 casos en el período señalado. Se puede asumir como una muestra representativa de la cual se pueden inferir tendencias y características de la situación.

      Sobre las causas, la OACDH señala lo siguiente:

      Según la información recopilada sobre las posibles motivaciones de estos asesinatos, el 66 % estaría relacionado con la denuncia u oposición al accionar criminal, los efectos de la violencia a niveles endémicos que afecta a la población en general o el apoyo a la implementación del Acuerdo (para el fin del conflicto), y más concretamente la sustitución de los cultivos ilícitos. Se registraron homicidios relacionados con este último motivo en el Cauca y Putumayo.⁶⁴

      La debilidad institucional en la solución de los conflictos de tierras propicia contextos de manejo privado con uso de la violencia. Por solo dar un ejemplo del nivel de respuesta institucional sobre reparación colectiva y sustitución de tierras:

      El ACNUDH observó que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) ha reconocido 634 sujetos de reparación colectiva, de los cuales en solo seis casos (el 0,9 %) ha habido avances significativos en la implementación de los planes de reparación. Respecto a la restitución territorial a sujetos colectivos étnicos, solo se han emitido sentencias de restitución de territorios étnicos en 14 de los 203 casos registrados (es decir, un 6,9%).⁶⁵

      Según datos de la Policía Nacional, en 2018, el 49,5 % de los municipios registró un aumento de la tasa de homicidios respecto a 2017. Como ejemplo de lo anterior se pueden observar los municipios de San José de Uré (Córdoba) y Barrancas (La Guajira), donde la tasa de homicidios creció un 1473 % y un 880 %, respectivamente. La OACDH ha observado que en 2018 el número de masacres aumentó en un 164 % respecto a 2017, al pasar de 11 a 29 casos. En 2018, el mayor número de masacres ocurrieron en Antioquia, el Cauca, Norte de Santander y Caquetá. En los tres primeros de esos departamentos, la ACNUDH ha observado también una mayor incidencia de asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos⁶⁶.

       Asesinato de líderes y narcotráfico

      Tanto sectores políticos que se caracterizan por una actitud distante frente al asesinato de líderes como la UNODC buscan alimentar una narrativa que pretende establecer la responsabilidad de esas muertes en cabeza del narcotráfico, sin un mínimo de precisiones en el primer caso o simplemente con referencias débiles en el segundo⁶⁷. La UNODC parte del supuesto de que lo único que existe en los municipios en los que ocurren los homicidios son cultivos de uso ilícito, e ignora en ellos tanto la estructura de servicios para el narcotráfico como otras actividades económicas ilegales, o problemas de orden social y políticos motivados principalmente en la demanda de acceso a la tierra, tal y como lo señala el informe reseñado de la Procuraduría General de la Nación^68.

      Las cifras que se poseen muestran que no existe esa relación necesaria o tendencia dominante entre asesinato de líderes y economía ilegal de las drogas (tabla 7).

Tabla 7. Correlación entre líderes asesinados desde noviembre de 2016 y 2017, y áreas de cultivos de coca según el censo a 2017

      Fuente: elaboración propia con base en SIMCI. Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2017, Indepaz-Marcha Patriótica, Informe líderes y defensores de DD. HH asesinados al 26 de julio de 2019.

      Los departamentos que ocupan los primeros lugares en asesinato СКАЧАТЬ