Nuevos públicos para las artes escénicas. Andrea Hanna

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СКАЧАТЬ adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm

      3 Art. Nº 13: Toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos. http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp

      4 El desarrollo humano es la expansión de las libertades de las personas para llevar una vida prolongada, saludable y creativa; conseguir las metas que consideran valiosas y participar activamente en darle forma al desarrollo de manera equitativa y sostenible en un planeta compartido. Las personas son a la vez beneficiarias y agentes motivadores del desarrollo humano, como individuos y colectivamente (Maraña, 2010).

      5 La Ley 21045 crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que, reglamentado por el Decreto con Fuerza de Ley (DFL) N° 35 entró en vigencia el 1° de marzo de 2018. https://www.cultura.gob.cl/ministerio/

      2. Concepto de Políticas Públicas

      El objetivo de toda política pública apunta a la resolución de un problema público que previamente fue reconocido como tal por la agenda gubernamental. Así pues, la política pública busca dar respuesta desde el sistema político-administrativo a una situación de la realidad social que fue políticamente catalogada como problemática.

      Una acción pública es el resultado del intercambio entre las autoridades político-administrativas y los grupos sociales que motivan y/o sufren los efectos negativos de un determinado problema colectivo. Esta interacción puede producirse tanto a nivel de aspectos conceptuales y sustantivos (definición del contenido de la política pública), como en lo referente a los aspectos operativos o de forma (procedimientos, organización) en la que se implementa.

      Las Constituciones Nacionales, dado el principio de la jerarquía normativa, establecen las reglas primordiales que deberán aplicarse a todas las políticas públicas. Asimismo, estas reglas ejercerán una influencia directa sobre el nivel de acceso que un determinado actor tendrá, tanto al espacio de la política pública de que se trate como al tipo de recursos que podrá utilizar.

      El concepto de políticas públicas fue evolucionando a partir de trabajos de diferentes escuelas de pensamiento que muchas veces se presentan como diametralmente opuestas. Sin embargo, instalaron la idea de que el Estado integra un sistema político administrativo complejo y heterogéneo, cuyo funcionamiento es necesario entender. Se trata de analizar qué hacen los gobiernos, cómo y por qué lo hacen y qué efecto produce.

      Ahora bien, cabe preguntarse qué tipo de elementos son los que conforman una política pública; de qué tipo de recursos pueden valerse los distintos actores para influir tanto en el contenido como en el proceso de una política pública; y, desde el punto de vista de la planificación, si existen reglas institucionales que incidan en instancias como la definición del problema a resolver por la política pública, la programación de la misma, su implementación, y finalmente el momento de la evaluación o control.

      Se incluyen aquí, como respuesta esquemática y breve, dos gráficos del trabajo de Subirats, Knoepfel, Larrue y Varonne que se consideran suficientemente demostrativos.

      Etapas y producto de una política pública (Postulado Nº 1)

      Fuente: Subirats, Knoepfel, Larrue y Varonne (2001, p. 130).

      Definiciones sobre política pública hay muchas, pero tomaremos aquella que contempla los principales elementos sobre los que existe un cierto consenso en la bibliografía postulando que una política pública se definiría como “… una serie de decisiones o de acciones, intencionalmente coherentes, tomadas por diferentes actores, públicos y a veces no públicos, cuyos recursos, nexos institucionales e intereses varían a fin de resolver de manera puntual un problema políticamente definido como colectivo” (2008, p. 38).

      Definición de una política pública

      Fuente: Subirats, Knoepfel, Larrue y Varonne (2001, p. 44).

      Esta noción de política pública reúne las acciones tanto normativas como administrativas que procuran mejorar los problemas reales y alcanzar los efectos deseados de un conjunto de decisiones complejas. Concentra las decisiones correspondientes a todas y cada una de las etapas de la acción pública e incluye tanto reglas generales y abstractas (leyes, decretos, etc.), como actos individuales y concretos producidos durante la ejecución de las mismas (decisiones administrativas, autorizaciones, subvenciones, etc.). A partir del resultado que arroje la evaluación de las políticas públicas, se presentan tres posibles opciones: “su continuidad o mantenimiento, su modificación o sucesión, y su finalización, decisión que significa el re-inicio de los procesos” (Pallarés, 1988).

      3. Las políticas culturales

      Según F. Antoine y S. Brablec (2011), las políticas culturales tuvieron su inicio cuando el gobierno de Grecia asumió la responsabilidad de favorecer ciertas prácticas artísticas y/o deportivas entre la población de las ciudades-estado. Los autores aclaran que si bien existen antecedentes de bibliotecas en los pueblos egipcios, sitúan en Grecia el inicio de una preocupación más estructural por los asuntos culturales de la ciudad-estado.

      El surgimiento de los derechos culturales se fundamenta en la igualdad de todos los seres humanos, de donde se derivan la promoción de la libertad cultural, la protección de la memoria y de la identidad cultural, el respeto por la diferencia, el compromiso con la democracia y el estímulo de la creatividad, etc., aspectos todos considerados indispensables en la búsqueda de un desarrollo integral y pleno de las comunidades, basado en una convivencia pacífica entre los pueblos. Por lo tanto las políticas culturales serán aquellas decisiones que el Estado toma y traduce en acciones que implementa a través de los instrumentos burocráticos que correspondan para favorecer el desarrollo cultural. En su rol de velador de los derechos de todos los ciudadanos, el Estado deberá articular políticas que involucren a los organismos de cultura y educación (García Canclini, 1987; Olmos, 2008; Margulis, Urresti y Lewin, 2014).

      Según el informe producido por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) en 2010, la desigualdad social aparece como una marca homogénea en América Latina y la atribuye al fracaso histórico del Estado en lo que se refiere a la construcción de políticas públicas capaces de combatir las disparidades socioeconómicas y mejorar el acceso y la calidad de los servicios públicos. El mismo informe también señala que, si bien hubo avances en las políticas sociales y en la descentralización de la administración pública iberoamericana, los funcionarios responsables de la implementación de las políticas adquirieron mayor jerarquía, pero esto no ha sido acompañado –hasta el momento– por una inversión en su cualificación. Por ello, advierte sobre la necesidad de mejorar la interrelación entre formulación y ejecución de las políticas públicas.

      El gráfico que se incluye a continuación representa las políticas públicas como un ciclo que comienza con el surgimiento de los problemas y se extiende hasta la evaluación de los resultados.

      Fuente: Subirats, Knoepfel, Larrue y Varonne (2001, p. 43).

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