Teoría y práctica del análisis de conflictos ambientales complejos. Humberto Rojas Pinilla

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       Los conflictos por recursos naturales vistos desde distintas disciplinas y campos de estudio

      Las dinámicas actuales de continuado e intensivo uso de los recursos naturales y su deterioro inciden de manera negativa en la calidad de vida de amplios grupos de la sociedad. Esto genera grandes desafíos tanto para el mantenimiento del bienestar de la población como para el mantenimiento de sus actividades productivas y reproductivas y, en últimas, para la sostenibilidad.

      Los conflictos ambientales emergen cuando los problemas ambientales se tornan en motivo de preocupación para grupos específicos, lo que origina disputas, entre al menos uno o más actores; estas disputas están asociadas al papel que desempeñan la estructuras sociales en las formas como se valoran, apropian, asignan, usan, distribuyen y controlan los recursos naturales (Valencia, 2007).

      En las dinámicas y formas de valoración y de uso de los recursos naturales, es importante resaltar la diferencia entre los países del Norte y los del Sur, y en particular las prioridades de unos y otros en su asignación. En los países del Sur persisten y se han intensificado las prácticas neoextractivistas, hoy prioridad de la mayoría de los Gobiernos, lo que se evidencia en los discursos alrededor del crecimiento económico, la competitividad y las locomotoras de crecimiento económico. Prácticas de gobierno expresadas en políticas y grandes proyectos que se enfrentan a la protección y la garantía del acceso a recursos naturales claves para agenciar el sustento —como son el agua y el suelo, etc.— y determinantes en la configuración de los medios de vida de los pobladores locales, y a la posibilidad real de agenciarlos, por lo que se generan graves conflictos redistributivos (Ulloa, 2017).

      El enfrentamiento es el elemento clave que diferencia un problema ambiental de un conflicto ambiental. El conflicto surge cuando se presentan tensiones, molestias e inconformidades respecto a las formas como se apropian, usan, controlan o distribuyen los recursos naturales entre diferentes actores, o como resultado de los daños ecológicos percibidos y sus causantes. El enfrentamiento puede escalar hasta llegar, en casos extremos, a generar violencia o, por lo menos, a causar antagonismos expresados socialmente de distintas maneras, como, por ejemplo, la puesta en marcha de movilizaciones, protestas, acciones colectivas, contiendas políticas, movilización de recursos o denuncias (Ramírez, 2009).

      La disciplina económica y sus numerosas escuelas han estudiado ampliamente los conflictos que involucran los recursos naturales. Una de las explicaciones más aceptadas es la competencia entre distintos actores por la apropiación, distribución y control de recursos naturales, en función de su escasez, abundancia o valor. A continuación, se presentan los enfoques más importantes y se señalan los principales aportes de cada concepto y sus relaciones y paralelos con el caso en cuestión.

       El conflicto visto como competencia por recursos naturales

      La competencia por recursos naturales, valiosos, estratégicos, escasos o abundantes, ha sido identificada por la economía y los estudios sobre conflicto como una fuente recurrente de enfrentamientos que, incluso, ha llegado al uso de la violencia. Los actores se enfrentan por su apropiación, acceso, control o distribución, ya sea por considerarlos una fuente futura de riqueza, por su valor geoestratégico, de uso, por su futuro valor de cambio o, incluso, con el objeto de limitar su acceso al enemigo por la vía del sitio o el despojo; en los casos de posconflicto, con el fin de asegurar a futuro las mayores ganancias por su control, explotación y comercio. En este sentido, el control de los territorios se configura como una estrategia de poder y de control sobre todos los “recursos” presentes en ellos: imaginarios, redes, personas, instituciones, identidad y recursos naturales, entre muchos otros.

      En la mayoría de los países independizados durante la segunda posguerra en Asia, África y algunas islas del Caribe, han sido comunes los enfrentamientos por la apropiación y control de los recursos naturales, los cuales han desempeñado un papel clave como motor del conflicto armado interno, ya sea como un recurso valioso en disputa, como fuente de financiación de la guerra o, en últimas, como víctima silenciosa, como le corresponde a la naturaleza (Homer-Dixon, 1994).

      Los recursos naturales pueden convertirse en recursos estratégicos para la supervivencia: agua, cosechas, fuentes de energía, etc.; por ello son utilizados como botín estratégico de guerra o son destruidos y contaminados en la geopolítica de la guerra, ya sea para limitar los recursos del bando enfrentado y debilitarlo; obtener más recursos para la guerra, o garantizar futuras expectativas extractivas, productivas o reproductivas, legales o ilegales, tal como ha sido el caso del petróleo, los diamantes, la coca, el opio, el coltán y el oro, entre otros (Ramsbotham, Woodhouse y Miall, 2005, p. 96).

      Sin embargo, en la actualidad, la disciplina económica ha explicado las causas del conflicto por recursos naturales y las formas de dirimirlos desde distintas perspectivas, las cuales veremos muy brevemente a continuación.

       La economía ambiental, neoliberalismo y precio correcto

      La economía ambiental, de origen neoclásico, bastante promovida por las entidades multilaterales desde los años ochenta, aborda la discusión sobre cómo proteger a la naturaleza al tiempo que se mantiene el crecimiento económico, desde la perspectiva del desarrollo sostenible y el paradigma neoliberal, que imponen al mercado como mediador absoluto de las relaciones hombre-naturaleza, así como entre hombres y mujeres e incluso entre unas sociedades y otras.

      Desde este enfoque, la emergencia del conflicto es explicada como consecuencia de “las imperfecciones del modelo”, ilustrada por la ocurrencia de externalidades negativas, la presencia de fallas de mercado, las formas como los agentes toman sus decisiones dadas las asimetrías de la información con que cuentan, los efectos de sustitución y los costos de transacción, entre otros factores.

      Su principal preocupación reside en contar con instrumentos económicos adecuados que corrijan dichas imperfecciones; además hace énfasis en el uso de indicadores y medidas de los costos ambientales para desarrollar incentivos o castigos que modifiquen la conducta negativa de los agentes, por ejemplo: el que contamina paga. Por lo tanto, se ha fijado como meta elaborar cuentas ambientales, determinar los precios de los servicios ambientales, identificar disponibilidades a pagar por los recursos naturales, diseñar tasas retributivas por su contaminación o uso, así como incentivos a la protección, incluido el pago de servicios ambientales, entre otros (Caicedo, 2009).

      Desde este enfoque, es fundamental encontrar “el precio correcto” de los recursos naturales y los daños ambientales, con el fin de incluirlos en los costos económicos productivos y reproductivos, por ello se ocupa de producir modelos e indicadores que permitan valorarlos. Sus críticos, desde la economía ecológica, por ejemplo, aducen que los procesos de valoración son subjetivos y que están asociados a las pautas de valores y a los sistemas culturales y relaciones de poder presentes en cada sociedad, por lo que asignarle un valor a la naturaleza, o compensar un daño, se vuelve algo complejo. Estas valoraciones, desde luego, no son neutrales y propician la priorización de unos recursos naturales sobre otros, según los marcos valorativos involucrados (Martínez-Alier, 2004).

      En esta dirección, los mecanismos económicos y jurídicos diseñados para abordar la problemática en la Reserva del Bosque Oriental de Bogotá, como el pago de servicios ambientales o compensaciones, han tenido poco éxito hasta ahora (véase Camargo, 2005a).

      Desde esta perspectiva, y en lo que respecta, por ejemplo, a la urbanización informal, se ha propuesto, por una parte, el pago de incentivos a los propietarios de los predios en los Cerros Orientales para que los protejan; por otra, cobrar tasas retributivas a quienes los habitan por los servicios ambientales que disfrutan y reciben, es decir, mercantilizar los cerros y generar recursos a partir de la comercialización de su disfrute como “recurso productivo”.

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