Tejiendo un nuevo rostro público. Darío López

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СКАЧАТЬ y la justicia se impongan sobre la arbitrariedad e impunidad, que han sido moneda corriente en todos estos años.

      1.2. La detención arbitraria de Agripino Quispe

      El 14 de julio de 1985 en la ciudad de Huancavelica fue detenido arbitrariamente el pastor evangélico Agripino Quispe Hilario (Paz y Esperanza 1988:1). La Policía de Investigaciones de ese entonces lo acusó, sin mayores pruebas, del delito de terrorismo. Además, como se acostumbraba en ese tiempo, las autoridades civiles y policiales negaron en un primer momento su detención. Sin embargo, debido a la insistencia del conep, que trataba de averiguar el paradero de este pastor evangélico, finalmente, se logró ubicarlo en un penal de Huancavelica (Paz y Esperanza 1988:1).

      A pesar de que la inocencia de Agripino Quispe fue avalada por organizaciones de derechos humanos de mucho prestigio como Amnistía Internacional, que lo declaró preso de conciencia en 1988, el conep y la comunidad campesina de Santa Bárbara, de la cual este pastor evangélico era miembro, y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Agripino Quispe fue condenado a seis años de prisión, el 1 de setiembre de 1987, por el tribunal Correccional de la Corte Superior de Huancavelica. Una decisión que fue corroborada el 1 de agosto de 1988 por la Segunda Sala de la Corte Suprema, que declaró no haber nulidad en la sentencia.

      Cuando el conep tuvo conocimiento de la decisión de las autoridades judiciales, en un pronunciamiento público emitido el 2 de octubre de 1988, expresó que «[...] el Estado tenía el deber de administrar justicia y garantizar la honra y los bienes de todos los ciudadanos». En ese mismo pronunciamiento público manifestó, además, que «[...] se cometía una gran injusticia al condenar al pastor Agripino Quispe a seis años de prisión, a pesar de que los cargos imputados fueron desvirtuados por numerosas pruebas que se otorgaron a su favor, y de la intercesión de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos» (López 1998:247–248). Finalmente, un año después, como resultado de todo el esfuerzo realizado tanto por el conep como por otros organismos de derechos humanos, este pastor evangélico fue puesto en libertad el 11 de octubre de 1989 (López 1998:250).

      Lo que se tiene que resaltar de esta experiencia en el campo de la lucha por los derechos humanos en un marco temporal de violencia subversiva y represiva, es que en esos años, la liberación de Agripino Quispe fue uno de los pocos casos en el que se logró que un inocente sentenciado por el delito de terrorismo quedara libre antes de cumplir la condena impuesta por los tribunales. La lección que de allí se deriva es que la conjunción de esfuerzos de los activistas en derechos humanos, más allá de su filiación religiosa y orientación política particular, tiene, a la larga, resultados que coadyuvan al fortalecimiento de la sociedad civil como un actor valioso para la defensa del Estado de Derecho y para la consolidación de la democracia en situaciones políticas límites, como fue la guerra interna que se dio en el Perú.

      1.3. La detención-desaparición de Manuel Meneses y Félix Inga

      Manuel Meneses Sotacuro y Félix Inga Cuya, dos jóvenes evangélicos, fueron detenidos y, posteriormente desaparecidos, por miembros de las Fuerzas del Orden, el 20 de mayo de 1991 en la ciudad de Huancayo (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos 1991:4). Los testigos de este caso de violación del derecho a la libertad y la vida de dos indefensos ciudadanos, manifestaron que personal de la Policía de Seguridad los introdujeron violentamente en una camioneta de la Empresa de Telecomunicaciones (entel Perú), y que los llevaron al puesto policial de Millotingo (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos 1991:4).

      Cuando las autoridades del conep fueron informadas de la detención-desaparición de estos dos jóvenes evangélicos, presentaron de inmediato varios recursos de habeas corpus ante las autoridades competentes con el apoyo de otras organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, las autoridades policiales y militares negaron en todo momento haber detenido y posteriormente desaparecido a Manuel Meneses y Félix Inga. Argumentaron que el 20 de mayo de 1991, aproximadamente a las 8 de la mañana, personal de la Policía de Seguridad detuvo a dos individuos vestidos con ropas civiles que fueron identificados como dos soldados del Ejército Peruano (López 1998:260–2619).

      Al conocer esta respuesta de las autoridades policiales y militares, en un documento interno del conep se mencionaba que era demasiada coincidencia que a la misma hora, con iguales características y similares circunstancias que en la detención de Manuel Meneses y Félix Inga, se afirmara que la Policía de Seguridad había detenido a dos militares vestidos con ropa civil (Regalado 1991:1). Lo que al parecer ocurrió, según este documento del conep, fue que estos dos jóvenes evangélicos fueron detenidos arbitrariamente, les cambiaron de identidad y los pusieron a disposición del Ejército (Regalado 1991:1). En realidad, se trataba de una práctica bastante común en zonas de emergencia como las de Huancayo, en las cuales la detención y posterior desaparición de presuntos terroristas no era nada extraño en esos años.

      En dos pronunciamientos públicos, del 7 de junio y del 28 de julio de 1991 respectivamente, el conep expresó su punto de vista sobre este caso de detención arbitraria y posterior desaparición de dos ciudadanos evangélicos. En su pronunciamiento público del 7 de junio, indicando que reprobaba la indolencia e ineficacia mostrada por las autoridades llamadas a hacer respetar la ley y los derechos ciudadanos, manifestó lo siguiente:

      Demandamos al gobierno y a las autoridades correspondientes a asumir una actitud responsable frente a estos hechos y a otros que a diario se viven. A ellos les decimos, vuestro silencio e indiferencia ante la impunidad con que actúan los que violan los Derechos Humanos, les hace cómplices y violentan los principios democráticos y constitucionales que ustedes están llamados a defender con celo [...].

      Un poco después, en su pronunciamiento público del 28 de julio, el conep expresó su opinión sobre este caso de violación de derechos humanos, con estas palabras:

      Condenamos la detención y desaparición de nuestros hermanos Manuel Meneses Sotacuro y Félix Inga, perpetrado por efectivos de la Policía Nacional y del Ejército, el pasado 20 de mayo en la ciudad de Huancayo. Exigimos aparezcan con vida así como se dé una explicación y sanción ejemplar a los responsables de estos hechos [...].

      Pero, no se limitó sólo a los pronunciamientos públicos. Denunció también este caso de detención-desaparición ante organismos internacionales como el Consejo Mundial de Iglesias, la Organización Mundial contra la Tortura, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. En otras palabras, el conep utilizó todas las vías legales y extralegales permitidas en ese tiempo, para defender el derecho a la vida de dos miembros de la comunidad evangélica.

      Sin embargo, como ocurrió con muchos casos de detención arbitraria y posterior desaparición de ciudadanos durante los años de violencia política, los culpables nunca fueron sancionados, a pesar de todas las evidencias que no dejaban dudas sobre la responsabilidad de policías y militares. Más aún, hasta la fecha, Manuel Meneses y Félix Inga forman parte del contingente de ciudadanos peruanos cuyo paradero es desconocido y que están considerados como parte del “costo social” de la guerra interna que enlutó a miles de hogares. Entre ellos, decenas de hogares evangélicos que todavía esperan conocer el lugar en el que fueron enterrados sus familiares y que, mientras tanto, siguen clamando para que la verdad y la justicia sean más que meras promesas electorales o dispositivos legales que difícilmente se cumplen.

      1.4. La injusta incriminación a Juan Mallea

      El 10 de julio de 1993 fue detenido arbitrariamente el ciudadano evangélico Juan Mallea Tomailla y el 23 de julio de ese mismo año, luego de ser torturado, fue acusado de ser miembro de sl (cvr 2003d:725–727). A Juan Mallea lo acusaron también de ser el responsable de diseñar un croquis en el que se detallaba la ubicación de los lugares en los que fueron enterrados clandestinamente los nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, asesinados por miembros de las fuerzas del orden que integraban el llamado grupo “Colina”. СКАЧАТЬ