A seis años de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Jorge Bravo

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      PRÓLOGO

      Rodrigo Gómez

      La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de 2013 generó grandes expectativas para reorganizar dichos sectores, tanto en temas de competencia e inversión, pasando por la cobertura y el acceso, como en la pluralidad política, diversidad cultural y la habilitación de derechos como el acceso a la información.

      Partiendo del diagnóstico original, la reforma constitucional buscó crear mejores condiciones de competencia para generar, incluso de manera inmediata, mejores servicios de telecomunicaciones en términos de calidad y asequibilidad, fortalecer la rectoría económica del Estado y reconocer el derecho fundamental de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), incluida la banda ancha. Además, entre otras medidas, persiguió el objetivo de dar un impulso a la competencia, por ejemplo, con la licitación de frecuencias de radio y televisión y la instalación de una red pública compartida en la banda de 700 MHz.

      Por su parte, la legislación secundaria de 2014 implementó algunas de las reformas constitucionales y presentó un marco normativo complejo con aspiraciones convergentes y centrado en la racionalidad económica.

      Dentro de las características más destacadas de la normativa constitucional y su reglamentación se advierten las siguientes: 1) creación de un órgano regulador como entidad autónoma especializado en telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica para esos sectores (Instituto Federal de Telecomunicaciones [IFT]); 2) homologación del régimen de concesiones y dotar al IFT de la facultad para determinar su otorgamiento, prórroga y revocación; 3) incorporación de la figura de preponderancia en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones; 4) férrea regulación a las compañías telefónicas y menos severas a las de radiodifusión; 5) inclusión de la figura de medios comunitarios y sociales para el otorgamiento de licencias; 6) incorporación de los derechos de las audiencias y los derechos de los usuarios de telecomunicaciones que padezcan discapacidad; y 7) la creación del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y la posibilidad de transitar a la autonomía e independencia de los medios públicos.

      Ante eso, a seis años de la promulgación de la ley es imperativo hacer un análisis y balance para evaluar la aplicación de dicha normativa. Además, este libro busca plantear algunos de sus desafíos e, incluso, en la medida de lo posible, proponer soluciones concretas. Por lo tanto, este libro no sólo hace una evaluación, sino que plantea las asignaturas pendientes propias de un sector dinámico y en constante cambio.

      Por otro lado, es importante señalar que este libro se publica en el contexto del gobierno mexicano de la autodenominada Cuarta Transformación (4T), la que a dos años de su mandato ha cimbrado al sector de distintas formas. Una de ellas fue prometer cobertura gratuita de Internet a nivel nacional en carreteras, centros de salud, escuelas y plazas públicas. Sin embargo, en el momento de ejercer sus funciones públicas, la 4T ha mandado señales contradictorias y negativas al eliminar la Subsecretaría de Comunicaciones en el 2020, sacrificar cuadros especializados como la subsecretaría Salma Jalife, reducir los presupuestos, proponer a través de la reforma a la Ley Federal de Derechos un incremento en el pago de derechos para algunas bandas del espectro y, finalmente, no desarrollar una política pública transversal y multisectorial a través de la Estrategia Nacional Digital. Parece que la administración de López Obrador, a dos años de su mandato, relega dentro de su agenda de gobierno las políticas públicas relacionadas con las telecomunicaciones en clave digital.

      Aunado a este panorama negativo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha cargado en varias ocasiones contra los órganos autónomos, especialmente contra el IFT, institución que tiene atribuciones para diseñar la política regulatoria que contribuya a la inclusión digital. Sin embargo, el IFT necesita del acompañamiento del gobierno federal para diseñar una planeación a largo plazo y promover las inversiones en las telecomunicaciones, pero hasta el momento no se advierte una sintonía entre ambos.

      Finalmente, es importante señalar que en el contexto de la emergencia sanitaria del COVID-19, la economía y los sistemas digitales, así como sus infraestructuras, han demostrado su importancia en situaciones inesperadas y su capacidad de respuesta a las distintas problemáticas desatadas por la emergencia sanitaria. Ahora más que nunca se debe diseñar una política pública en telecomunicaciones robusta para promover y garantizar el acceso a Internet, a las TIC y a los servicios de telecomunicaciones.

      A diferencia de otros libros que han analizado la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como la reforma constitucional de 2013 del sector, éste se centra en temas relacionados con las telecomunicaciones, aunque no se deja de lado un análisis sobre la radiodifusión y sus audiencias. Además, combina las perspectivas tanto de excomisionadas del IFT como de consultores del sector, funcionarios públicos y académicos, esto con el objetivo de enriquecer los análisis y propuestas desde distintos puntos de vista.

      Este libro no sólo está dirigido a estudiantes y académicos de las carreras de Comunicación, Derecho, Economía, Ciencia Política y Administración Pública, también tiene como objetivo generar puentes con quienes toman decisiones en las políticas públicas de comunicación en nuestro país.

      Ciudad de México, septiembre 2020.