.

Чтение книги онлайн.

СКАЧАТЬ que no contaban con presupuesto para la reubicación de fauna decomisada o entregada voluntariamente. La mitad de las 32 autoridades ambientales encuestadas señaló que no contaba con presupuesto para análisis clínicos, marcaje y mantenimiento de áreas para reubicación de fauna fuera del CAV (Pulido & Echeverri, 2014).

      Aunque no dieron muchos detalles al respecto, varios funcionarios mencionaron que una falla estructural en las Corporaciones Autónomas Regionales consiste en que muchas de ellas cuentan con muy poco personal.

      Finalmente, buena parte de las dificultades que enfrentan los funcionarios tienen que ver con el acceso a las regiones que son deforestadas. El equipamiento de transporte es un punto de mejoramiento. Un funcionario entrevistado mencionó un caso particular de un intento de incautación de maderas en el Guaviare; este narró que no se pudo realizar la incautación de maderas debido a dificultades logísticas para el transporte de la misma. Al final, esta se tuvo que dejar en el lugar en que se encontró. Al transporte debe sumarse la seguridad como otro punto de mejoramiento, pues diversas áreas deforestadas del país tienen una débil presencia de las instituciones del Estado y son dominadas por las economías ilegales.

      Otras investigaciones (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019) también han señalado que la falta de recursos y de personal (juntos con falta de voluntad política) ayudan a explicar la carencia de supervisión y monitoreo a los aprovechamientos madereros por parte de autoridades ambientales del país.

      Conclusiones

      Las razones que ayudan a explicar la ilegalidad en actividades como la tala o el tráfico de especies en Colombia son múltiples e incluyen factores económicos, culturales y sociales (Blaser, 2010; Orozco et al., 2014). En este capítulo presentamos una serie de dificultades institucionales que enfrentan funcionarios públicos de Colombia a la hora de hacer investigaciones, operativos de incautación o procesos sancionatorios en eventos de tala ilegal y tráfico de especies de fauna. Señalamos, además, en qué medida esos desafíos son el resultado de vacíos de gobernanza ambiental en el país.

      Tales desafíos institucionales, a su vez, contribuyen a que los vacíos de gobernanza se perpetúen. Es muy diciente, por ejemplo, el que el Estado colombiano haya tenido un papel menos proactivo que otros Estados latinoamericanos a la hora de crear espacios de participación para el programa de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal de Naciones Unidas (REDD, en inglés) (Aguilar-Støen, 2015). En su lugar, organizaciones de la sociedad civil y agencias de cooperación internacional han tenido un papel más activo en este proceso (Aguilar-Støen, 2015).

      Los resultados de la presente investigación apuntan a la necesidad de que se realicen más capacitaciones ambientales no solo a los funcionarios públicos, sino también a las comunidades indígenas y afrodescendientes, habitantes de una parte significativa de las áreas de bosque natural en Colombia. También hemos planteado que las capacitaciones ambientales deben ir de la mano de capacitaciones jurídicas para empoderar a las comunidades y lograr que estas puedan celebrar contratos más equilibrados o justos con los intermediarios de la cadena forestal. En segundo lugar, planteamos la necesidad de aumentar y enriquecer el entrenamiento en peritajes de miembros de corporaciones autónomas y jueces de la república.

      En tercer lugar, mostramos que la corrupción y falta de transparencia es uno de los principales desafíos para la gobernanza ambiental en el país y, al hacerlo, cuestionamos estudios previos (Blaser, 2010) que plantean que la corrupción no parece ser un desafío percibido por varias de las partes interesadas en la observancia de la legislación forestal en el caso colombiano. Así mismo, resaltamos la baja ejecución de plataformas en línea como un obstáculo para el monitoreo ambiental.

      En cuarto lugar, señalamos la urgencia del avance en la construcción de inventarios forestales y en la necesidad de mejorar la difusión de herramientas tecnológicas tales como la aplicación de telefonía móvil Especies Maderables. En efecto, el hecho de que las herramientas tecnológicas para el seguimiento y el control sean comprendidas y utilizadas por una minoría de personas ha sido señalado como una dificultad para la puesta en marcha de la gobernanza ambiental (Blaser, 2010). En quinto lugar, nuestra investigación permitió determinar que hay dos desafíos en términos de la normatividad ambiental vigente en Colombia en torno a la gobernanza ambiental. El primero se refiere a vacíos normativos en relación con los intermediarios en la cadena de valor; el segundo, a la ausencia de reglamentaciones comunes a los ocho países ubicados en la cuenca del río Amazonas. Finalmente, señalamos dificultades en términos de presupuesto, logística y personal.

      La acelerada deforestación en América del Sur o la rápida pérdida de hielo en la región de Groenlandia, y otros efectos desestabilizadores del cambio climático han llevado a varios científicos a afirmar que estamos ante un estado de emergencia planetaria (BBC Mundo, 2019). Por lo tanto, la legislación y las prácticas de gobernanza ambiental en Colombia deben ir más allá de los intereses nacionales para articularse con desafíos y políticas globales. En este sentido, podría pensarse al Acuerdo Final para la terminación del conflicto entre el Estado colombiano y la exguerrilla de las FARC (Gobierno de Colombia, 2016) como un primer paso en esta dirección, en la medida en que este ha traído consigo un reconocimiento significativo de la necesidad de proteger el ambiente (Güiza, 2018). Ahora bien, aun cuando ha habido una identificación de las funciones y responsabilidades de las instituciones a este respecto, hasta el momento el gobierno colombiano ha carecido de un enfoque sistemático para apoyar la ejecución de estos procesos (Gallego Dávila, Azcárate & Kørnøv, 2019).

      Este capítulo ha señalado desafíos concretos en términos de gobernanza ambiental desde la experiencia de los funcionarios públicos del país. Por lo tanto, nuestro estudio es, necesariamente, fragmentario, y debe ser complementado con otros estudios que analicen los puntos de vista de comunidades y líderes ambientales, organizaciones no gubernamentales, entre otras partes interesadas.

      Referencias

      Aguilar-Støen, M. (2015). Global forest conservation initiatives as spaces for participation in Colombia and Costa Rica. Geoforum, 61, 36-44. DOI: https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2015.02.012

      Allendorf, T. D., Das, R., Bose, A., Ray, B., Chaudhuri, K. D., Brock, S. & Horwich, R. H. (2013). Motivations of the community forest protection forces of the Manas Biosphere Reserve in Assam, India. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 20(5), 426-432. DOI: 10.1080/13504509.2013.816890

      Barragán, D. & Muñoz, L. (2018). Gobernanza forestal en Colombia y Ecuador. Revista de Derecho Ambiental, 6(9), 93-117.

      Barragán, J. (2019). Gobierno elevó la lucha contra la deforestación a interés nacional. RCN Radio. Recuperado de https://www.rcnradio.com/estilo-de-vida/medio-ambiente/gobierno-elevo-la-lucha-contra-la-deforestacion-interes-nacional

      BBC Mundo. (2019). Cambio climático: los 9 puntos de no retorno que ponen en peligro a la humanidad (28 de noviembre de 2019). Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-50588118

      Blaser, J. (2010). La observancia de la legislación forestal y la gobernanza de los bosques en los países tropicales. Recuperado de

      Congreso de Colombia. (1993). (22 de diciembre de 1993). Ley 99.

      Congreso de la República de Colombia. (2009). Ley 1333 de 2009. Recuperado de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1333_2009.html СКАЧАТЬ