El precio de la democracia. Julia Cage

Чтение книги онлайн.

СКАЧАТЬ para asustar a los fuertes; nuestros recios brazos sean nuestra conciencia y nuestras espadas, nuestra ley. Adelante.” Así exclama el rey Ricardo, político maquiavélico de pensamiento complejo. Es una útil advertencia histórica.

      Sin embargo, en numerosos países, ha hecho falta esperar mucho tiempo para que el financiamiento privado de la democracia se controlara, es decir, para que se limitaran las aportaciones privadas al juego electoral, notable fuente de corrupción. Estados Unidos fue uno de los primeros países en regularlas (en parte, quizá, para distanciarse de la vieja Europa, percibida como aristocrática y antidemocrática), para luego deshacer lo que había hecho. La primera expresión de la voluntad de limitar la corrupción en las elecciones federales estadounidenses se remonta a 1867, con la Naval Appropriations Bill [Ley de Apropiaciones Navales], que pretendía impedir que los oficiales de la marina y los empleados del gobierno recaudaran contribuciones entre los empleados de los astilleros. Esta regulación se extendería muy pronto, volviendo ilegal que los empleados del gobierno solicitaran e hicieran contribuciones para las elecciones federales,¹ hasta llegar a la prohibición de las contribuciones financieras de las empresas a las campañas electorales nacionales, en 1907, con la Ley Tillman.² No obstante, también los límites de esta regulación se harían evidentes muy pronto, sobre todo por la ausencia de un órgano regulador.³

       La simulación de la legislación estadounidense

      Aún hoy, en Estados Unidos las donaciones (directas) de empresas a las campañas electorales están prohibidas. No obstante, las donaciones de individuos están autorizadas. En principio, las donaciones a campañas —o, más precisamente, al comité local de un candidato— para las elecciones federales están limitadas a 2700 dólares por individuo para cada elección. Aun así, los ciudadanos pueden aportar hasta 5 mil dólares anuales a los comités de acción política (PAC, por las siglas de political action committee), organizaciones privadas que desempeñan un papel de extrema importancia en la vida electoral de Estados Unidos, pues se dedican a apoyar a un candidato o, por el contrario —cosa muy frecuente—, a “destruir” a otro.⁴ Además, pueden donar cada año hasta 10 mil dólares a los comités locales de los partidos políticos y hasta 33900 dólares a los partidos a nivel nacional. En resumidas cuentas, están autorizadas a ejercer su generosidad política hasta por 101700 dólares por comité y por año, contribuyendo a otros comités del mismo partido a nivel nacional, sobre todo en el marco de las convenciones nacionales o la construcción de las sedes de los partidos.⁵ Así, a fin de cuentas, un individuo está autorizado a dedicar varias decenas de miles de dólares al año a defender sus ideas en el escenario electoral estadounidense.

      No sólo se han ampliado estos umbrales, sino que, en los hechos, este sistema ya no funciona, pues aunque existen límites han perdido todo sentido a causa de la existencia de los “súper PAC”: grupos de presión que no tienen restricción alguna y pueden recibir donaciones ilimitadas, también de parte de empresas. Por eso, en la actualidad, los gastos electorales en Estados Unidos se cuentan ¡en miles de millones! En 2016 y 2017, se dedicó a los gastos electorales un promedio de 11.50 euros por cada estadounidense adulto. Estos “súper PAC” no están exentos de las recientes desviaciones de la democracia estadounidense, una democracia secuestrada por algo que podemos sentirnos tentados a denominar “casta”. Es una desviación que afecta a republicanos y demócratas a la vez, y deja la puerta abierta a candidatos populistas dispuestos a denunciar a una élite sometida al poder del dinero. Veremos esto en detalle en el capítulo 7. Sin embargo, antes de estudiar estas desviaciones, relativamente recientes, y la manera en que los “súper PAC” han llegado a destruir casi por completo el sistema de regulación estadounidense, continuemos nuestro recorrido por diferentes países y por las maneras en que se han aplicado (o no) las reglas para limitar el financiamiento privado de la política.

       Así en el Reino Unido como en Alemania:la democracia sin regulación

      En el Reino Unido, si bien los gastos electorales están controlados desde hace décadas —como vimos en el capítulo 1—, las donaciones no lo están. Es por eso que Patrick H. Gregory pudo aportar al Partido Conservador la modesta suma de un millón de libras en 2017, desplazando a la segunda división a Michael Davis y su cheque de 508 mil libras, firmado unas semanas antes. Esperemos que la postulación como presidente del Partido Conservador, en junio de 2017, le haya servido de consuelo a este último. A menos que haya encontrado ese consuelo junto a su compañero David E. D. Brownlow, empresario y filántropo —según sus propias palabras—, cuyo cheque emitido también en junio de 2017, por un monto de 566750 libras al Partido Conservador, seguramente no guarda relación alguna con su postulación como vicepresidente a cargo de las campañas.

      ¿Qué importa eso?, me dirán. ¿Qué importa que una empresa como J. C. B. Service, que opera en el sector de la agricultura intensiva, pero también en el de la construcción, el gobierno y la defensa, haya donado en mayo de 2017 1.5 millones de libras al Partido Conservador? Cada cual es libre de manifestar sus preferencias políticas, incluso las empresas, y se necesita ser muy malpensado para ver en estas contribuciones una palanca. Después de todo, hay transparencia.

      Asimismo, ¿qué importa que, en Alemania, Philip Morris GmbH, la filial alemana del fabricante de cigarrillos estadounidense, prácticamente financie cada año no sólo a la CDU, sino también a la CSU, el FDP e incluso, de manera regular, al SPD? Entre 2001 y 2015, la empresa dedicó casi 900 mil euros al financiamiento de la vida política alemana.⁶ ¿Quién podría sospechar la más mínima relación con el hecho de que en Alemania aún se debata la posibilidad de prohibir la publicidad de tabaco, una prohibición vigente desde hace muchos años en la mayor parte de los países europeos? ¿Quién ha dicho cabildeo? ¿Quién podría ver ahí alguna relación con el filtergate? Mientras la industria tabacalera patrocina regularmente los congresos de los partidos políticos de aquel lado del Rin, las más grandes empresas cigarreras a nivel mundial —entre ellas Philip Morris—han recibido justas críticas por alterar sus pruebas de calidad practicando agujeros microscópicos en el filtro de sus cigarrillos para reducir de manera artificial el contenido de alquitrán o nicotina.

      FIGURA 7. Montos donados entre 2000 y 2015 a los partidos políticos alemanes por algunas empresas, según su sector de actividad.

      Del mismo modo, ¿quién podría relacionar el hecho de que, entre 2000 y 2015, Volkswagen haya donado 1.8 millones de euros a los partidos políticos alemanes, BMW más de 3.7 millones y Daimler,⁷ 7.2 millones, con el dieselgate, otro ejemplo de fraude, esta vez en la industria automotriz? Cierto es que esas donaciones —y podemos alegrarnos— ya no protegen por completo de la justicia a esta industria, pero aun así convierten a las empresas automotrices alemanas en interlocutoras privilegiadas del poder.

      La figura 7 muestra algunos ejemplos de las relaciones cercanas —por medio del financiamiento de los partidos— entre la industria y la política en Alemania; las sumas de dinero son impresionantes. En el capítulo 7 trataré con mucho más detalle estas relaciones peligrosas.

       La tardía regulación francesa

      En Francia, si bien no se hizo nada, o casi nada, hasta fines de la década de 1980, desde 1988 se han puesto en marcha numerosas leyes para limitar el financiamiento privado de la política y, como compensación a esos límites, permitir su financiamiento público.⁸ En 1990 se creó la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques [Comisión Nacional de Cuentas de Campaña y Financiamiento Político] (CNCCFP), encargada de verificar y aprobar las cuentas de los partidos y las campañas.⁹ De esta organización se habla con frecuencia en los medios cuando los periodistas desmenuzan los gastos electorales de los candidatos, desde los jets privados de Jean Lassalle hasta los gastos en comunicación de François Fillon.

СКАЧАТЬ