Nuevos públicos para las artes escénicas. Andrea Hanna
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Название: Nuevos públicos para las artes escénicas
Автор: Andrea Hanna
Издательство: Bookwire
Жанр: Документальная литература
Серия: SEA (Ser / Estar / Acción)
isbn: 9789874803412
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El contexto chileno. Estructura gubernamental y gestión estatal de la cultura
Chile se rige bajo un gobierno de corte democrático con delimitación e independencia de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). La Constitución Política data de 1980, sin embargo algunas leyes le han introducido reformas. El 17 de septiembre de 2005 se dictó el Decreto Supremo Nº 100 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la Republica de Chile9.
En las décadas previas a los años 70, la organización política y social de Chile estuvo caracterizada por el protagónico papel que desempeñó el Estado. En el plano cultural, la gestión estatal estuvo fuertemente vinculada a la idea de desarrollo de la sociedad, anclado en lo económico y lo social con un modelo integrado de cultura y desarrollo. Es decir, se trataba de un modelo en el cual a mayor desarrollo económico y social se correspondería mayor desarrollo de la cultura. En este contexto, las políticas culturales eran vistas como una extensión de las socioeconómicas y estaban al servicio del desarrollo global del país. De este modo, la principal promoción que realizaba el Estado era en relación a los servicios de educación y difusión de valores culturales homogéneos tendientes a generar una idea de nación.
Durante la dictadura, según lo expresa Bastías Sekulovic, el modelo neoliberal desplazó la cultura desde el ámbito político al económico. Se producen así “los primeros acercamientos de la cultura y el mercado, proceso que implica el nacimiento de circuitos de comercialización de las obras, diversificación de la producción para satisfacer demandas segmentadas, el uso generalizado de la publicidad, etc.” (2008, p. 18).
A partir del retorno a la democracia, a principios de los 90, el tema de la cultura vuelve a ser parte de la agenda de gobierno. Prueba de ello es la sanción de la Ley Nº 18956, promulgada el 22 de febrero de 1990, que reestructura el Ministerio de Educación Pública y, en su artículo 9º, crea la División de Extensión Cultural y detalla las competencias de la misma. Por otra parte, se crearon fondos de incentivo, dotación de infraestructura cultural y focalización en el público como una forma de ampliar la difusión y acceso a las creaciones artísticas y culturales.
6 Boletín Informativo del Laboratorio de Industrias Culturales. Año 4 N° 18, Julio, 2009. http://Www.Sinca.Gob.Ar/Archivos/Documentacion/Investigaciones/Click4-18-Institucionalidad_Cultural.Pdf. Recuperado el 31/12/2016, y Harvey, E. (1977). La política cultural en Argentina. UNESCO.
7 “… primer organismo del Estado Argentino que toma el nombre ‘cultura’ en su denominación, según consta en las Memorias del Ministerio de Hacienda”. SINCA (2009), p. 3.
8 En 2018 fue degradado a Secretaría de Gobierno de Cultura dentro del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
9 http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302. Recuperado el 30/12/2016.
5. Políticas públicas. Evolución normativa en Argentina y Chile
Si bien el detalle de alcance y objeto de los organismos que implementan las políticas culturales de difusión y fomento de las artes escénicas está disponible en el Anexo, se incluye el siguiente gráfico por entender que ofrece una completa visualización de la evolución de las normas a partir de las cuales en Argentina y Chile10 se implementan las políticas públicas que interesan al presente trabajo.
Fuente: Elaboración propia.
Políticas públicas en cultura
El 30 de enero de 1959, en Argentina se promulga la Ley Nº 14800 que declara de interés nacional la actividad teatral y establece que, en los casos de demolición de salas teatrales, el propietario de la finca tendrá la obligación de construir en el nuevo edificio un ambiente teatral de características semejantes a las de la sala demolida.
El Boletín Informativo del Laboratorio de Industrias Culturales de julio de 2009 destaca que en los años 90, en la mayoría de los estados latinoamericanos el concepto de diversidad cultural alcanzaba reconocimiento mientras se vivía una profunda crisis monetaria y la implantación de un nuevo modelo económico. El Consenso de Washington determinaba que los modelos basados en la protección a la industria habían perdido vigencia y, por lo tanto, debía reestructurarse el Estado y brindarle mayor libertad al mercado. Lo que parecía un avance en materia cultural tropezaba con un conjunto de reformas estatales tendientes a reducir el Estado en nombre de la libertad de mercado (privatización de las empresas y servicios públicos). Entonces, por un lado, las constituciones proclamaban la diversidad y la importancia de la cultura y, por el otro, aquella institucionalidad que debía garantizar el desarrollo cultural y hacer efectivo el principio de la diversidad y de los derechos que de ella se derivan, se debilitó cada vez más11.
Planteado este panorama, habrá que centrarse en la definición de las políticas públicas del ámbito de la cultura, en lo específico de las ciudades donde se desarrollan los casos que importan a esta investigación: CABA12 y Santiago de Chile13.
En el año 1994, la Convención Constituyente reformó la Constitución nacional que en su artículo 129 estableció un régimen de gobierno autónomo para la ciudad de Buenos Aires que está organizado a través de tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Por su magnitud y diversidad en la oferta cultural, CABA es considerada una de las tres ciudades con mayor desarrollo cultural junto a Nueva York y Londres.
Lo primero que se destaca es que, a nivel nacional, Argentina no cuenta aún con una ley específica de cultura. En CABA, durante la gestión de Jorge Telerman, a cargo de la entonces Secretaría de Cultura, fue presentado el Plan Estratégico de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires que, según lo expresa una nota publicada el 31/5/2001 por el diario Clarín14, intentaba desterrar la sentencia de que en Argentina las políticas públicas se manejaban a corto plazo por cuanto cada funcionario que asumía barría con lo malo pero también con lo bueno hecho por su antecesor. Según la información relevada para este libro durante el período que importa a esta investigación, a excepción de las partidas presupuestarias asignadas al área de cultura, recién en el año 2012 CABA publica en su sitio web el Programa General de Acción y Plan de Inversiones15 (bianual) conjuntamente con el Presupuesto del año para el Ministerio de Cultura. Con relación a los públicos, solo los menciona cuando señala que el programa contempla “nuevas estrategias para incorporar nuevos públicos al consumo cultural”.
Respecto de las políticas culturales del país trasandino, en el año 1992 se crea el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (FONDART) y en 2003, mediante la Ley 19891, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) con la intención de asegurar una coordinación permanente entre todos los organismos del Estado chileno que tenían incidencia en materias culturales.
Con este marco surge el primer documento que se dio en llamar Chile quiere más Cultura16 que estableció los lineamientos de política cultural para el período 2005-2010. La elaboración de dicho documento “comprometió la participación de los trece Consejos Regionales y de los Comités Consultivos locales, consagró como ‘política cultural’ del Estado chileno a nueve principios ordenadores, cuatro líneas estratégicas, diez objetivos centrales y 52 medidas específicas” (Antoine, 2012, p. 6).
A través del CNCA, el Estado chileno delineó las políticas culturales para el período 2011-2016, articulándolas en torno a tres ejes:
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