El precio de la democracia. Julia Cage

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СКАЧАТЬ recibir cuotas de sus miembros,¹¹ pero no estaban autorizados a recibir donaciones ni herencias (ese privilegio estaba reservado a las asociaciones de “reconocida utilidad pública”). Oficialmente al menos, aunque los gastos de los candidatos en las campañas electorales no estaban limitados por la ley, sí lo estaban por la relativa “pobreza” de los partidos, que, en el papel, debían conformarse con las exiguas contribuciones de sus militantes. Exiguas excepto para el Partido Comunista —y, en menor medida, para el Partido Socialista—, de recursos relativamente abundantes gracias a sus numerosos miembros (con cuotas fijas de 1% de sus ingresos), y gracias también a las contribuciones de los funcionarios electos que le transfieren la totalidad de sus remuneraciones y a cambio reciben financiamiento.

      Todo esto en el papel, puesto que los recursos secretos del gobierno, las finanzas patronales y muchas otras cajas negras no han dejado de alimentar, en la Quinta República, el funcionamiento de la vida política. No puedo más que invitar al lector nostálgico de la música disco y el flower power, de las viejas imágenes de los años de Giscard, a (re)sumergirse en el libro L’Argent secret [El dinero secreto], de André Campana.¹² Claro que habla más de money power que de bolas de espejos en el techo de una discoteca, pero en esa época, para ser el número uno, más valía contar con amigos pudientes. En esa época, y hoy, pues aunque sonreímos ante esta evocación, en “francos pesados”, de los sinsabores de Bouygues en el asunto de la urbanización de Chanteloup-les-Vignes —la empresa, en la década de 1970, pagó a la UDR 5 millones de francos por debajo de la mesa para la construcción de sus oficinas… que finalmente no recibió—, las sumas en juego durante el escándalo del financiamiento libio de la campaña de Sarkozy son, por otro lado, más importantes. Y no hablaré aquí de las sospechas de corrupción que hoy pesan sobre el grupo Bolloré por la asignación de concesiones portuarias en Togo y en Guinea a cambio de una pequeña “contribución” electoral (en este caso, mediante el pago de servicios de consultoría y comunicación).

      Pero me adelanto. Ha corrido mucha agua bajo los puentes —incluidos los del Danubio— desde la época en que aún se hablaba del Conseil National du Patronat Français [Consejo Nacional de Empleadores de Francia] (CNPF) para designar al empresariado.¹³ En particular, los partidos políticos han adquirido una verdadera existencia jurídica en lo que concierne a las modalidades de su financiamiento. Así, con las leyes de 1988, un partido político, en Francia, se convirtió en una asociación en los términos de la ley de 1901, pero sometida a las reglas de la ley del 11 de marzo de 1988 relativa a la transparencia financiera de la vida política.¹⁴ En Francia, sólo los partidos políticos regidos por la ley del 11 de marzo de 1988 están autorizados a financiar a un candidato para una elección.

      Además, con las leyes de 1988 y 1990¹⁵ no sólo se puso en marcha un sistema de financiamiento público —directo e indirecto— de la democracia (volveremos a eso en el capítulo 5), sino que su financiamiento privado quedó controlado. Por una parte, se legalizaron las donaciones (de individuos y de empresas) a candidatos o partidos políticos; por otra, se limitó el monto de esas donaciones. Así, a finales de la década de 1980, un individuo estaba autorizado a donar hasta 30 mil francos al año (equivalentes a unos 7300 euros actuales, tomando en cuenta la inflación) a un candidato, mientras que una empresa podía donar 50 mil francos (es decir, alrededor de 12 mil euros). En cuanto a las donaciones a partidos políticos, estaban limitadas a 50 mil francos para los individuos y a 500 mil para las empresas. Éstas, por cierto, contribuyeron muy generosamente al financiamiento de la vida política en Francia entre 1990 y 1995.

      Hoy en día, las donaciones de empresas a campañas y a partidos políticos están prohibidas por ley. Las donaciones de individuos particulares a partidos o agrupaciones políticas están limitadas a 7500 euros por persona y por año.¹⁶ Las donaciones a campañas electorales —ya sean campañas presidenciales, legislativas o incluso municipales— están limitadas a 4600 euros por elección. Estos montos pueden parecer bajos, sobre todo al hacer una comparación internacional (mis colegas del otro lado del Atlántico no pueden reprimir una sonrisa cuando aludo a esto, pues están acostumbradas a los millones de dólares de las campañas estadounidenses); sin embargo, como veremos, en realidad crean enormes desigualdades en cuanto a la participación de cada persona en nuestro sistema democrático. ¿Quién puede ofrecerse a dedicar varios miles de euros a la expresión de sus preferencias políticas? Puesto que el “precio de un voto” es de apenas unas decenas de euros (como veremos en el capítulo 8), una donación de 4600 euros a una campaña puede tener un efecto considerable en las elecciones. Finalmente, nótese que, en un año electoral como 2017, un ciudadano en Francia pudo dedicar hasta 21300 euros a la defensa de sus intereses políticos. Para esto bastaba que el ciudadano en cuestión donara 7500 euros a un partido, 4600 a un candidato en la elección presidencial, 4600 a la campaña de un candidato en la elección legislativa y 4600 a la senatorial.

       En Bélgica, ¿ola de reformas para detener las olas?

      En Bélgica, las donaciones de personas particulares no podrían alcanzar tales alturas. Si bien la regulación al financiamiento privado se introdujo en ese país más o menos al mismo tiempo que en Francia —con la ley del 4 de julio de 1989 sobre la limitación y el control de gastos electorales, financiamiento y contabilidad abierta de los partidos políticos—, sus límites son mucho más estrictos hoy en día.¹⁷

      Al igual que en Francia, en Bélgica las empresas no están autorizadas a hacer donaciones a los partidos políticos. Además, los individuos no pueden donar más de 500 euros anuales a un partido y el monto total de sus contribuciones no puede exceder los 2 mil euros. Se trata de uno de los sistemas más estrictos del mundo para controlar el financiamiento privado de la democracia, aunque no menos consistente con lo que vimos antes: las sumas que los partidos y los candidatos están autorizados a gastar en las elecciones belgas son extremadamente bajas; desde este punto de vista, los montos de las donaciones más fuertes serían relativamente inútiles. Más bien habría que cuestionar la consistencia del sistema inglés, que limita los gastos ¡pero no las donaciones! Con esto se ve hasta qué punto los sistemas de regulación pública aplicados en diferentes países jamás se han concebido de manera coherente y comparativa: es momento de que el ciudadano se adueñe de ellos.

      LAS DESIGUALDADES DE CARA AL

      FINANCIAMIENTO PRIVADO DE LA DEMOCRACIA

      2 mil euros en Bélgica, 7500 euros en Francia: ¿es mucho o poco? Muchos estarían tentados a afirmar que esas sumas son bajas, ya sea para aplaudir la buena salud de una democracia “a la francesa”, muy alejada de las desviaciones estadounidenses sobre las cuales no dejaré de hablar más adelante, o para denunciar, por el contrario, la falta de medios asignados a las formaciones políticas en el combate electoral. “Una elección cuesta cara”: ése es el leitmotiv que vuelve una y otra vez a la boca de los defensores de una liberalización del financiamiento de la democracia política en Francia. No se puede hacer campaña sin dinero; la labor de informar a los ciudadanos consistiría, en primer lugar, en gastar el dinero suficiente para convencer a su “tiempo cerebral disponible” de las bondades de los programas propuestos.

      Ahora bien, ¿cómo convencer, si no es con millones? A golpes de 7500, los euros tardan en acumularse. ¿De verdad 7500 euros son muy poco? Todo depende del punto de vista que adoptemos. Un ejemplo: en Francia, el monto mensual neto del salario mínimo por 35 horas de trabajo semanales es de 1142 euros, es decir, 13704 euros al año. En otras palabras, 7500 euros son más de la mitad del ingreso anual de un trabajador con salario mínimo; difícilmente podría esta persona aprovechar al máximo la oportunidad que se le da de contribuir al buen funcionamiento del juego democrático.

      7500 euros son, además, más de cuatro meses de salario neto promedio en Francia.¹⁸ ¡Difícil imaginar a un ciudadano —aunque sea el más comprometido— que gaste más de un tercio de sus ingresos anuales en el financiamiento del juego político!

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