Democracia, gobernanza y populismo. Aura Yolima Rodríguez Burbano

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СКАЧАТЬ Duarte y Otros vs. Uruguay (sentencia 13 de octubre de 2011), que: “el artículo 8.º de la Convención consagra los lineamientos del debido proceso legal, el cual está compuesto de un conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos”. Precisa, además, que su garantía no solo corresponde a los jueces, sino a todos los órganos estatales, incluidas las administraciones públicas, en los procedimientos de toma de decisión sobre los derechos de las personas, ello con el fin de evitar la arbitrariedad. Colombia ratificó dicha convención el 28 de mayo de 1973.

      El derecho a ser oído, de manera previa, en los procedimientos de las administraciones públicas que resuelvan asuntos que a los administrados les afecten implican no solo el acceso a la autoridad pública competente, sino también el acceso a la información, la solicitud, la aportación y contradicción de las pruebas, la presentación de alegatos y la efectividad de la decisión administrativa. El derecho de audiencia es una garantía propia del acceso a la administración de justicia o tutela judicial efectiva. “Implica que el Estado garantice que la decisión que se produzca, a través del procedimiento, satisfaga el fin para el cual fue concebido. Esto último no significa que siempre deba ser acogido, sino que se debe garantizar su capacidad para producir el resultado para el que fue concebido” (CorteIDH, caso Barbani Duarte y Otros vs. Uruguay, 13 de octubre de 2011).

      En efecto, mediante esta garantía propia del Estado constitucional, se trata de legitimar, de manera constante, el proceso político y también de dar cumplimiento al principio democrático. En este contexto, se relaciona con algunos elementos relevantes en la teoría de democracia deliberativa de Habermas, que permiten la dinámica de su tesis. Estos elementos son: la ciudadanía y opinión pública, la esfera pública, la participación y la deliberación pública (Domínguez, 2013, p. 306). Frente al primer elemento: la ciudadanía, se puede decir que es un constructo social, y hace referencia a que una persona hace parte de una sociedad determinada, generando deberes y derechos. El concepto de ciudadano tiene dos perspectivas. La primera es la del liberalismo, que entiende al ciudadano como una persona con iniciativa propia, con solidaridad, con compromiso, y con disponibilidad de cooperación, donde el actor persigue sus propios intereses (homo economicus); y la segunda es vista desde el modelo republicano, que ve al ciudadano como la persona que está inclinada por los intereses colectivos (homo politicus), y a partir estos también ejerce la cooperación y se es solidario (Domínguez, 2013, p. 310).

      Los conceptos de ciudadanía y de opinión pública, desde la concepción liberal y republicana, están contenidos en una concepción de derecho, toda vez que, para ser ciudadano y participar en el espacio público, el Estado debe otorgar, reconocer y proteger unos derechos, tales como: derechos individuales de libertad, derecho de pertenencia a una comunidad jurídica, derechos concernientes a la accionabilidad judicial de los derechos, derechos políticos y derechos sociales.

      Para Habermas, desde la concepción liberal, la manifestación de la voluntad de los ciudadanos permite legitimar el poder político. Mediante los resultados electorales se da el poder de gobernar, y en respuesta el gobierno debe justificar el uso de ese poder ante la opinión pública. Desde la concepción republicana, la manifestación de la voluntad constituye la sociedad como una comunidad política. Habermas expone que los dos modelos de participación política, el liberalismo y el republicanismo, generan ese espacio para que se dé la deliberación en temas de interés de toda la sociedad. Y pueden darse en el marco de un Estado democrático moderno (Habermas, 1991).

      En cuanto a la esfera pública, se puede aducir que es el espacio en el cual se genera la reflexión y la deliberación de la ciudadanía mediante el acto comunicativo, en otros términos, es el espacio donde se da la opinión pública mediante el uso de la razón. Y es precisamente este espacio el que permite el surgimiento de la legitimidad y la legalidad posteriormente. Cuando se habla de legitimidad en términos de Habermas, se hace referencia a que un orden político debe ser reconocido como correcto y justo, que se logra mediante un proceso de comunicación, ahí se da la legitimación, que al volverse positivo se vuelve legal. Se da entonces el tránsito de la voluntad de la ciudadanía legitimada a la positivación del derecho, es decir a la naturaleza institucional.

      Ahora bien, en relación con la participación y la deliberación política. Esta se entiende como el intercambio de opiniones o de puntos de vista, frente a temas de interés comunes que se dan en el mundo de la vida. La interacción entre los ciudadanos permite esas prácticas del discurso; mediante el acto comunicativo se configura el poder comunicativo, que pasa luego a una comunicación política, y surge después el poder administrativo que se encuentra en cabeza del Estado. “En síntesis, Habermas considera que la deliberación se refiere a una cierta actitud hacia la cooperación social, a saber, la actitud que consiste en la apertura a dejarse persuadir por razones relacionadas con los derechos de los otros al igual que a los derechos de uno mismo” (Domínguez, 2013, p. 310). En este contexto, no es posible hablar de participación ciudadana en la toma de decisiones de los asuntos que afectan los intereses de los ciudadanos sin que, de manera previa, se garantice el derecho de acceso a la información pública; solo una colectividad informada tendrá la capacidad de configurar la esfera pública como ese espacio para la deliberación permanente mediante el uso del lenguaje.

      Y es que en el Estado constitucional la administración pública está para garantizar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y la materialización de los derechos no se concibe sin la participación de los ciudadanos afectados o beneficiados con las decisiones que ella toma. “Las nuevas tendencias políticas y sociales exigen nuevos deberes de la Administración y cambios en el derecho administrativo” (Penagos, 2003, p. 392). Una de esas nuevas tendencias es la comunicación activa con sus administrados. El ejercicio derecho de participación conlleva como requisito sine qua non el acceso a la información pública necesaria para entender la decisión y poder debatir sobre ella con el poder público. Este acceso previo a la información para ejercer la participación garantiza una deliberación responsable con la colectividad y mejora la toma de las decisiones.

      En Colombia, la Corte Constitucional ha sido enfática en recordar que la administración pública está para garantizar la “procura existencial del ser humano” (García Pelayo, 1996) y que en asuntos en los que se debata la autodeterminación de las comunidades indígenas y raizales o la expedición de licencias de exploración y explotación minera se han de utilizar los mecanismos de participación ciudadana, en particular, la consulta previa, para que la administración pública pueda tomar la decisión, luego de un escenario de información, participación y deliberación con la comunidad afectada (Sentencia C-123, 2014; Sentencia T-766, 2015; Sentencia C-035, 2016 y Sentencia T-445, 2016).

      Entre otras razones porque en asuntos como los mencionados, que afectan no solo las propiedades de la tierra, sino la seguridad alimentaria, los derechos de los campesinos, el orden público, la seguridad de los habitantes, las costumbres y la vida misma, resulta una conditio sine qua non que la comunidad se informe, delibere y participe en la toma de decisiones que tanto los afectan. Así mismo, porque en estos asuntos no es posible “i. reconstruir una interpretación correcta de las normas constitucionales alejadas de la población destinataria de dichas decisiones administrativas; ii. Confiar en que los tribunales judiciales son el mejor escenario, el más idóneo y eficiente, para resolver controversias previas a la toma de la decisión administrativa, con criterios de urgencia, equidad y legitimidad” (Giraldo Villegas, 2017). Por el contrario, los órganos políticos, aún representativos de las mayorías, deben escuchar la voz de la comunidad afectada y hacer que dicha voz tenga eco en la interpretación constitucional de los problemas que la afectan y, por tanto, en la decisión que la administración pública tome.

III. Participación política y ciudadana

      La consolidación de la democracia depende de muchos factores, por ejemplo: superar crisis económicas, reducir las brechas sociales, garantizar derechos humanos y contar con instituciones jurídicas y estatales legitimadas СКАЧАТЬ