Seguimos siendo culpables. Mélanie Ibáñez Domingo

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СКАЧАТЬ políticas que por su volumen podían suponerles una sobrecarga aún mayor de trabajo.⁹³ A tenor de los legajos de burocracia interna conservados de dos juzgados de primera instancia de la capital valenciana, a este Juzgado Especial de Ejecutorias le correspondía entender en la ejecución de sentencia de los responsables políticos más notorios. Ello denota la preocupación por liquidar las responsabilidades de los considerados máximos culpables y la consideración especial que se les reservaba. En junio de 1944, el Tribunal Nacional pedía mediante telegrama que «se le remitan toda urgencia cuantos expedientes seguidos contra responsables tal calidad se encuentren en trámite ejecución».⁹⁴

Desconocemos la incidencia en cuanto a agilización y, aparte de las causas contra responsables políticos «notorios», qué otras pudieron desviarse y con qué criterios. En cualquier caso, el preámbulo del siguiente decreto reconoce implícitamente la insuficiencia de estas medidas y la necesidad de continuar en la senda de orquestar mecanismos para agilizar la liquidación. Es el decreto de 23 de diciembre de 1944 por el que se crean dos juzgados especiales de ejecutorias.⁹⁵ En el indicado preámbulo se señala que la creación del Juzgado Especial de Ejecutorias se hizo «a fin de contribuir en el modo más eficaz posible a la disminución de la labor recaída sobre la jurisdicción ordinaria». Pero había sido insuficiente y, por ende, era aconsejable «la creación de juzgados especiales de ejecución, adscritos a la jurisdicción de las dos Salas [de Instancia]».

Al cabo de otro año, por decreto de 13 de abril de 1945, se suprimió la jurisdicción de Responsabilidades Políticas.⁹⁶ Se consideraba «cumplida ya en su esencia la finalidad atribuida a la Jurisdicción especial sobre Responsabilidades Políticas derivadas de la subversión marxista». Por ello, era ya «aconsejable dictar las disposiciones necesarias que consagren definitivamente la liquidación de este problema». Véase el uso explícito del término «problema». La ley había ido perdiendo sentido conforme la mayoría de republicanos con una proyección más o menos pública habían marchado al exilio o ya habían sido represaliados por este y otros mecanismos. Además, a ello se sumaba un nuevo contexto internacional más delicado para la dictadura. Los aliados ganaban la guerra y era difícil justificar una ley de esta naturaleza ante las potencias liberales.⁹⁷

      Era un decreto breve en el que se hacía constar lo más básico. Se declaraba «caducada la vigencia» de las leyes de 1939 y 1942, pero «en cuanto se refiere a la incoación de nuevos procedimientos». Así, aunque dejaran de incoarse nuevas causas y tramitarse denuncias, ello no implicaba la extinción de la responsabilidad en las causas falladas y aún quedaba trabajo por hacer. Había todavía expedientes abiertos, presumiblemente no pocos: pendientes de iniciarse o de finalizar su instrucción, de fallarse o de ejecutarse la sentencia. Por ello, aunque se establecía la supresión de los tribunales especiales, el Ministerio de Justicia debía todavía ampliar el contenido de este decreto para llevarlo a la práctica, y aparecía ya el nombre de un nuevo organismo: la Comisión Liquidadora. A esta correspondía proceder «a la extinción definitiva de esta especial Jurisdicción».

La constitución oficial de esta Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas tuvo lugar dos meses después, cuando se dictaron las normas para aplicar el decreto de 13 de abril.⁹⁸ Se le conferían las «facultades necesarias» para «resolver los expedientes de Responsabilidades Políticas que se hallasen pendientes […], así como los recursos presentados o que puedan presentarse con arreglo a la Ley». Al final, se trataba de un nuevo organismo especial para liquidar cuanto antes y definitivamente las consecuencias de una ley especial promulgada más de un lustro antes. Ahora sí desaparecía la que había sido la instancia superior de la jurisdicción especial y el organismo creado por la ley de 1939 más duradero: el Tribunal Nacional.

Por su parte, las salas de instancia continuarían funcionando «durante el tiempo indispensable para resolver los asuntos de que viniesen conociendo, debiendo terminar su función durante el año actual». No podían demorarse más allá de 1945. Como venía siendo habitual, tampoco este plazo se cumplió y, en julio de 1946, cuando fueron suprimidas por orden ministerial, se indicaba que «se hallaban conclusos y resueltos la casi totalidad».⁹⁹ Pero no todos, a pesar de la moratoria de medio año. Así, con el trabajo inconcluso fueron suprimidas las dos salas de instancia y sustituidas por una Sección «encargada de resolver en plazo perentorio, definitivamente, los escasos expedientes aún pendientes de diligencias posteriores a 31 de diciembre último».

      Parecía quererse avanzar cada vez más deprisa y el plazo se fijaba ahora en «no superior al de tres meses». Según el artículo segundo de esta orden, cuando no se pudiese tener «una indudable convicción acerca de la responsabilidad del encartado, deberá aplicarse en la resolución que haya de dictarse el criterio más favorable a este». Aunque sin ningún tipo de amnistía ni perdón; lo que primaba era la rapidez por terminar y no nuevas condenas. El objetivo había ido virando con el paso de los años hasta situarse en esta segunda dirección, pero no por un cambio de orientación de los presupuestos: el objetivo de castigar a los considerados principales responsables podía darse por cumplido y, por ello, se podía continuar con la solución del problema generado.

La actividad prosiguió y se fue enfocando fundamentalmente hacia la ejecución de las sentencias y el final de las Responsabilidades Políticas.¹⁰⁰ En los siguientes años, los boletines oficiales continuaron publicando un goteo espaciado de anuncios. Los sobreseimientos provisionales acordados por la Comisión Liquidadora se publicaron en la provincia de Valencia, como se verá en capítulos siguientes, uno y dos años después de haberse producido la resolución. Paralelamente, pero sobre todo a posteriori, ya en plena década de los cincuenta, fueron concediéndose indultos personales como forma de resolver las ejecuciones pendientes.¹⁰¹ Sin embargo, la extinción definitiva de las Responsabilidades Políticas y, por ende, el indulto general para las sanciones pendientes de cumplimiento no fue decretada hasta el 10 de noviembre de 1966.¹⁰² Se declaraba como medida de gracia dos décadas después de la supresión de esta jurisdicción especial y un cuarto de siglo después de la propia Ley de Responsabilidades Políticas.

¹ Severiano Delgado, María Luz de Prado y Santiago M. López: «La Guerra Civil en Castilla y León: ensayo general para la dictadura franquista», Pasado y Memoria 8, 2009, pp. 126-128. Sobre la suscripción nacional, véase María Luz de Prado: «La retaguardia salmantina al comienzo de la Guerra Civil: apoyos sociales y económicos a los sublevados», Salamanca: Revista de Estudios 40, 1997, pp. 456-460.

² Véase, por ejemplo, el caso de Córdoba en Antonio Barragán: Control social y responsabilidades políticas: Córdoba (1936-1945), Córdoba, El Páramo, 2009, pp. 17-118. Las multas podían sancionar una enorme variedad de conductas. Julio Prada las clasifica en once (Julio Prada: Marcharon con todo: la represión económica en Galicia durante el primer franquismo, Madrid, Biblioteca Nueva, 2016, pp. 51 y ss).

³ Barragán: Control social y Responsabilidades Políticas, op. cit., p. 18; Delgado et al.: «La Guerra Civil en Castilla y León», op. cit., p. 126.

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