Ciudadanos, electores, representantes. Marta Fernández Peña

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СКАЧАТЬ de opinión a la hora de llevar a la práctica dichas ideas, lo cual dio lugar a fértiles debates parlamentarios, especialmente en los meses previos a la promulgación de los diferentes textos constitucionales. Sin embargo, había grupos sociales que no estaban representados en el Parlamento, como los campesinos o los artesanos, así como también se echaba en falta la presencia en el Congreso de los grupos étnicos mayoritarios. Esto se debía a que en la composición de la Asamblea entraba en juego el principio de distinción, por el cual se partía del convencimiento de la existencia de una diferencia fundamental y «natural» entre los representantes y el resto de la población.

EL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LAS CÁMARAS LEGISLATIVAS

Una vez que conocemos cómo se configuraron las diferentes asambleas que ejercieron el poder legislativo en Ecuador y en Perú durante la década de los sesenta, llega ahora el momento de atender también al modo de funcionamiento de las Cámaras. Para ello, resulta necesario acudir a los reglamentos de debates que regularon el modo de comportamiento de los representantes en las asambleas. Y es que, además de cumplir determinadas calidades personales como criterios de elegibilidad, los representantes debían seguir ciertas normas a la hora de ejercer su acción política en el Parlamento. En este sentido, el ecuatoriano Miguel Uquillas recordaba «la premiosa necesidad de formar o adoptar un reglamento que dirija los debates y organice el interior de las Cámaras».³⁹ El correcto comportamiento de diputados y senadores quedaba fijado, para el caso de Perú, en el Reglamento interior de las Cámaras legislativas, que a pesar de que había sido promulgado en 1853, seguía vigente para el periodo que nos ocupa.⁴⁰ Por su parte, en el caso de Ecuador, tanto la Asamblea de 1861 como la de 1869 tuvieron que atenerse a las normas establecidas en el reglamento que rigió en la Convención de 1850, si bien cada una de ellas presentó algunas modificaciones.⁴¹

Estos reglamentos, junto a otras disposiciones legislativas, establecían que los representantes debían concurrir obligatoriamente a las sesiones parlamentarias –que tendrían lugar diariamente, a excepción de los domingos y festivos–, pudiendo perder el derecho a dietas o incluso los derechos de ciudadanía si incumplían esta norma.⁴² De hecho, el reglamento peruano incluso imponía la necesidad de pasar lista al comienzo de cada sesión, anotándose el nombre de los representantes que no estuvieran presentes para publicarlo posteriormente en los periódicos. Además, se establecía que si la ausencia de un representante se prolongaba por más de ocho días sin causa justificada, podían ser reemplazados temporalmente: aquí recaía la importancia de elegir diputados y senadores suplentes. No obstante, los discursos parlamentarios ponen de manifiesto que, aunque estaba mal considerado, el absentismo de muchos representantes de las Cámaras parlamentarias era una constante: «Desgraciadamente estamos tropezando todos los días con los inconvenientes que provienen de la inasistencia de algunos representantes», afirmaba el peruano Rodríguez en 1868.⁴³ Un buen ejemplo se podía encontrar el 26 de abril de 1867, cuando la sesión parlamentaria tuvo que suspenderse porque no había el cuórum suficiente. Ante dicha situación, el presidente del Congreso, junto a los representantes que sí habían asistido, enviaron el siguiente comunicado a todos los que habían faltado:

Por orden del señor Presidente, y con acuerdo de los señores diputados presentes, tenemos el honor de dirigirnos a US. haciéndole presente, que por su inasistencia no ha habido sesión en la noche de hoy, a pesar de habérsele esperado hasta las nueve y media, causando con esta conducta la paralización de los trabajos parlamentarios.⁴⁴

Por situaciones como estas, el representante ecuatoriano Borrero exigía en 1864 que «debieran tomarse en consideración algunas excusas que varios diputados hacían para no concurrir a la presente legislatura extraordinaria, y examinar si tenían o no causales justas que impidieran su concurrencia, a fin de exigirles su responsabilidad en caso que no las tuvieran». Entre estas excusas se encontraban, por ejemplo, el haber sido nombrado con otro cargo incompatible con la función pública –en cuyo caso había que estudiar detenidamente la fecha en la que esto había ocurrido–, o el encontrarse enfermo –si bien en este caso era necesario presentar documentos justificativos de al menos dos profesionales médicos–.⁴⁵

En Ecuador, a lo largo de toda la década de 1860 hubo largos debates sobre las excusas de diputados que no se presentaban en el Parlamento. Sobre este tema, el representante Moral afirmaba que «negarse a concurrir a las sesiones sin causa justa, y solo porque sus opiniones no están de acuerdo con el decreto de convocatoria o de elecciones, equivale a un acto de verdadera deserción».⁴⁶ Así, la inasistencia de los parlamentarios a las cámaras se consideraba un acto contrario al patriotismo del que debían dar muestras. De hecho, en este país se llegó a crear una «comisión de excusas y renuncias» para analizar los motivos aportados por aquellos representantes que no concurrían a las sesiones parlamentarias, y dirimir su aprobación o rechazo. Para ello, los miembros de la comisión tenían en consideración el artículo 106 de la Ley de elecciones de 1863, que establecía los supuestos en los que se permitía la ausencia de los representantes de las sesiones o incluso el rechazo de un cargo para el que habían sido elegidos. Entre ellos, se señalaban la «calamidad doméstica» –es decir, la muerte o enfermedad grave de los familiares cercanos–, el impedimento físico o el haber cumplido sesenta años.⁴⁷ Así, por ejemplo, en 1865 se rechazó el certificado médico presentado por el representante Miguel Salvador, ya que se entendía que su enfermedad no era «aguda ni continua, sino crónica» y además no estaba «comprobada sino por el dictamen de un solo facultativo».⁴⁸

      También en Perú era común, por parte de los diputados ausentes, la presentación de diferentes excusas que motivaban su incomparecencia en el Parlamento. Por ejemplo, el diputado Agustín González pedía en 1861 que se le ampliara la prórroga que ya le había sido concedida para gozar de unos días de licencia por encontrarse enfermo:

No habiendo conseguido el completo restablecimiento de mi salud, por cuyo motivo la H. Cámara se dignó concederme licencia de treinta días que deben cumplirse dentro de poco, me dirijo a USS. para que deban hacerle presente esta circunstancia, a fin de que se digne también concederme una prórroga de veinte días, cuyo tiempo creo suficiente para ponerme en estado de regresar, y de incorporarme al H. cuerpo al cual tengo el honor de pertenecer.⁴⁹

Por su parte, el senador José Silva Santisteban, normalmente presente en los debates parlamentarios –de hecho era uno de los que más a menudo tomaba la palabra en las cámaras–, se mostraba airado ante la publicación, a su parecer «indebida», en el periódico El Comercio de una lista de representantes que no habían acudido a una sesión extraordinaria, entre la que se encontraba su nombre. Afirmaba que su inasistencia se debía a que ignoraba la convocatoria de dicha sesión extraordinaria, y añadía que «no hay obligación de concurrir a las sesiones extraordinarias sin previo aviso», a no ser que se fuera a tratar un asunto grave o urgente, en cuyo caso «se hace llamar a los individuos de las Cámaras por medio de los ayudantes, que para eso se les paga gratificación de caballo». Para finalizar, concluía su argumentación con las siguientes palabras: «En cinco años que llevo de Representante, no he faltado jamás a ninguna sesión ordinaria ni extraordinaria. ¿Podrán decir otro tanto los que han mandado publicar la lista?».⁵⁰

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