Principios, valores e instituciones. Arturo Fermandois Vöhringer

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СКАЧАТЬ la libertad y la igualdad son especies de deber ser, de bienes que fluyen de aquella forzosidad intrínseca de los valores. Consecuentemente, Millas finalizó afirmando que el fundamento último del orden jurídico es axiológico, pues el derecho es, en sí mismo, un sistema de valores que, además, sirve de medio para realizar los otros valores recién aludidos y muchos más¹⁴.

      El sufrimiento es una escuela indiscutible e insuperable de perfeccionamiento humano. Por eso, digo que fueron necesarios testimonios masivos de atrocidades para concluir, setenta años atrás y después, que es menester terminar con la sospecha, según la cual toda regla moral encubre un afán de dominio de unos seres humanos sobre sus semejantes, sean personas, grupos, etnias, naciones¹⁵ y en el presente, la comunidad internacional. Imperativo es reconocer que fueron las penurias inhumanas padecidas bajo dictaduras y totalitarismos las que forjaron la conciencia, primero en líderes esclarecidos, que la moral no es un asunto única ni principalmente privado; que ella es inseparable de la política, de la economía, de la sociología y del derecho; que el nihilismo, es decir, que todo da lo mismo con sujeción a una autonomía individual que no acepta deberes ni reconoce valores como el de la solidaridad, es inconciliable con el despliegue de la personalidad de cada cual en ambientes compartidos de certidumbre y confianza, aunque sean mínimas.

      Grandes guerras, fueran mundiales y regionales o internas, esto es, civiles; revoluciones y contra revoluciones singularizadas por la violencia con miseria espiritual y física; arbitrariedades, angustias y discriminaciones; en fin, trastornos mentales masivos, evidenciados desde la infancia, y otros males semejantes impusieron, finalmente, el reconocimiento de la dignidad humana¹⁶ con el rango de valor supremo, derivado de la cual se garantizan los derechos y deberes que emanan de ella¹⁷.

      Pienso que ese fue el reencuentro de la civilización contemporánea con las proclamaciones humanistas de Estados Unidos en julio de 1776 y de la Revolución Francesa en el mismo mes de 1789. Hallamos también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diciembre de 1948 la resonancia nítida y actualizada de esa reentronización del humanismo lastrado, eso sí, por el positivismo formalista que resiste independizarse del Estado como fuente del derecho.

       III. NUEVO CONSTITUCIONALISMO

      Testimonios de la fe que los líderes tuvieron en el derecho; de la esperanza cierta que ellos sintieron en la potencialidad de sus valores, principios y normas cuando son rectamente concebidos, interpretados y ejecutados fue la restauración del imperio de los límites que el ordenamiento traza al poder para que sea juiciosa, controlada y responsablemente ejercido.

      Así en las Constituciones de Italia (1947), Alemania Federal (1949), Francia (1958) y España (1978), sucesivamente, hallamos positivizados aquellos valores. Esas Constituciones se erigen en claves del nuevo constitucionalismo vivido en democracia. Marcan ellas la naturaleza y finalidad del Estado de nuestra época y de las relaciones internacionales regidas por tratados elaborados, precisamente, para forjar un mundo centrado en la dignidad, los derechos y deberes, en fin, las garantías o defensas ya aludidos.

      La influencia del nuevo constitucionalismo democrático va siendo asimilada en otros países, incluido Chile en su proceso de treinta y seis reformas a la Carta Fundamental de 1980¹⁸.

      Vivimos el tiempo de la Constitución de Valores, como la llamó Antonio Baldassarre¹⁹, Presidente Emérito de la Corte Constitucional de Italia. Tal es el más reciente modelo de Constitución, aunque paradojalmente puede afirmarse que es, también, el más antiguo de los paradigmas constitucionales. Suficiente resulta para demostrar esta tesis recordar la tipología de los gobiernos, buenos y malos, explicada en el libro La Política de Aristóteles más de 2.300 años atrás; o los escritos de Cicerón en La República; las enseñanzas de John Locke sobre los regímenes despóticos y las insurrecciones que provocan; o la virtud, de la cual Montesquieu hizo el rasgo esencial del gobierno legítimo.

      La Constitución de Valores entroniza a la persona humana, con su dignidad y atributos esenciales, en la jerarquía del valor máximo de la civilización. El Estado debe servir ese valor, el cual se impone igualmente al prójimo, sea en cuanto individuo o asociado. En el despliegue del mismo valor va creciendo el cúmulo de los atributos esenciales, transitando de los derechos subjetivos a los del ciudadano para arribar a los derechos sociales, o de segunda generación, cuya realización, paulatina y progresiva, es un testimonio ético de progreso en la calidad de la convivencia para el bien de todos, sin discriminaciones.

      Los principios de subsidiaridad y solidaridad, concretados en el esfuerzo conjunto y armónico del Estado y de la Sociedad Civil, impulsan la asunción de nuevos desafíos vinculados al bien común. Este es, sin duda, un valor y de la mayor amplitud y transcendencia.

      La Constitución de Valores impone al Estado enfrentar, con leyes y otras medidas, los enormes tropiezos que padecemos en el camino hacia el buen gobierno. Me refiero a la injusta distribución de la renta nacional, con miseria, pobreza y marginalidad que provoca envidias, odiosidades y resentimientos.

      La Constitución de Valores exige al Estado erradicar la corrupción, patente en los conflictos de intereses, en el cohecho, el soborno, la opacidad o falta de transparencia en las decisiones públicas, la manipulación por gobernantes que victimiza a la ciudadanía, en fin, la evasión y la elución tributaria.

      La Constitución de Valores compele a los órganos del Estado a que adopten medidas eficaces para que sean estrictamente respetados los principios éticos que regulan las decisiones de los servidores públicos, trátese de gobernantes, parlamentarios, jueces, fiscales, jerarcas o funcionarios administrativos.

      La Constitución de Valores demanda que el Estado fomente la filantropía y el mecenazgo de los particulares en su contribución al bien colectivo.

      La Constitución de Valores presupone que el Estado y la Sociedad Civil eduquen en la formación cívica, desde la infancia, inculcando el sentido y el compromiso con la solidaridad, el sacrificio, el cumplimiento de los deberes, la abnegación, el respeto, la tolerancia y la honestidad.

      En fin, la Constitución de Valores reconoce, con el rango de excepcionalmente elevado y trascendental, la incidencia de la ética en el origen de la vida, su curso, desarrollo y extinción, es decir, la bioética, desde la concepción hasta la muerte natural, tornando inexcusables e ilegítimos los resquicios que buscan quebrantarla²⁰.

       IV. HERMENÉUTICA AXIOLÓGICA

      En la consumación de la Constitución de Valores desempeñan roles esenciales los jueces, primordialmente los de índole constitucional. Lo hacen así para honrar numerosos postulados de esa especie de Carta Fundamental. De ellos aquí subrayo solo tres: primero, la vigilancia del principio de supremacía con respecto al legislador; segundo, la irradiación de esa axiología a todo el ordenamiento jurídico; y tercero, la interpretación del derecho desde la Constitución y para volver a ella, nunca a partir de la ley ni menos subordinando el Código Político a lo dispuesto en preceptos legales. Todos esos postulados denotan que en la Carta Suprema se halla condensado el mejor derecho, el de más rango y mejor calidad en relación con el humanismo que hemos realzado.

      Me preocupa hallar no pocos pronunciamientos contrarios a la Constitución de Valores, en Chile y el derecho comparado²¹. ¿Qué razones pueden explicar tal escepticismo o, más todavía, la hostilidad hacia ese concepto? Retorno, en respuesta, a lo que dije minutos atrás apuntando al positivismo formalista, hoy y afortunadamente en declive ostensible y al recelo de quienes creen que los valores son una vía para imponer, desde el iusnaturalismo católico una cosmovisión política y jurídica СКАЧАТЬ