Cafés con el diablo. Vicente Romero

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СКАЧАТЬ No causaba heridos, ya que la sobrepresión de 70 kilogramos por centímetro cuadrado que producía reventaba instantáneamente los pulmones de cuantos estuviesen a su alcance.

      Las cortadoras de margaritas descansaron en los arsenales yanquis hasta la primera Guerra del Golfo en 1991, cuando se echó mano de once unidades en cinco misiones nocturnas. Volvieron a aparecer en Afganistán, en noviembre y diciembre de 2001, especialmente durante los combates de Tora Bora. Y finalmente fueron retiradas del catálogo castrense en 2008, para ser reemplazadas por una versión más perfeccionada: la GBU-43 B MOAB. La última unidad no llegó a ser desmontada. El Escuadrón de Operaciones Especiales de Duke Field, perteneciente al Ala de Opera­ciones Especiales 919, pasó un buen rato dejándola caer sobre un campo de maniobras el 15 de julio de 2008. La fauna y la flora del estado de Utah fueron sus últimas víctimas.

      La represión olvidada

      El cine y la televisión nos han mostrado profusamente las atrocidades de las Fuerzas Armadas norteamericanas en la guerra de Vietnam. Los documentales repiten una y otra vez las imágenes del horror: bombardeos con napalm, aldeas arrasadas, desplazamientos masivos de población, combates en la jungla, rostros aterrorizados… Los artículos y libros de Historia insisten en la publicación de datos tan conocidos como imposibles de asimilar: las cifras de muertos, de mutilados, de huérfanos; la cantidad de toneladas de explosivos y munición empleados; la evaluación de daños materiales… La crueldad derrochada se cuantifica a partir de las acciones bélicas y los daños sufridos por la población civil de los territorios en disputa. Pero los crímenes políticos cometidos en la retaguardia suelen quedar en el olvido, opacados por la apabullante magnitud de la barbarie militar en los frentes de combate.

      En su «empeño por defender la libertad», los Estados Unidos impulsaron en Vietnam del Sur un régimen autoritario que ejerció una represión implacable al amparo de un aparato legislativo de difícil parangón, y que también causó centenares de miles de víctimas. La ausencia de los derechos más elementales, el atropello de las garantías básicas de la democracia y la burla de las mínimas normas de convivencia civil quedaron reflejados en unas leyes dictadas a la medida de los centuriones que afirmaban luchar contra la opresión comunista. Y sirvieron para que los crímenes de guerra cometidos en los frentes de combate se correspondieran en la retaguardia con una estructura policial de idéntica naturaleza, cerrando el último círculo de los infiernos vietnamitas.

Un somero examen de la legislación promulgada en Vietnam del Sur bajo el dominio norteamericano sirve para describir el horror desatado sobre la población civil, en un régimen que consideraba delito la «simpatía pasiva» por ideologías y organizaciones proscritas. Los tapujos acabaron en 1966, cuando se aprobó el encarcelamiento de cualquier ciudadano por decisión administrativa, sin necesidad de pruebas ni formulación de cargos en su contra, por periodos de dos años renovables sin limitación[6]. Más tarde, durante la etapa en que Nguyen Van Thieu se aferró al poder tras completarse la retirada de las fuerzas norteamericanas en marzo de 1973, la represión se endureció ante el continuo retroceso sudvietnamita en todos los frentes. Dos meses antes fueron promulgados los famosos «diez puntos de Thieu» previos a los acuerdos de París –que valieron el Premio Nobel de la Paz a Henry Kissinger y Le Duc Tho–, pero se quedarían en históricos papeles mojados[7]. Su texto no estimulaba precisamente ­el clima de entendimiento necesario para una tregua, ya que, frente al compromiso firmado sobre liberación de prisioneros, autorizaba el fusilamiento inmediato de cuantos uniformados intentasen desertar o resultaran sospechosos de complicidad con el enemigo, así como de civiles que participaran en disturbios, se resistieran al ser detenidos o simplemente huyeran de las regiones donde estaban asentados. Además, se establecía la corte marcial con pena de muerte para quienes utilizaran billetes del banco nacional norvietnamita, simpatizaran con el comunismo o se mostrasen partidarios de la neutralidad. Todo ello acompañado del arresto inmediato de cualquier participante en actos de propaganda o alteración del orden.

      En ese absurdo marco jurídico actuaban de modo implacable numerosos organismos policiales, desarrollados e incrementados a lo largo de la guerra. El Gobierno de Saigón utilizaba cuatro instrumentos principales en el ámbito civil y uno en el castrense:

      • La Policía Nacional, dependiente del Ministerio del Interior, que se encargaba de mantener el orden público, impedir reivindicaciones sociales y perseguir a los desertores. Pasó de contar con 16.000 hombres en 1963 a 90.000 en 1971, llegando a superar los 145.000 efectivos antes de la retirada nor­teamericana.

      • La Policía Especial (Nacional Police Field Force), dotada con 20.000 agentes, era una derivación de la anterior. Entrenada y asesorada por oficiales estadounidenses, estaba concebida como un «FBI vietnamita». Disponía de tres centros de detención y una prisión propia, además de diez locales para interrogatorios, con cinco torturadores especializados en cada uno. No solía operar fuera de la capital.

      • La Policía Activa (Hoat Vu), unidad autónoma de la Policía Especial, encargada de las detenciones masivas. Sus 800 agentes fijos y 200 eventuales, distribuidos entre ocho oficinas en Saigón, recibían órdenes directas del Departamento de Inteligencia del Ejército sudvietnamita y de las denominadas «Fuerzas Especiales» del US Army.

      • La Policía Secreta (Mat Vu) actuaba de modo clandestino, al margen de los servicios oficiales, bajo la autoridad exclusiva del presidente Thieu. Gozaba de impunidad absoluta para eliminar prisioneros.

      • La Seguridad Militar (An Ninh Ouan Doi), también conocida con el nombre francés de Deuxième Bureau, dependía del Estado Mayor del Ejército. Su función primordial consistía en vigilar y detener a civiles radicados cerca de instalaciones militares y frentes de combate. También recurría a mutilaciones.

      A estas cinco entidades se sumaban dos poderosos grupos parapoliciales, entrenados y financiados por el Ministerio del Interior: la Milicia Popular (Tioi Bao Ga) y la Guardia Civil (Oan Ve). La primera, compuesta por muchachos entre doce y dieciséis años fuertemente armados, era el mayor azote de los movimientos estudian­tiles. La Guardia Civil se dedicaba a extender el terror en zonas rurales, mediante voluntarios que empleaban armamento ligero y granadas de mano. Para compensar su bajo sueldo, se les permitía el pillaje. Podía hacer detenidos y torturarlos, con la única limitación de acabar entregándolos a la Policía Nacional.

Las organizaciones humanitarias fracasaron en sus propósitos de denunciar los crímenes de Estado con datos exactos y probados. Las leyes sudvietnamitas impedían establecer con precisión el número de víctimas, ya que facilitaban el enmascaramiento de actividades políticas pacíficas y de reivindicaciones sociales o sindicales como delitos comunes. Incluso los campesinos desarmados, que eran acusados de proporcionar información o alimentos a las fuerzas enemigas, se consideraban prisioneros de guerra en vez de presos políticos. Además, la maltratada población penal sudvietnamita acusaba una elevada mortandad, incrementada mediante la liquidación de indeseables, práctica secreta que el católico presidente Thieu desveló el 24 de octubre de 1972, en el contexto de constantes rumores sobre matanzas efectuadas en distintas cárceles como Poulo Condor, Phu Quoc y Chi Hoa[8].

      Aun así, del propio seno del régimen surgieron testimonios esclarecedores: el senador Ngo Cong Duc cifró en más de un millón los detenidos durante los años más duros de la guerra, cantidad que parece desmesurada pero fue confirmada por un deslenguado hijo de Thieu, que se jactaba del récord mundial de 40.000 arrestos efectuados en un plazo de sesenta días. Las cuentas estatales también resultaban reveladoras, como el presupuesto del Senado para 1973, que preveía la alimentación de 400.000 presos, tras haber contado el año anterior con una ayuda estadounidense de 627.000 dólares para tal finalidad.

      Políticamente invisibles, los centuriones norteamericanos se mantuvieron siempre en la trastienda de la represión política en Vietnam del Sur. Cuando se consumó la retirada total de sus tropas, Washington mantuvo un nutrido cuerpo de consejeros destinados a garantizar el funcionamiento de los centros de poder político y militar claves para СКАЧАТЬ