Ciudad y Resilencia. Отсутствует

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СКАЧАТЬ nutrición adecuada y saludable). Claro está que no faltan manifiestos, declaraciones e incluso políticas activas que, desde las propias elites, reconocen el problema. Pero el grueso de lo que realmente se hace en municipios, comarcas, a escala estatal o desde la Unión Europea, sigue sancionando o invisibilizando las propuestas agroalimentarias que se inspiran en las 3 Cs.

      La Agroecología en 3C es una mirada, una forma de evaluar rápidamente en qué campo nos estamos situando: si en el de continuar acrecentando la barbarie o en el de empezar a estar en el mundo de otra forma, más viable y justa. Nos permite, a su vez, construir herramientas para relocalizar economías que sostengan cuerpos, lazos y nuestras casas. Agrupamos estas herramientas en tres planos en los que incidir:

      – Visión territorial: promover territorios vivos y sistemas agroalimentarios más locales, creando sinergias entre economías cuyo compromiso fundamental es cuidar de la vida (cuerpos, lazos, hogar); escalar prácticas agroecológicas hacia los lados y desde abajo, encaminando las políticas públicas desde la cogestión de territorios y no desde su subordinación a lógicas «globalizadoras».

      – El derecho global a la alimentación y nutrición adecuada: establecer la alimentación y la producción cercana y sustentable, y no el negocio de la comida, como derecho fundamental y economía a ser potenciada en diferentes ámbitos territoriales (municipio, comarca o biorregión, instituciones públicas que regulan estos derechos).

      – Articular experiencias desde abajo hacia arriba: escalar hacia arriba como acompañamiento del escalamiento territorial, impulsando redes de iniciativas de producción y consumo sustentables desde los diferentes «abajos», cerrando ciclos de materiales y energías, componiendo, de forma participativa, políticas públicas y consejos alimentarios a escala biorregional.

      Resulta, pues, imprescindible identificar los territorios como espacios vivos y relocalizar los sistemas agroalimentarios como algo esencial a proteger por la política (pública) y lo político (lazos e instituciones sociales). Para ello, se trata, en primer lugar, de pensar desde el territorio: cuencas hidrográficas, pisos ecosistémicos interrelacionados, hábitats manejados de forma específica en forma de bosques, dehesas, regadíos naturales, humedales, costas, etc. Buscar entonces las potencialidades de cada lugar, desbordar los límites administrativos, articularse desde iniciativas que surjan desde y para el territorio. Las políticas con matriz en la Unión Europea deberían abandonar los tratados internacionales que no abogan por la soberanía alimentaria de los pueblos y abonarse realmente a la producción de proximidad. La actual iniciativa «De la granja a la mesa», auspiciada por la Unión Europea, podría ser un paso. Pero en ella se abre la puerta a los organismos modificados genéticamente y nuevamente se deja a un lado la opinión de la pequeña producción, que, posiblemente, pagará la factura de una transición hacia la reducción de insumos tóxicos escasamente acompañada. De igual manera, el Fondo de Transición Justa, que podría llegar a los 100.000 millones de euros, pudiera ser un revulsivo para la pequeña producción alimentaria y no sólo para la industria pesada en un intento de «reverdecerla». Dejar de apoyar a la gran distribución y adoptar medidas restrictivas ante empresas que promueven una mala salud de los habitantes y del planeta. Fomentar el comercio de proximidad a través de ayudas, agendas municipales, exenciones fiscales, apoyo de infraestructuras. Quizá bastaría, para avanzar hacia procesos agroecológicos, con atascar un poco las puertas giratorias de los grandes grupos de presión e impedir que sigan girando a su favor las medidas de gracia y apoyo (investigación, subvenciones, infraestructuras).

      Para decidir cómo aplicar los principios agroecológicos, precisaríamos impulsar consejos alimentarios que, desde una mirada integral y nuevas formas de gobernanza, velen por nuestros derechos y por unos precios dignos para quienes viven sosteniendo nuestra esencial alimentación; consejos que regularían el funcionamiento de infraestructuras, producciones y consumos agroecológicos, que serían declarados no sólo derechos sino también equipamientos y dinámicas esenciales a proteger y potenciar en planes urbanísticos, conexiones territoriales, terrenos (peri)urbanos reservados a tal fin, entornos rurales y marítimos de exclusivo aprovechamiento sustentable, mini-industrias de transformación y redes para la comercialización directa; consejos sometidos al protagonismo de personas productoras, redes vecinales, técnicos/as en acompañamiento agroecológico, economías sociales y solidarias, educadoras ambientales, pequeño comercio e industria artesanal. Fiscalización progresiva de acuerdo al carácter esencial de estas economías (como el mantenimiento de la producción y comercialización tradicional, la fertilidad de la tierra, la biodiversidad cultivada o la integración agrícola-ganadera), rentas que permuten trabajos (comunitarios) por servicios ecosistémicos y ayudas directas para garantizar servicios en el medio rural así como el derecho a la alimentación de toda la población. Espacios donde problematizar quién decide, quién hace y quién puede acceder a una producción y alimentación saludables, cuando los números muestran la desigual participación de mujeres, rentas más bajas y una mayor carga en los hogares para ellas.

Dichas políticas no podrán ser efectivas si no tienen una visión territorial y desde abajo, que biorregiones y municipios podrían impulsar mediante agendas propias, su razón de ser. Entender qué es no ya «ecológico», sino sencillamente viable, requiere de apoyos no inspirados en certificaciones externas (más pendientes de satisfacer los criterios de mercados globales) sino en manejos propios del lugar. Incentivar políticas basadas en la cogestión, en los nuevos comunes, de manera que cerremos necesidades de insumos, tecnologías e incluso energía en el propio territorio. Habilitar espacios, herramientas, plantas y mini-industrias cogestionadas (cooperación público-comunitaria) para lograr lo anterior. Impulsar desde aquí una compra pública (comedores, hospitales, servicios administrativos, escuelas, etc.) y una compra local (tiendas, restaurantes, grupos de consumo) que acompañen transiciones productivas. Poder generar operadores locales en temas que ahora requieren una conformación industrial: acceso a mataderos (ecológicos, móviles); fortalecimiento de sistemas de custodia del territorio o sistemas participativos de garantía (para una verificación o certificación ecológica desde prácticas viables y democratizadoras) junto al intercambio de conocimiento entre productores/as del lugar; impulso de redes comunitarias para la transición energética; venta directa y desarrollo de la producción artesanal, que no debe ser acotada y nuevamente cercada con el desarrollo de disposiciones específicas de cada región, antes al contrario. (Re)construir mediante esa cogestión público-comunitaria los puentes rural-urbano para garantizar un cierre de ciclos conjunto y no una depredación de campos y bosques. Ruralizar y repoblar pueblos desde fórmulas de acompañamiento propias de una extensión agroecológica que permitan avanzar en la denominada escala horizontal[10]. Ruralizar, agroecologizar y ecofeminizar también nuestra cultura crítica desde estos territorios y no desde laboratorios urbanos: las culturas de base territorial –aldeanas, indígenas o comunitarias– son más complejas y contextualizadas que las dinámicas que registran las urbes globales[11].

      En segundo lugar, es necesario trabajar en una transición desde un enfoque de derechos. En línea con la relocalización anterior, es esencial garantizar el derecho real a la producción agroecológica y a la alimentación saludable. Leyes, agendas y prácticas de cogestión de políticas públicas, junto con prácticas que nos doten de autonomía y de justicia social frente a los cercamientos neoliberales, deberían garantizar: el acceso equitativo a la tierra para la producción en modelos agroecológicos, la preservación de la biodiversidad, el acceso al agua y el beneficiar la actividad a pequeña escala y artesanal, la producción de alimentos de calidad sanos y nutritivos, la comercialización preferente a través de canales cortos. Fertilizar cerrando ciclos, impulsando programas de compostaje (a cargo de partidas económicas para una «economía circular»), promover la producción de piensos e insumos a nivel regional para crear autoabastecimiento o circuitos cortos, y recordar que el derecho a la alimentación será sólo un registro legislativo o un manifiesto inútil si la soberanía alimentaria no empieza por articularse, por tener su empuje social, desde la relocalización de los sistemas agroalimentarios. Para ello es necesario СКАЧАТЬ