Democracia, gobernanza y populismo. Aura Yolima Rodríguez Burbano

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СКАЧАТЬ fundamentales a participar con igualdad de oportunidades en procesos de formación de la opinión y la voluntad comunes en los que los ciudadanos ejerzan autonomía política y establezcan derecho legítimo (Habermas, 2010, p. 189).

      •Los derechos políticos que dan el estatus de ciudadanos libres e iguales, y dan la posibilidad de cambiar su posición jurídica material.

      Todos los derechos mencionados implican:

      Derechos fundamentales que garanticen condiciones de vida que estén social, técnica y ecológicamente aseguradas en la medida en que ello fuere menester en cada caso para un disfrute en términos de igualdad de los derechos civiles (Habermas, 2010, p. 189).

      Este sistema de derechos logra conciliar la tensión entre facticidad y validez, cuando nace de un proceso discursivo que ha sido aprobado por los actores ciudadanos y se ha materializado en ley para ser aplicado a todos los individuos que conforman el mundo de la vida. En estos términos, los derechos logran cumplir su función integradora cuando surgen de un discurso racional discursivo en la esfera pública y, solo con la participación ciudadana crítica y reflexiva, se consolidan las democracias deliberativas.

      Asimismo, Joshua Cohen continúa la línea habermasiana y presenta un procedimiento ideal de liberación (Cohen, 1997, p. 413) donde la libertad e igualdad entre los individuos y la forma y contenido de las razones políticas de la respectiva autoridad configuran la legitimidad política. Cohen trasciende en los derechos individuales y afirma que se debe garantizar la inclusión en la protección de las libertades de credo y religión, en el entendido de que un individuo razonable es aquel que da un trato igual a los demás miembros del colectivo, sin realizar distinciones o discriminaciones por la diversidad en creencias morales y religiosas, agregando que ese trato igual se debe extender a la libertad de opinión política.

      Frente al procedimiento deliberativo ideal, vale la pena resaltar tres rasgos de la democracia deliberativa tomados de Rawls y sobre los cuales Cohen se pronuncia. El primer rasgo consiste en que las justificaciones de las normas y políticas públicas deben ser valoradas a partir de la concepción del bien común que, para Rawls, deben estar relacionados con los principios de justicia (Rawls en Cohen, 2007, p. 128). El segundo rasgo es que debe existir un trato igualitario entre los ciudadanos, al considerar Rawls que una sociedad justa garantiza igualdad de oportunidades y poderes políticos sin que dependa de la posición social o económica (Rawls en Cohen, 2007, p. 128). Y el tercer rasgo hace referencia al autorrespeto, al desarrollo de competencia política y a la formación de un sentido de justicia.

      Frente a estos rasgos, Cohen sugiere que sus elementos permiten llegar a la construcción de decisiones colectivas apropiadas, referente a asuntos públicos; sin embargo, no considera que la equidad en términos de Rawls sea reflejada en las instituciones políticas. Cohen afirma:

      Creo que Rawls está en lo correcto al desear acomodar las tres condiciones. Lo que me parece menos plausible es que dichas condiciones sean consecuencias naturales del ideal de equidad. Si tomamos la noción de equidad como fundamental, y pretendemos (como en el argumento informal) diseñar las instituciones políticas a partir de la posición original, no está claro por qué, por ejemplo, el debate político debería estar centrado en el bien común, o por qué la igualdad manifiesta de los ciudadanos es un rasgo importante de una asociación democrática. (Cohen, 2007, p. 130)

      En este sentido, una política democrática pluralista entendida como un “sistema de negociación representativa equitativa” (Cohen, 2007, p. 130) también refleja el ideal de equidad, pues los nexos entre el ideal de equidad y los tres rasgos de la democracia deliberativa dependen de los “supuestos psicológicos y sociológicos” (Cohen, 2007, p. 130). Por tanto, según Cohen, la democracia deliberativa se sustenta en el ideal intuitivo de una asociación democrática que busca, a través de la argumentación y el debate público entre ciudadanos en condiciones de igualdad, resolver problemas que atañen a todo el colectivo, así la deliberación pública y libre se forja como un instrumento de participación activa de la ciudadanía en el espectro público. Esta concepción formal de la democracia deliberativa presenta cinco rasgos fundamentales:

      I. Una democracia deliberativa es una asociación en marcha e independiente.

      II. Los miembros comparten la concepción de que los términos apropiados de la asociación ofrecen un marco para, o son el resultado de, su deliberación.

      III. Una democracia deliberativa es una democracia pluralista.

      IV. Dado que los miembros de una asociación democrática consideran los procedimientos deliberativos como la fuente de la legitimidad, es importante para ellos que los términos de su asociación no sólo sean el resultado de sus deliberaciones, sino también que se presenten como tales.

      V. Los miembros se reconocen mutuamente con capacidades deliberativas. (Cohen, 2007, pp. 131-132)

      En síntesis, Joshua Cohen propone la noción de asociación democrática como un ideal basado en el procedimiento deliberativo y su institucionalización. Esta última se orienta a la generación de espacios en los cuales los ciudadanos pueden ser partícipes de la agenda política y del debate público sobre asuntos que le conciernen a la colectividad en el marco del pluralismo razonable y en la búsqueda de un bien común. Cohen los denomina existencia de foros, considerados por él como un bien público que debe recibir el apoyo del Estado para su materialización.

      Por su parte, John Rawls aborda la noción de razón pública, considerada como una característica del pueblo democrático en igualdad de condiciones, que tiene como fin el bien público. Se cree que la razón es pública al entenderse como razón de los ciudadanos, al ser su objeto el bien público y la justicia fundamental; y su naturaleza se entiende de contenido público, en el entendido de que los ideales y principios son la base de la justicia política de la sociedad. En este sentido, la ciudadanía debe concebir la razón pública y adoptarla como una concepción ideal (Rawls, 1994, p. 4). Sin embargo, en el marco de la deliberación pública se configuran unos límites. Es bien sabido que en un modelo de liberalismo político hay una característica esencial y es ejercer el poder político en sociedades democráticas y pluralistas, donde convergen distintas posturas ideológicas, filosóficas, morales y religiosas, lo cual genera un ambiente de diferencias entre los ciudadanos a partir de sus posturas. Esto lleva a una paradoja

      ¿Por qué —se preguntan éstos— deberían los ciudadanos respetar los límites de la razón pública cuando discuten y votan sobre las cuestiones políticas más fundamentales? ¿Cómo puede ser razonable o racional para los ciudadanos, cuando los asuntos básicos andan en juego, limitarse a apelar a una concepción pública de la justicia y no a la verdad global tal y como ellos la entienden? (Rawls, 1994, p. 9)

      Para Rawls la diversidad de doctrinas religiosas, morales y filosóficas es una cuestión permanente en la sociedad y hace parte de la cultura pública. De ahí que sea necesario que los ciudadanos tengan la capacidad de explicar sus fundamentos doctrinales de tal manera que permeen razonablemente en el debate público para que sean aceptados por los demás en el marco de la libertad e igualdad. John Rawls resalta que los ciudadanos pueden llevar al plano del debate político las doctrinas comprehensivas, entendiendo por estas últimas aquellas concepciones referentes a la vida humana e ideales personales, de amistad, de relaciones familiares y asociativas que moldean la conducta (Rawls, 1993, p. 13), pero “debe cumplirse una cláusula proviso: en algún momento de dicho debate, los agentes deben dar una justificación política de sus propuestas, es decir, una justificación que no dependa de la aceptación de las doctrinas comprehensivas que suscriben” (Garreta Leclercq, 2012, p. 101). De esta manera se da un consenso entrecruzado de las doctrinas comprehensivas razonables y se logra superar la paradoja de la razón pública.

      Con el fin de articular las posturas antes descritas, СКАЧАТЬ