La universidad latinoamericana en la encrucijada de sus tendencias. Claudio Rama Vitale

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      Este escenario de nuevos marcos regulatorios desde fines de los años 90 se está dando en el contexto de la democratización de América Latina al superarse las dictaduras en las décadas del 80 y del 90, y al haberse aprobado nuevas constituciones en toda la región —con la excepción de Surinam— que incorporaron un rol más destacado del Estado en la regulación de la educación terciaria y en el reconocimiento de las diversidades (étnicas, culturales y sociales), promoviendo la formulación de políticas públicas de equidad y el establecimiento de mecanismos para promover una mayor cohesión social en los diversos países ante el agravamiento de las desigualdades educativas.

      En general, el proceso regulador está asociado a la expansión y a la diferenciación institucional. Podemos fijar su desarrollo desde fines de los años 90. La regulación se ha expresado tanto a través de organismos de gobierno como de agencias de aseguramiento de la calidad, así como también en acuerdos al interior de los propios consejos y asociaciones de rectores, que propenden a regulaciones de carácter sistémico entre los propios actores, con lo cual han creado una diversidad regulatoria —en muchos casos contradictoria, ineficaz, excesiva e inconsistente—, variando por países por los diversos equilibrios políticos regulatorios, tanto internos como externos a las universidades. Adicionalmente y como veremos más adelante, también estamos asistiendo a una expansión de regulaciones internacionales. Para el 2010, en casi toda la región ya estaba concluida la etapa de creación de nuevos actores institucionales de regulación nacional; en primera instancia, los organismos gubernamentales (ministerios, viceministerios de educación superior, o consejos de educación superior) con crecientes potestades para actuar en la regulación de la educación superior; en segundo momento, las agencias de aseguramiento de la calidad; en tercera instancia, los consejos y asociaciones de rectores públicos, privados o mixtos. Finalmente, también los egresados a través de los colegios profesionales. En algunos países como Argentina, México y Brasil, por el tamaño de sus sistemas terciarios, las instituciones reguladoras, ejecutivas o de evaluación, así como las de representación gremial, también alcanzaron expresiones en los niveles regionales.

      A partir de la creación de estos ámbitos de regulación en educación superior, se ha pasado a una nueva etapa caracterizada por la permanente formulación de políticas y normas, que crecientemente tornan cada vez más normativizada la dinámica, el funcionamiento y la prestación de los servicios educativos terciarios y, por ende, más acotada la libertad de mercado y la autonomía de los diversos actores. El pasaje de unas regulaciones tradicionalmente autónomas por parte de las universidades, sobre todo públicas o de mercado, hacia una creciente regulación gubernamental —e incluso internacional— no anula las formas de regulación previas que siguen perviviendo en algunas áreas; haciendo en general que exista una amplia regulación muchas veces contradictoria, parcial y en tensión continua, así como también crecientemente superpuesta, caótica y desigual (e incluso politizada, o corrupta) por falta de coordinación.

      En general, uno de los ejes de tales políticas parte de reconocer la creciente complejidad de los sistemas de la educación superior y propende a superar su funcionamiento fraccionado, pero al tiempo limitando las modalidades de la competencia entre las diversas instituciones terciarias al establecer algunas bases comunes de funcionamiento sistémico. Uno de los ejes centrales de la política pública se orientó hacia el establecimiento de estándares de calidad básicos, iguales para todas las instituciones universitarias, a partir tanto de la regulación del licenciamiento de instituciones o de autorizaciones de programas como de la creación de agencias de aseguramiento de la calidad y del licenciamiento profesional. Adicionalmente, la política pública se orientó también a contribuir para incrementar la cobertura a partir de la formulación de políticas de equidad para sectores tradicionalmente marginados de la educación superior.

c. La tendencia a la creación de sistemas de educación superior y la articulación de sus componentes

      Una de las tendencias de la educación superior en el marco de la expansión de los mecanismos de regulación es la introducción de políticas, mecanismos y modalidades sistémicas para superar la desarticulación existente de los sistemas educativos latinoamericanos. Durante los últimos años, de manera concomitante al proceso de creación de sistemas de aseguramiento de la calidad y nuevos marcos de regulación, en diversos países —como por ejemplo Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Paraguay y Honduras—, se han creado consejos de educación que propenden a la articulación de los sistemas educativos y, específicamente, de la educación superior con miras a un funcionamiento sistémico y articulado. Su incidencia real es variable pero aún reducida.

i. La desarticulación de los sistemas educativos en la región

      La expansión y diferenciación de la educación superior en las últimas décadas produjo un aumento de la tradicional desarticulación entre los diversos componentes de la educación. El establecimiento de diversas restricciones al ingreso automático a las instituciones públicas, la violenta expansión del sector privado y del sector no universitario de carácter terminal, la diferenciación en términos de calidad de las instituciones, el aumento de la injerencia del mercado como actor regulador, la aparición de modalidades no presenciales así como la presencia de nuevos proveedores internacionales han favorecido una mayor desarticulación de los diversos componentes de la educación en general, y de la educación superior en particular.

      La desarticulación de los sistemas de educación tiene raíces profundas, asociadas a las distintas evoluciones históricas de la educación media y de la educación superior. Mientras que las universidades nacieron trasplantadas en la fase colonial y con el rol de la evangelización y la colonización, la educación básica y media tienen génesis nacionales. Ambos sectores mantienen muy distintos grados de autonomía: mientras que la educación media depende muy estrechamente de los aparatos ministeriales, la educación superior en el siglo XX se estructuró bajo un modelo autónomo de gestión que le dio una fisonomía propia y diferenciada. Hay una separación en autonomía, presupuestos, salarios, currículos, pertinencias, etc., que se vio ampliada por la expansión de la educación privada que, en el marco de la libertad de mercado, agregó a la tradición de desarticulación entre el nivel medio y el superior un nuevo abismo entre lo público y lo privado a nivel terciario, situación que no existía previamente en la región, donde la educación privada de elites y la educación monopólica pública tenían estándares y dinámicas comunes.

      A nivel superior, la desarticulación fue una derivación de la diferenciación institucional que promovió distintos tipos de instituciones, de la expansión del modelo binario público-privado, de la diferenciación pedagógica en términos de niveles de calidad, de las diversidades disciplinarias que se incentivaron ante la expansión de nuevos saberes, de la irrupción de las TIC —que posibilitó la existencia de nuevas modalidades de educación presencial y no presencial—, de la diferenciación entre tipos de saberes entre las instituciones universitarias y las instituciones no universitarias. Finalmente, cabe destacar la aparición de otra desarticulación con la expansión de los postgrados como educación de la sociedad del conocimiento, que promovió una diferenciación entre el tercer y el cuarto ciclo así como al interior mismo de los postgrados, por la existencia de varios niveles a su interior. Todo el sistema, que ya tenía una fuerte entropía, sufrió un sensible incremento de los niveles de desarticulación de sus diversos componentes. La propia masificación en condiciones de mercado promovió la diferenciación y, en el contexto de globalización, de las nuevas tecnologías y de la expansión de saberes, ello elevó los grados de desarticulación.

      Ha sido una derivación de la existencia de marcos normativos que establecen la autonomía de las universidades públicas y la libertad de mercado de las instituciones privadas, al tiempo que los institutos de educación media y los no universitarios sí están sujetos a decisiones políticas de los gobiernos, dificultándose el establecimiento de políticas de СКАЧАТЬ