Tejiendo un nuevo rostro público. Darío López

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СКАЧАТЬ ese campo. Esta experiencia le dio credibilidad a su propuesta de un cambio sustantivo del rostro público de la comunidad evangélica, a la cual otros sectores sociales habían visto usualmente como un sector religioso alienado de su realidad histórica.

      Ya en enero de 1983, durante su Asamblea General realizada en la ciudad de Arequipa, el conep había emitido un primer pronunciamiento público en el que se abordaba directamente la situación de violencia en la región de Ayacucho. Lo mismo ocurrió en enero de 1984 en su Asamblea General realizada en la ciudad Lima. Sin embargo, fue sólo cuando se tuvo conocimiento de la matanza de seis jóvenes de la Iglesia Presbiteriana de Callqui (Huanta, Ayacucho), el 1 de agosto de 1984, crimen múltiple perpetrado por una patrulla de infantes de marina, cuando comenzó al interior de la entidad representativa de los evangélicos un proceso de toma de conciencia sobre la realidad de violencia subversiva y represión indiscriminada.

      Este proceso se inició con la creación de la Comisión Paz y Esperanza (compazes), el 21 de agosto de 1984, por acuerdo de la Junta Directiva del conep. Los objetivos iniciales de la compazes fueron:

      ➢ Atender las necesidades primarias (salud, alimentación y vivienda) de los creyentes evangélicos en las zonas de violencia política.

      ➢ Velar por la situación de los evangélicos desplazados por causa de la violencia política.

      Posteriormente en 1985, un año después de la creación de la compazes, se creó la oficina de Derechos Humanos del conep, la cual en 1986, por acuerdo de la Junta Directiva del conep, se llamó Departamento de Acción y Servicios Sociales Paz y Esperanza (dass), ampliándose así su esfera de acción, desde la asistencia social inmediata a los evangélicos afectados por las acciones de violencia subversiva y represiva, hasta incluir la dimensión política de la promoción y defensa de los derechos humanos.

      Los niveles de acción

      Como ya se ha señalado, la manera como los evangélicos respondieron a la situación de violencia política que comenzó a afectarlos directamente desde mediados de la década del ochenta, ocurrió en tres niveles de acción: nacional, regional y local. En cada uno de estos, se dieron acciones sociales y políticas que fueron dando cuenta del cambio de mentalidad con respecto a los asuntos públicos que ocurrió en el seno de la comunidad evangélica, como consecuencia de su inserción en el campo de la defensa de los derechos humanos.

      1. El nivel nacional: La inserción del conep en la defensa de los derechos humanos

      Varios autores han señalado que durante los años de violencia política, hubo un «[...] calvario evangélico» (Díaz 1991:18–20) y que las iglesias evangélicas tenían también una «[...] terrible historia —poco conocida— que contar» (Landeo 1993:16–17). Sobre este mismo tema, otros autores han precisado que el primer grupo que experimentó la violencia de sl de una forma sistemática fue el de los evangélicos de Ayacucho (Klaiber 1997:247–248). ¿Cómo respondió el conep a esa crítica realidad que afectaba directamente a los miembros, líderes y pastores de las iglesias evangélicas que vivían en las zonas de enfrentamiento armado entre sl y las fuerzas del orden?

      Cuando la violencia política comenzó a afectar directamente a los miembros, líderes y pastores de las iglesias evangélicas, el conep creó la compazes, como una oficina encargada de las tareas de defensa del derecho a la vida de los ciudadanos evangélicos. En otras palabras, la compazes fue una propuesta de pastoral social y política de las iglesias evangélicas afiliadas al conep, dentro del marco temporal de violencia subversiva y represión indiscriminada (López 1999:106–112).

      Desde agosto de 1984, cuando se creó la compazes, las acciones sociales y políticas del conep fueron muchas en el campo de la promoción y defensa de los derechos humanos. Estas acciones sociales y políticas fueron, desde la denuncia pública de casos de violación del derecho a la vida y la defensa de creyentes evangélicos detenidos arbitrariamente, hasta la denuncia de casos de detención-desaparición y la lucha por la libertad de los ciudadanos evangélicos injustamente acusados del delito de terrorismo.

      Entre los muchos casos de violación de derechos humanos que el conep defendió durante el período 1980–1995, cuatro casos emblemáticos específicos pueden ilustrar las acciones sociales y políticas de esta entidad en el campo de la promoción y defensa de los derechos humanos11. Los casos emblemáticos son los siguientes:

      ➢ La ejecución arbitraria en Callqui (Ayacucho).

      ➢ La detención arbitraria del pastor Agripino Quispe (Huancavelica).

      ➢ La detención-desaparición de Manuel Meneses y Félix Inga (Huancayo).

      ➢ La injusta incriminación y tratos crueles a Juan Mallea (Lima).

      1.1. La ejecución arbitraria en Callqui

      El asesinato de seis jóvenes de la iglesia presbiteriana de Callqui, ejecución arbitraria cometida por una patrulla de Infantes de Marina, el 1 de agosto de 1984, fue denunciado ante las autoridades del conep por el líder de la Iglesia Presbiteriana de Huanta, Vicente Sayco (Caretas 1984:14, cvr 2003d:89–90). La denuncia de este caso de violación de derechos humanos produjo tres hechos significativos en el seno del conep:

      ✳ Catalizó la creación de la compazes.

      ✳ Provocó que el conep emitiera un pronunciamiento público el 23 de agosto de 1984 en el que se denunció ese acto de violencia, señalándose claramente el día y el lugar, así como a los autores de esa violación del derecho a la vida.

      ✳ Marcó el inicio de una creciente inserción del conep en el campo de la defensa de los derechos humanos.

      Luego de que el conep denunciara este hecho de violencia ante las autoridades competentes y la opinión pública, y habiéndose trasladado este caso al fuero militar, ocurrió lo que fue bastante común en los años de violencia política: fue declarado sobreseído el 3 de febrero de 1986 por el Consejo de Guerra Permanente de la Marina y, posteriormente, por el Consejo Supremo de Justicia Militar (cvr 2003d:92–93). En otras palabras, un tribunal militar archivó el caso Callqui luego de declarar que se trataba de una cosa juzgada.

      Pero el conep, además de emitir un pronunciamiento público el 25 de septiembre de 1986 en el que manifestaba que la decisión de ese tribunal militar «[...] constituía un triste capítulo de atropello a la vida, a la justicia y a la libertad religiosa», continuó luchando para que ese crimen no quedara impune (López 1998:230–240). En tal sentido, recurrió a diversas instancias nacionales e internacionales, exigiendo que la verdad y la justicia prevalecieran sobre la mentira oficial y la decisión injusta de un tribunal militar (López 1998:230–240).

      Años después, la cvr en su Informe Final presentado al país en el 2003, registró la ejecución arbitraria de los evangélicos en Callqui como uno de los casos que investigó con mayor detalle y que daba cuenta de la impunidad con la que a menudo actuaron las fuerzas del orden en el tiempo de violencia política (cvr 2003d:86–95).

      Más recientemente, el 27 de septiembre de 2006, la fiscal especializada de Derechos Humanos de Ayacucho, Cristina Olazábal, formuló denuncia penal por los delitos de homicidio calificado, desaparición forzada de personas y tortura, en contra de los responsables de esta ejecución arbitraria. Dos meses después, el 28 de noviembre de 2006, el Juez del 2° Juzgado Penal Supraprovincial de Lima, Omar Pimentel, abrió instrucción por el delito de homicidio calificado en agravio de los evangélicos asesinados en Callqui.

      En otras palabras, dentro de una sociedad democrática en la que todos los ciudadanos tienen que ser valorados y tratados como iguales СКАЧАТЬ