Violencias que persisten. Francisco Gutiérrez Sanín

Чтение книги онлайн.

СКАЧАТЬ de lo legal e ilegal, y asumir la responsabilidad del Estado y su institucionalidad en el empoderamiento de las élites como resultado de la pervivencia de las actividades criminales es una prioridad política. En ese contexto se configura un uso de la violencia de protección para negocios que se alimentan de la ilegalidad donde se observa una alianza entre la esfera de la política y las fuerzas de seguridad, pero que más allá de un trato individualizado de “corrupción” se torna una auténtica matriz al servicio de la producción de un orden social⁷⁴. La permanencia de los arreglos regionales implica la continuidad del uso privado de la violencia o el ejercicio de una violencia de protección donde se evita la aplicación de la ley, todo lo cual se enmarca en un control territorial desde una zona gris, lo que bloquea las posibilidades del desarrollo democrático para las comunidades. Por su parte, bloquear las opciones de desarrollo para las comunidades implica propiciar la continuidad de su incorporación a las actividades criminales.

      A este escenario, ya de por sí desafiante, se agregan los déficits en la política pública para la implementación de acuerdos de fin del conflicto y para los procesos de construcción de paz con fuerza estratégica para su sostenibilidad.

      Ideas como el cierre de la frontera agrícola, la promoción de una inserción en lo legal con oportunidades para comunidades social y económicamente excluidas, entre otras alternativas al fin del conflicto, no obedecen a acciones voluntaristas, sino a procesos de construcción territorial de paz que deben fundarse en la vigencia de una cultura democrática que entiende y acepta la vigencia de la ley y un orden institucional. Mientras esto no sea posible, ahí está la vigencia de la informalidad y/o la ilegalidad como opción de subsistencia. De este modo se afianza la permanencia del productor local en un umbral que da vigencia a soluciones pragmáticas para sortear sus ingresos para la subsistencia, dado que la institucionalidad vigente no logra entender y procurar su integración al orden legal. La continuidad de una política antidrogas basada en la criminalización y uso de la fuerza estimula este escenario.

      Las nuevas tendencias que se observan en las relaciones bilaterales con Estados Unidos en materia de seguridad contribuyen a afianzar de nuevo las drogas como su referente más importante, por medio de narrativas que niegan la evidencia científica y sobreponen agendas que imponen lecturas unilaterales al uso problemático de drogas. Allí mismo se ocultan las responsabilidades de Washington en materia de políticas preventivas frente a la epidemia de las drogas sintéticas, principalmente opioides, que están generando una mortandad de usuarios, entre los cuales se suman los que usan cocaína con los psicoactivos producidos tanto en laboratorios en Estados Unidos, como los que proceden de manera alarmante de China directamente o a través de México. Cuando Colombia acepta la injerencia de Estados Unidos en esa perspectiva, se contribuye a abrir otro frente de obstáculos serio en relación con la implementación del Acuerdo para finalizar el conflicto. Mucho más en relación con la construcción de paz.

      Experiencias de DA consideradas como exitosas a escala internacional, usadas como referentes de contrastación del caso colombiano, son útiles para comprender los déficits de institucionalidad y de ausencia de enfoques realistas de las políticas sobre cultivos de uso ilícito. El condicionamiento de la erradicación previa de los cultivos para procesar psicoactivos de origen natural, inscrita en el dominio de la estrategia de reducción de la oferta de drogas, resulta altamente contraproducente, porque encauza las metas de éxito hacia cifras de disminución de áreas, desconociendo los esfuerzos para generar procesos sostenibles de desarrollo o planes de vida que garantizan ganancias culturales, percepción positiva y construcción de la calidad de vida (livelihood) en los territorios.

      El afán inmediatista de reducir áreas conduce a situaciones delirantes que oscilan entre un uso del desarrollo alternativo como instrumento para la erradicación o, en su defecto, la radicalización en el retorno de las aspersiones, con tóxicos que destruyen suelos, medio ambiente y la vida en general de los territorios. Todo eso sin que se logre la finalidad propuesta, pues el uso reiterado de estas técnicas simplemente amortigua el problema, y coadyuva en la reproducción de inercias, sin que se afecten las causas estructurales. Como lo señala un analista, este escenario es la reproducción permanente del mito de Sísifo⁷⁵, quien por su reconocido ingenio para eludir la voluntad de los dioses fue destinado a remontar una pesada roca hasta una cima empinada del Tártaro, y una vez allí, la gran piedra rodaba, y todo recomenzaba.

      A ese contexto se suma el espacio político que en el ámbito nacional reclaman los sectores con una visión de paz, como prevalencia del principio de autoridad y del uso de la fuerza —enfoque hiperconservador de la paz liberal, a quienes se suman los negacionistas del conflicto armado y que hoy controlan el poder político gubernamental—, en cuyo horizonte aparece un modelo de sometimiento a la justicia para las guerrillas y una promoción de procesos de intervención en zonas de conflicto, sin que medien fases de transición a través de un enfoque territorial de paz. Para estas áreas se alienta que simplemente se incorporen a dinámicas de inversión para la extracción minera y energética, o allanen el camino de nuevo a los cultivos de plantación del modelo de consolidación, y que son presentados como desarrollo alternativo, en el que unas pocas familias campesinas accederían a ser suministradores de materia prima en un modelo de agronegocios excluyente, concentrador de la riqueza y generador de desplazamiento forzoso.

      En este sentido, Colombia puede repetir las traumáticas situaciones en escenarios de posconflicto, como en los casos de Ruanda, Bosnia o Timor Oriental, donde la paz liberal es fuertemente contrastada por la inadecuada atención a la institucionalidad y su rol en una democratización exitosa; la reforma rural y el acceso a los mercados; el reconocimiento y manejo de las tensiones y contradicciones dentro y entre las diferentes metas de la construcción de paz; la deficiente coordinación interinstitucional; la falta de recursos o presencia de corrupción en su manejo; la falta de voluntad política para mantener el curso de la paz, y, finalmente, la desidia en el conocimiento detallado de las condiciones y los procesos locales para garantizar tratamientos específicos sostenibles⁷⁶.

      El proceso de paz en Colombia necesita más sociedad civil organizada y menos Estado-centrismo. En consecuencia, demanda más oportunidades para las comunidades organizadas, de forma que se facilite su intervención directa en concertación con el Estado. Para ello, se deben fortalecer procesos locales y regionales de desarrollo, con base en procesos participativos de planeación que deben involucrar al conjunto de entidades privadas y públicas con poder de decisión en esos niveles. Se debe rescatar un tratamiento de política económica que favorezca las economías campesinas y las apuestas socioeconómicas y culturales en territorios colectivos y resguardos indígenas, a la vez que se apoyen iniciativas de protección y uso razonable del medio ambiente.

Referencias

      Agenda comunitaria del núcleo campesino n.° 2. Cartagena del Chairá, junio de 2017.

      Alfonso, Oscar “Homicidios y coca: ¿hay una relación? En Razón pública, agosto 12 de 2019. https://razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/12187-homicidios-y-coca-hay-una-relacion.html

      Álvarez, Eduardo, Ma. Victoria Llorente, Andrés Cajiao y Juan C. Garzón. “Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición”. FIP, Informe 27, julio de 2017.

      Brombacher, Daniel y Jan Westerbarkei. “From alternative development to sustainable development: The role of development within the global drug control regime”. Journal of Illicit Economies and Development, 1, n.° 1 (2019): 89-98. DOI: https://doi.org/10.31389/jied.12.

      “Cinco años para reducir en 50 % cultivos de coca en Colombia”. El Tiempo, 1 de marzo de 2018. http://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/cinco-anos-para-reducir-en-50-cultivos-de-coca-188864

СКАЧАТЬ