Alcance y aplicación del principio de eficacia directa. Juan Sebastián Pachón Guerrero

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      De esta forma, lo anteriormente mencionado toma vigencia en el sentido de que, cuando el artículo 169 del Tratado de la Unión Europea faculta a la Comisión y a los Estados parte para demandar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a aquel Estado que no haya cumplido sus obligaciones, enfatiza el Tribunal que ello no impide que los particulares puedan invocar dichas obligaciones ante el juez nacional; así como también, cuando el mismo artículo citado indica que el Tratado facilite a la Comisión medios para garantizar el respeto de las obligaciones impuestas a sus sujetos pasivos, ello “no excluye la posibilidad de que en los litigios entre particulares ante el juez nacional se denuncie la violación de dichas obligaciones”⁷⁵.

      De manera similar, se consagra en el artículo 170 del Tratado de la Unión Europea a la comisión como aquel órgano encargado para el respeto de las obligaciones del derecho comunitario. Al respecto, puntualiza el Tribunal que ello no imposibilita que estas violaciones sean alegadas por los particulares ante el juez nacional⁷⁶.

      En definitiva, el principio de eficacia directa es más ostensible aún en la aplicación del derecho emanado de los órganos comunitarios. Así se evidencia a partir del asunto en el que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea prohibió al Estado italiano ciertas prácticas consistentes en reproducir determinadas disposiciones del derecho comunitario en sus leyes o decretos nacionales, a fin de modificarlas o simplemente para disimular ante los particulares la naturaleza comunitaria de dicha normativa⁷⁷.

      Ultimado lo anterior, es momento de observar el diverso grado de vinculación al que se encuentran clasificados los diferentes actos del derecho comunitario, para ello es de especificar que en el caso del derecho comunitario europeo los reglamentos dirigidos a los particulares tienen un grado de eficacia directa de carácter completo. Así lo estipulaba el artículo 189 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, en el cual se consagró que el reglamento tenía un alcance general y obligatorio en todos sus elementos, por ende, era directamente aplicable a cada Estado miembro, ya que por su naturaleza y su función en el sistema de fuentes del derecho comunitario produce efectos inmediatos⁷⁸.

      Es así como a partir de lo dispuesto para el reglamento el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea ha venido afirmado el beneficio de la aplicabilidad directa respecto de las Directivas y de las Decisiones⁷⁹, siendo este tipo de normativa de derecho comunitario un conjunto de disposiciones en virtud de las cuales los particulares no quedan directamente obligados hacia el Estado parte, pero pueden invocarlos frente a este último cuando no los lleve a la práctica dentro del plazo estipulado; inclusive, dicha normativa puede ser exigida en el supuesto de que las disposiciones nacionales no se acomoden al mandato de lo ordenado en la referida Directiva o Decisión⁸⁰.

      En este sentido, mediante la figura 1 se detallan las características con las que cuentan los diferentes tipos de actos normativos emitidos por la organización de integración europea en la materia.

      En este contexto, conforme a que las Directivas en el derecho comunitario europeo presentan unas características muy peculiares y lo mismo sucede con las decisiones dirigidas a los Estados miembro, es de indicar que estos actos de las instituciones comunitarias, además de fijar obligaciones a los Estados destinatarios, reservan la adopción de medidas nacionales para su aplicación, es decir, fijan una meta o un resultado por conseguir y dejan en libertad al Estado para que elija los medios más adecuados para lograr el objetivo⁸¹.

      Aparte de ello, también debe tenerse en cuenta la actitud que ha tomado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, órgano que mediante sus prácticas judiciales concretas se ha enfocado en consolidar una serie de actos que surgen en el marco de la administración de justicia de los ordenamientos jurídicos de los Estados, ello con la finalidad de promover en el mayor grado posible el respeto por el derecho comunitario y llevar este a un nivel más práctico respecto de los operadores singulares de los Estados frente a las novedades concretas del derecho comunitario⁸².