Desde la capital de la República. AAVV

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СКАЧАТЬ GUERRA A CATALUÑA

      El desenlace de los enfrentamientos de mayo significó un importante retroceso político de la CNT, que ella misma agravó al negarse a formar parte del nuevo Gobierno de la Generalitat, constituido al acabar el mes de junio y en el que ERC y el PSUC quedaron frente a frente. Como sucediera en diciembre, aunque existía por parte del PSUC, de los republicanos y de la dirección nacional de la CNT la convicción de la responsabilidad anarquista en la rebelión de mayo, ésta no fue reconocida oficialmente para no agravar la quiebra que se había producido en el campo antifascista; y, entonces se encontró en el POUM el chivo expiatorio sobre el que atribuir esa responsabilidad, lo que dicho partido facilitó con su imprudente comportamiento político durante los enfrentamientos de mayo, instando a apoyarse en los alzados en armas para promover un cambio de gobierno. La ilegalización del POUM no fue la consecuencia fundamental de los sucesos de mayo, sino una derivada, que culminó en el secuestro y asesinato de Nin por agentes soviéticos, actuando por propia cuenta y, a pesar de la complicidad obtenida por parte de determinados policías republicanos, sin el conocimiento del Gobierno de la República, que ya era el encabezado por Negrín. El asesinato de Nin no ilumina las consecuencias de la rebelión de mayo, de la misma manera que esta no se explica por la actuación del POUM.

      La consecuencia fundamental fue la derrota de lo que había impulsado la rebelión, la heterogénea fronda anarquista, y la definitiva reafirmación de la autoridad institucional, inicialmente pactada en septiembre/octubre de 1936, que aquella fronda había impugnado y puesto en peligro. Que no se exigieran responsabilidades generales a la CNT por los sucedido evitó que esta organización sufriera un quebranto importante; solo algunos de los que en el pasado se habían destacado por sus comportamientos de violencia en la represión de la retaguardia, o en la rebelión de mayo, o los que se empeñaron –sobre todo entre las juventudes libertarias– en mantener su oposición armada, ahora forzosamente pasiva a la espera de una nueva oportunidad insurreccional, fueron objeto de represión gubernamental, que se tradujo más adelante en un trato judicial notablemente indulgente. No obstante, esos sectores que seguían contemplando el levantamiento y los que, simplemente, rechazaban la colaboración gubernamental presionaron sobre el conjunto de la CNT catalana, consiguiendo lo que no había producido su exoneración de hecho: que tras poner dificultades al mantenimiento de la CNT en el Gobierno de la Generalitat, acabaran rechazando seguir en él, con el pretexto de que Companys se había extralimitado al incluir en el nuevo ejecutivo a una persona independiente, de su confianza personal –Bosch Gimpera– en contra del criterio anarquista. Esta vez la presión anarquista no fue capaz de seguir bloqueando la situación ni desestabilizando la solución institucional y solo tuvo un efecto boomerang, dejando fuera a la CNT del ejecutivo que había de perdurar hasta el fin de la guerra. De esa decisión, abiertamente criticada por el Comité Nacional de la CNT, se arrepintió muy pronto el Comité Regional de Cataluña, que a la vuelta del verano pasó a reclamar su reincorporación al Gobierno de la Generalitat, en vano ante la oposición a ello del PSUC y de una parte de los republicanos que desconfiaban de ese retorno, entre ellos el propio Companys.

      La nueva situación política quedó determinada por la relación entre ERC y el PSUC, que después de mayo pasaron a confrontar, en el debate político y en la gestión gubernamental, sus propias posiciones. El PSUC mantuvo su propuesta de revolución popular y ahora pasó a estar en condiciones de desarrollarla de manera concreta en el ámbito de las transformaciones sociales, al pasar a ocupar Comorera la Consejería de Economía que desde septiembre de 1936 habían ocupado los anarquistas; a su frente, el PSUC se dedicó a desarrollar el espíritu y la letra del pacto del decreto de colectivizaciones, impulsando la parte de intervención institucional contemplado en él, que la CNT había obviado. Por otra parte, el PSUC propuso completar el panorama de transformaciones sociales mediante la municipalización general de la vivienda y una ley reguladora de la explotación campesina que defendía la explotación familiar, aunque con límites, para evitar el surgimiento de una nueva burguesía agraria, un nuevo sistema de explotación cooperativa entre propietarios y asalariados, el carácter voluntario de las colectivizaciones, y una redistribución de la posesión de las tierras para mejorar la situación del campesinado más pobre.

      Por el contrario, ERC hizo una revisión crítica del proceso de transformaciones revolucionarias iniciado en julio de 1936, postulando una «rectificación liberal», la congelación de nuevas medidas de transformación social, e incluso una posible revisión de los decretos de colectivización para mejorar la situación de la minoritaria propiedad privada; «rectificación liberal» que había de acompañarse con la reorientación de las prioridades en la relaciones exteriores en beneficio de un mayor acercamiento al gobierno francés y británico. Ni uno ni otro consiguieron la mayor de sus premisas: ERC boicoteó la municipalización de la vivienda y las propuestas agrarias del PSUC, y éste no permitió, con el apoyo en esta cuestión de la CNT, ninguna rectificación sobre el decreto de colectivizaciones. La proyección de la «rectificación liberal» al ámbito de la política exterior, por otra parte, resultó una quimera como consecuencia de la naturaleza de las posiciones de los gobiernos francés y británico sobre la guerra y la evolución de ésta.

      La restauración de la autoridad institucional y la recomposición política post-mayo se vieron acompañadas con la plena introducción de Cataluña, de la población catalana, en la dinámica de guerra. La movilización de las quintas hizo que la guerra dejara de ser cuestión de voluntarios y generalizó sus trágicas consecuencias por toda la geografía catalana. Además, como consecuencia de la dinámica general del conflicto, en el verano de 1937, se activó el frente de Aragón con sucesivas acciones republicanas que perseguían reducir la presión de los sublevados sobre el frente del norte. No pudo conseguirse y, por el contrario, el combate de ejércitos empezó a aproximarse a tierras catalanas. Además, Cataluña empezó a ser objeto recurrente de bombardeos por parte de la aviación de los sublevados, que generalizaron el terror entre sus ciudades, muy particularmente en Barcelona, que padeció los ensayos de castigo de la población civil por parte de la aviación italiana. La muerte llegó desde el frente y desde el aire, y se sumó un creciente deterioro del suministro de abastecimientos y su encarecimiento por el bloqueo impuesto contra la República por Hitler y Mussolini, ante la condescendencia franco-británica, que no solo afectaba a los transportes de equipo militar sino también a los de alimentos o material combustible.

      La total implicación de Cataluña en la guerra quedó subrayada y potenciada por el traslado del Gobierno de la República a Barcelona, al acabar el mes de octubre de 1937; traslado que, por otra parte, incrementó las tensiones entre ambos gobiernos por cuestiones de competencias y entre los partidos catalanes por su grado de identificación con la política de resistencia de Negrín, compartida por el PSUC, pero no por ERC, inclinada a perseguir soluciones de mediación internacional y alto al fuego, en la línea de las deseadas por Azaña. Paulatinamente, a partir de finales del otoño de 1937, las divisiones sobre el desarrollo de la guerra y la política militar y exterior que había de seguirse se fueron imponiendo sobre las que se habían producido en el pasado acerca de las transformaciones revolucionarias.

      Por otra parte, la recuperación de competencias por parte del Gobierno de la República y la centralización de las políticas de guerra, también las del abastecimiento de la población, reforzadas por su instalación en Barcelona, generó un nuevo frente de conflicto sobre la gestión de la producción de guerra y, sobre todo, de los precios y el consumo urbano de subsistencias, que enfrentó parcialmente al PSUC con el Gobierno Negrín –en esos ámbitos sobre todo, no de una manera general–, abriendo una brecha en el seno del frentepopulismo. La política de tasa de precios impulsada por el Gobierno de la República, para proteger el consumo de las poblaciones urbanas castigadas por la carestía y el encarecimiento, repercutió negativamente en el productor campesino, que sintió que no se le remuneraba equitativamente, sumándose ese sentimiento de agravio al de que las levas desorganizaban sin paliativos el ciclo de explotación agraria; el campesinado, incluidos sus sectores populares (antiguos arrendatarios, pequeños propietarios), fue distanciándose de la defensa de la República y derivando su producción hacia un mercado negro favorecido por esa política de tasas, que la respuesta judicial y policial no pudo neutralizar.

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