Exclusión, discriminación y pobreza de los indígenas urbanos en México. Jorge Enrique Horbath Corredor

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СКАЧАТЬ sus respectivos territorios. De esta forma, dentro de estas reformas están aquellas que reconocen la pluralidad étnica y lingüística. Como otros países, México ha estado impulsando reformas de tercera generación a partir del reconocimiento de su gran diversidad étnica; sin embargo -como veremos más adelante en este capítulo y en la segunda parte del informe mediante con la revisión del marco legal y las políticas públicas-aun están lejos de alcanzar un marco equitativo y justo para con los pueblos indígenas que lo integran.

      El Estado Neoliberal toma una nueva estructura basada en la reducción de su mismo aparato institucional y de la implementación de políticas sociales condicionadas a nuevos criterios, tales como la focalización, el asistencialismo y la descentralización.

      “La política social deja de tener una función integradora; mucho más que incorporar a la población de bajos niveles de ingreso a condiciones satisfactorias de empleo y de vida, apunta a impedir un mayor deterioro de la población que ya se encuentra en condiciones de pobreza, y presta asistencia a las víctimas del ajuste. No les ayuda a salir del pozo: trata de impedir que se hundan más” (Vilas, 1998: 117).

      Mediante la focalización se hace una diferenciación entre pobres y pobres extremos. Siendo los primeros capaces de afrontar las dinámicas de la economía, la política pública del Estado recae sobre los pobres extremos, que ya sea, por su escasez de recursos o por sus propias capacidades, son considerados en el grupo vulnerable de la sociedad. Los argumentos a favor de este criterio se basan en una mejor asignación del gasto estatal, mejora de la relación entre costo e impacto, y las posibilidades de evaluar la acción del Estado debido a la delimitación de la población atendida. La focalización entonces implica que las políticas sociales son selectivas; debido a la contracción de los fondos asignados a la política social, es necesario garantizar que éstos lleguen efectivamente a quienes deben llegar: los más pobres de los pobres. Esto significa que la focalización responde a la necesidad de confrontar la masificación de los problemas sociales con fondos recortados, se busca un uso eficiente de los recursos escasos. Uno de los objetivos claves de atender a los sectores más vulnerables es evitar que la pobreza extrema derive en tensiones sociales y políticas, por eso las acciones emprendidas a partir de la política social en el neoliberalismo buscan soluciones a corto plazo mediante: generación de empleos temporales, asistencia, capacitación laboral, apoyos productivos, infraestructura básica, complementos alimentarios, saneamiento, entre otros (Vilas, 1998).

      Por su parte, el asistencialismo consiste en la provisión de ciertos servicios sociales por parte del Estado a esa población focalizada, que en razón de su incapacidad para proveerse por sí mismos, necesita de la ayuda estatal. Cambiando el lenguaje de derechos por el de auxilios.

      Por último, la descentralización en un sentido negativo, es entendida como la forma del Estado para descargar y desviar las demandas sociales al ámbito local, a favor de la eficacia y la eficiencia financiera, quitándose así, la directa responsabilidad sobre el contenido de las políticas que emprende. La lógica que se siguió fue que la coordinación de la política social por un Estado centralista se prestaba a que los recursos y las atenciones llegarán a regiones que no los “necesitaban” en cuanto estos ya poseían recursos y potencialidades de desarrollo económico y social; de esta forma, uno de los argumentos centrales de la descentralización fue conseguir una mayor equidad, es decir, que la política social llegara a todos, aun a los de menores recursos y potencialidades, para así poder combatir la pobreza. Un segundo argumento para la descentralización fue que ésta fomentaba una participación más directa de las comunidades; se pensó en auspiciar una gestión más social de la política y no únicamente una gestión estatal, lo cual coincidía con las recomendaciones neoliberales de lograr que los pobres participaran en el alivio a la pobreza a través de lo que les quedaba: su fuerza laboral (Lerner Sigal, 1998). De cualquier forma, lo que significó la descentralización en varios países de América Latina fue el abandono de la responsabilidad del gobierno ante ciertos servicios que durante mucho tiempo fueron de su total atención.

La constitución del Estado-nación y las reformas en México

      El proceso de conquista y colonización dejó repercusiones de largo alcance en la estructuración de la sociedad mexicana: desde ese momento una línea racial constituyó los lazos de dominación como una frontera definida por el color de la piel que separaría a los oprimidos de las elites (Roux, 2005:66). De la colonización quedó el reconocimiento y la incorporación de las comunidades indígenas a la entidad política, proceso que las castellanizó y obligó a adaptar sus antiguas formas de producción comunal para fines que les eran ajenos. El resultado fue un híbrido, o como lo llama Echeverría (1998), un proceso de mestizaje cultural en el cual los grupos indígenas tuvieron que rehacerse, reestructurarse y reconstruirse mutuamente para poder integrarse.

      Además de configurarse mediante un largo ciclo de violencia agraria desatado en el siglo XIX, durante la revolución mexicana y en las conquistas y derrotas de las clases subalternas, el Estado mexicano se erigió por el proyecto liberal de reemplazar las tradiciones coloniales, construyendo otras reglas ajenas a las sociabilidades, mitos y representaciones colectivas.

“La construcción del Estado-nación mexicano no fue un proceso mecánico marcado por la delimitación tajante entre república de indios y republica liberal, sino uno más complejo, caracterizado por la adaptación liberal a socialidades antiguas y por la irrupción de éstas en el escenario en que se configuraba la comunidad estatal; el retorno a la antigua nación indígena, a la nación mexicana desplazada por la conquista, sería uno de los mitos fundadores de la identidad colectiva5, el mito del retorno a la nación original se volvió junto a la Virgen de Guadalupe un elemento de cohesión social”. [...] Tierra soberanía y nación, quedaron fijados como elementos constitutivos de la comunidad estatal, no solo por la resistencia de las socialidades comunitarias del mundo agrario que impuso el reconocimiento de los pueblos, sino porque la construcción del Estado nacional pasó por un despojo territorial y por la resistencia frente a poderes intervensionistas externos” (Roux, 2005:84).

      Con este contexto de fondo se construyó el primer proyecto de modernización con el fin de constituirse como nación y como república. Así se aniquilaron a los pueblos y se homogeneizó, jurídica, cultural y lingüísticamente una sociedad heterogénea, destruyendo la oligarquía agraria que se había posesionado anteriormente, rompiendo también los pilares corporativos heredados del orden colonial a partir de un proyecto nacionalista, anticlerical y agrarista. Esto supuso la realización simultánea de cuatro procesos: conservación de la integridad del territorio nacional; afirmación de la soberanía estatal; construcción de una esfera de lo público-estatal secularizada, arrancando a la iglesia del poder sobre los asuntos que competen a los ciudadanos y la construcción de una relación estable de mando-obediencia.

La segunda oleada modernizadora estuvo envuelta en la reestructuración del capital del último cuarto del siglo XIX, que abarcó un proceso de reorganización estatal de la economía y un intento de cambiar el modo de dominación política, transformando a fondo los ámbitos productivos y financieros y provocando, a su vez, dislocaciones sociales y mutaciones culturales. Este proyecto de modernización quebró los soportes de la cohesión política en varios niveles y de la relación mando-obediencia expresada en la resistencia en dos terrenos: en la rebelión campesina y en la exigencia de una modernización con democratización expresada en la rebelión urbana.6

      La revolución y otros conflictos posrevolucionarios que atravesaron todo el siglo XIX, tuvieron que ver con la reconfiguración interna de la sociedad mexicana y una nueva reordenación del Estado posterior a la reorganización del conflicto armado. La disputa jurídica sobre el artículo 27 y, en particular, sobre la propiedad nacional de la tierra y el petróleo fueron algunas de sus expresiones. De este periodo sociopolítico, quedó promulgada la constitución de 1917 que expresó СКАЧАТЬ