Herramientas para controlar los delitos contra la fauna y flora en Colombia. Leonardo Güiza-Suárez
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Название: Herramientas para controlar los delitos contra la fauna y flora en Colombia
Автор: Leonardo Güiza-Suárez
Издательство: Bookwire
Серия: Jurisprudencia
isbn: 9789587844702
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La presente investigación también hizo hallazgos en esa dirección. Por ejemplo, varios funcionarios entrevistados señalaron que hay múltiples irregularidades en los permisos otorgados por las autoridades ambientales. En relación con las resoluciones que, según el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015), deben contener información sobre coordenadas, especies, volumen, nombre del titular, entre otros aspectos, varios entrevistados señalaron que es común que la información esté incompleta; por ejemplo, las coordenadas no existen o no están especificadas en estos permisos, las especies no están precisadas, y los titulares de permisos de aprovechamiento a veces están a nombre de personas fallecidas, etc. Es también relativamente frecuente encontrar que los salvoconductos no corresponden a las unidades incautadas.
Además, funcionarios entrevistados señalaron que, con cierta frecuencia, Actas de Control al Tráfico de Fauna y Flora (diligenciados por la Policía Nacional y entregadas a funcionarios de las corporaciones autónomas) se han perdido, pues hay funcionarios de las corporaciones dedicados al tráfico de este tipo de documentos. Hay incluso investigaciones que hablan de una ‘mafia’ o de un ‘mercado negro’ de permisos ambientales que cuenta con participación de miembros de entidades gubernamentales (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019, p. 8).
En un estudio reciente, la Agencia de Investigación Ambiental (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019) señaló que las acciones de control de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) son deficientes en lo relacionado con la aprobación de las importaciones de madera, que es un mecanismo pensado para que los importadores comprueben el origen legal de este insumo. De acuerdo con EIA, en respuesta a un derecho de petición enviado a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), entidad que estipula que la importación de bienes por un valor inferior a US$1.000 está exenta del pago de impuestos, se indica que:
9.663 m3 de madera aserrada en tablas (provenientes del Perú y Brasil) fueron importadas a Leticia bajo el régimen especial aduanero entre 2015 y el primer trimestre de 2019; sin embargo, la ANLA en respuesta a otro derecho de petición confirma que no ha emitido ninguna autorización de importación de madera para el puerto de Leticia. (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019, p. 8)
En varios municipios en los departamentos de la región Amazónica se da una práctica conocida como hormigueo: esta consiste en que los comercializadores segmentan los embarques o cargamentos de madera como una estrategia para ser protegidos por el régimen aduanero colombiano que suaviza las condiciones aduaneras para importaciones con valores inferiores a US$1.000, siempre y cuando estas tengan como fin el consumo local. Por lo tanto, la regulación aduanera también podría desempeñar un rol en el mejoramiento de la trazabilidad de la cadena forestal.
De forma similar a lo que ocurre en Perú con las Guías de Transporte Forestal (GTF) (Urrunaga, Johnson, Dhaynee Orbegozo & Mulligan, 2012), en Colombia los salvoconductos se terminan convirtiendo en un instrumento para el lavado de madera extraída de forma ilegal de los bosques naturales. La agencia de investigación ambiental (EIA, 2019) describe así la situación en ciudades como Puerto Asís, en el departamento Putumayo: “Los tramitadores de documentación que se encuentran en las cercanías de los muelles [de Puerto Asís] explicaron que es fácil ‘legalizar’ cedro proveniente del Perú con documentos de Corpoamazonía” (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019, p. 7).
El lavado de maderas es particularmente preocupante en el caso de especies como el cedro (Cedrela odorata), cuya extracción es ilegal en el país hasta el año 2025 (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019). La cuenca del río Yaguas es, presuntamente, la principal zona de origen de los cedros comercializados de forma ilegal en el país. Sin embargo, en la actualidad el cedro se comercializa fácilmente en la Amazonía (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019).
Las acciones de corrupción por parte de funcionarios de corporaciones autónomas regionales dificultan la comprensión de acciones como el lavado de maderas. Por ejemplo, un funcionario manifestó que:
[Estimar la dimensión del lavado de maderas] es muy difícil y muy grande. Hay que decirlo: muchas veces se encuentran personajes adscritos a las corporaciones que se benefician de ese tipo de cosas… por ejemplo, ha pasado en actividades de control donde llegan, ven que no tiene la madera los permisos y que casualmente en 30, 40 minutos llega un permiso con todos los sellos que lo único que tiene que hacer el policía es: “siga su camino”. Entonces, eso se logra a través de interceptaciones donde vemos que efectivamente hay una persona dentro de la corporación, dentro de la autoridad, que tiene comunicación con las personas que integran las estructuras [criminales], y es la única forma de darse cuenta…
Con base en una muestra de aproximadamente el 87 % de los salvoconductos emitidos por Corpoamazonía entre 2012 y julio de 2017 (alrededor de 16.470 permisos), se determinó que Putumayo es el departamento con el mayor número de permisos de extracción maderera en esa jurisdicción con un 48.5 %, si bien el departamento del Caquetá extrajo aproximadamente el 55.7 % del volumen total de madera declarada en tales permisos (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019). Según este análisis, Cartagena del Chairá y Solano, en Caquetá; Puerto Leguízamo, en Putumayo; y Tarapacá, en el Amazonas, son los cuatro municipios que concentran la mitad de la extracción maderera declarada en tales permisos (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019).
La relativa facilidad con la que se alteran los salvoconductos ha llevado a algunos autores a calificar este sistema de control como “frágil y vulnerable” (Orozco et al., 2014, p. 35). Debido a la debilidad en los mecanismos de control de delitos ambientales, funcionarios recomiendan la existencia de un mecanismo de auditoría y control en torno al SUN en línea, hasta la fecha inexistente; es decir, un mecanismo que impida, por ejemplo, que ítems de fauna y flora que no tienen un origen legal sean introducidos en la plataforma en línea Vital (Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea), esto es, la plataforma en la que se emiten los salvoconductos en línea. Por su parte, una de las recomendaciones de EIA en relación con esta problemática es la creación de mecanismos para que el monitoreo y seguimiento a la normativa forestal se dé por parte de sectores independientes, como periodistas, defensores del medio ambiente, ONG y otras organizaciones de la sociedad civil (EIA, 2019, p. 58).
Cabe señalar que, de acuerdo con un funcionario público entrevistado, las actividades de corrupción y sobornos se dan no solo al interior de las corporaciones autónomas regionales, sino también al interior de la fuerza pública. Sin embargo, no se dieron al respecto detalles. Otro funcionario entrevistado mencionó que en algunas ocasiones los funcionarios de las Corporaciones Autónomas Regionales son coaccionados por grupos al margen de la ley (por ejemplo, en casos de peritajes a maderas incautadas).
4.2. Nivel de ejecución en plataformas para la trazabilidad de la cadena de valor del comercio de fauna silvestre
En el caso del tráfico de fauna silvestre, hay una serie de dificultades para alcanzar la trazabilidad y monitoreo de la cadena de valor. Tales dificultades están relacionadas con una falta de ejecución de varias herramientas planteadas en la Ley 1333 de 2009, a través de la cual se estableció el procedimiento sancionatorio ambiental. Antes de mencionarlas, hacemos una breve descripción de la cadena de suministro en el tráfico ilegal de fauna silvestre.
Se conoce poco sobre la cadena de valor del tráfico de especies. Ahora bien, se sabe que la captura de fauna por parte de actores ilegales es facilitada por las economías mineras, madereras y petroleras, que son en buena medida ilegales, en la medida en que estas facilitan vías para la extracción ilegal de esas especies de fauna y flora traficadas ilegalmente (Sollund, 2019). El tráfico transnacional ilegal de fauna se da principalmente a Venezuela, al Caribe o a Europa (Sollund, 2019).
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