Matrimonio y violencia doméstica en Lima colonial (1795-1820). Luis Bustamante Otero

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СКАЧАТЬ que se desenvolvía; vínculos parentales, amicales, laborales o políticos, y sobre todo conducta y trayectoria, entre otras consideraciones) estimaba haber ganado un lugar en la sociedad que ameritaba respeto, deferencia, reconocimiento y valía, es decir, honor. Es posible que las élites, más tradicionales, negaran este valor a los demás segmentos sociales, pero no es menos cierto que algunas de estas asumieron también su posesión y lo defendieron.

      Un aspecto que merece resaltarse al analizar la funcionalidad del honor en las experiencias de los hombres y mujeres de las ciudades hispanoamericanas coloniales fue su constante negociación. Las élites, el Estado, la gente común, evaluaban permanentemente quiénes poseían y quiénes no poseían honor, pues, como se afirmó anteriormente, este tenía una dimensión pública que dependía de la validación de los “otros”, es decir, de los pares sociales. La reputación del individuo era puesta a prueba continuamente en los espacios públicos, que constituyeron el escenario en donde el honor era “cuestionado, amenazado, ganado, perdido, e incluso recuperado” (Twinam, 2009, p. 64)⁷³. Esta situación revela, a su vez, el contraste que podía existir entre lo privado y lo público, ya que en este último ámbito podía construirse una imagen y una reputación diferente de la privada. Como afirma Cosamalón (2006), “el honor resulta un gran ‘juego’ a disposición de todos, pero que depende de qué tipo de jugador es cada miembro de la sociedad para reconocer sus limitaciones o posibilidades” (p. 266). En otras palabras, aunque el honor haya sido considerado por las élites como un patrimonio exclusivo de ellas, los demás sectores sociales asumían también su tenencia y luchaban por su reconocimiento dentro de las gradaciones jerárquico-corporativas y patriarcales de la sociedad; y si bien es claro que las élites contaron con mayores ingredientes o componentes para certificar su honor ante sus pares, los segmentos sociales intermedios y subalternos combatían también, dentro de sus posibilidades, por ser reconocidos e identificados como sujetos de honor. La pugna se tornaba especialmente visible en situaciones de conflicto, algunas de las cuales fueron examinadas y dirimidas en los estrados judiciales, escenarios en donde el honor pasó a ser vigilado, confirmado y defendido, como lo demuestran las múltiples investigaciones historiográficas respaldadas en materiales de carácter contencioso que daban cuenta de la necesidad de negar o reconocer entre los querellantes la existencia del honor. El uso de testigos, el manejo de medios probatorios documentales y las estrategias de los abogados dispuestos a manipular las representaciones sociales e imágenes confirman de qué manera era importante la reputación, la cual, por sus características, requería de la validación constante de los demás: el espacio público como escenario de reconocimiento, como campo de negociación.

      Si la reputación era gravitante, una persona debía estar preparada para defender su honor ante la opinión pública. El carácter “cara a cara” de los espacios urbanos coloniales hispanoamericanos, el ordenamiento jerárquico-corporativo y patriarcal de la sociedad, y el profundo sentido del honor inherente a este sistema exigieron su permanente validación e hicieron que este se experimentara no solo como vivencia individual, sino también colectiva, pues, como las personas eran parte de un grupo o “cuerpo”, lo acontecido al individuo afectaba positiva o negativamente a la entidad corporativa de pertenencia. Por ello, la defensa de la honra poseía un carácter primordial en el que, incluso, de ser necesario, se apelaba a la violencia; por lo mismo, la recurrencia a las instancias judiciales constituyó, muchas veces, una necesidad (Chambers, 2003, pp. 190-191).

      Las parejas casadas de todos los sectores sociales, especialmente quienes pertenecían a los grupos intermedios e inferiores, recurrieron con frecuencia a los juzgados para ventilar asuntos en los que estaba implicado el honor personal y de “cuerpo”. No se trataba solo de gente que lo hacía por cuestiones estrictamente laborales, en las que había necesidad de limpiar una honra mancillada o cuestionada; tampoco de quienes, aspirando a un determinado cargo público, requerían de certificados de legitimación para hacerse acreedores del puesto; o de quienes, habiéndose sentido zaheridos, exigían castigo para el ofensor y una reparación moral; o inclusive, de padres e hijas que, habiendo experimentado la pérdida de la virginidad de la doncella, instaban por el cumplimiento de la promesa matrimonial. Podían ser diversas las circunstancias que obligaban a las personas de uno y otro sexo a recurrir a los tribunales y, como tal, es preciso reconocer que entre ellas se encontraban también los conflictos conyugales. El honor inmerso en estos fue también, entonces, materia de disputa.

      En efecto, las desavenencias entre cónyuges, como se ha venido afirmando, condujeron a las parejas a los estrados judiciales. Todos los sectores sociales, pero especialmente los intermedios y los inferiores, recurrieron a los tribunales de justicia. Dado el carácter sacramental del matrimonio y la manifiesta influencia de la Iglesia en el acontecer de la vida pública y privada de la sociedad, las disputas entre cónyuges, cuando adquirían proporciones significativas, se ventilaban en el fuero eclesiástico, que contaba con los respectivos mecanismos de resolución de problemas, que iban desde la labor de consejo del párroco, pasando por los litigios comunes, hasta el uso del divorcio. La presencia de la justicia civil en estos casos era menor, mas no desdeñable y menos aún en el contexto del siglo XVIII, pues era posible que tales conflictos contuvieran aspectos patrimoniales, además del hecho de que algunos “delitos” involucrados en los litigios eran también punibles desde la perspectiva estatal.

      Por otra parte, se ha señalado que, independientemente de las causas que impelían a las parejas a acudir a los juzgados (las que aceptaba la legislación y las que no reconocía, pero que, en última instancia, podían pesar más que las otras), la conflictividad marital experimentó un crecimiento revelador en el transcurso del siglo XVIII, de la mano de la sevicia como factor preponderante. Este incremento se explica por los cambios experimentados por la estructura general de los espacios coloniales y, particularmente, por el influjo de las propuestas ilustradas que los monarcas borbones pretendieron implantar en Hispanoamérica. Estas consideraciones son importantes, pues, como se ha dejado entrever, si el honor era un ingrediente fundamental de las relaciones sociales en general, también lo era de aquellas enmarcadas en la perspectiva de género, incluyendo las concernientes a los vínculos entre esposos. En este sentido, los conflictos conyugales pueden ser “leídos” también como conflictos de género en donde interactúan representaciones y modelos que, al no adecuarse necesariamente al accionar real de la pareja, suscitan desencuentros y enfrentamientos que podían conducir a la violencia manifiesta o soterrada. El honor, en efecto, se inmiscuyó en la conflictividad conyugal y fue un componente sustancial de los diferentes dramas que maridos y mujeres expusieron en los tribunales de justicia. Estuvo presente en la sevicia, en el abandono, en el adulterio, entre otros problemas que se ventilaban normalmente. El análisis de estos no puede prescindir de las cuestiones de honor involucradas. Estos y otros asertos serán analizados más detenidamente en los siguientes capítulos, tomando como eje conductor al siglo XVIII, especialmente en su segunda mitad, puesto que los cambios experimentados por sociedades urbanas coloniales como la de la Ciudad de los Reyes, incluyendo el impacto del reformismo borbónico y de la Ilustración en general, harán posible entender mejor el aumento de la conflictividad marital judicializada, así como el valor que en esta presentó la sevicia durante los últimos lustros virreinales.

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