Distancia social. Daniel Matamala

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СКАЧАТЬ esa anécdota está resumida gran parte del grosero error de cálculo que precipitó a la élite chilena a una caída de vértigo, y a Chile, a la cadena de acontecimientos que marca nuestro presente y marcará la historia de nuestra generación. Trocaron ciudadanos por consumidores. Vieron felicidad donde había consumo. Malinterpretaron compra por satisfacción, venta por esperanza, deuda por desarrollo. Confundieron consumidores con ciudadanos. Redujeron una sociedad a una orden de compra, un pulso social a una factura, metieron a la fuerza un Chile en ebullición a una planilla Excel.

      Y todo lo demás dejaron de verlo.

      Esta es una historia de cómo la distancia social los cegó. Y de cómo quedaron reducidos a poco más que espectadores de la mayor convulsión de nuestra historia reciente.

      El amigo del Choclo

      En el verano de 2018, tras ganar la presidencia con clara mayoría, Sebastián Piñera partió al exclusivo balneario de Cachagua para delinear su segundo gobierno y el gabinete que lo acompañaría. Se dejó ver en la playa, jugando tenis y golf, y asistiendo a un partido de fútbol en la Semana Cachagüina. Estaba en llamativa compañía. El abogado Gerardo Varela y el empresario Carlos Alberto Délano fueron algunos de sus acompañantes.

      Choclo Délano, un viejo amigo y exsocio de Piñera, es uno de los protagonistas del caso Penta, la escandalosa trama de evasión de impuestos y pago a políticos con dinero sucio que había levantado el velo de la incestuosa relación entre política y dinero en Chile. Junto a su socio Carlos Alberto Lavín, Délano había pasado 46 días en prisión preventiva tras ser formalizado, y ese verano aún estaba sujeto a medidas cautelares (firma quincenal y arraigo nacional) a la espera de un juicio oral que jamás llegaría. Nada que le impidiera disfrutar de la playa junto a su amigo, el presidente electo.

      “Ha sido, es y seguirá siendo mi amigo”, había avisado Piñera en 2015. Las mismas palabras que seis años después usaría otro íntimo amigo del Choclo, Joaquín Lavín, en un debate presidencial días antes de las primarias de ChileVamos de 2021, de las que saldría derrotado. Piñera y Délano tenían casi medio siglo de amistad, tras conocerse estudiando Ingeniería Comercial en la Universidad Católica y compartir negocios, viajes y vacaciones. La intimidad seguía inquebrantable, y ahora con Piñera como presidente electo la señal pública era clara.

      Tres meses después, el caso Penta llegaría a su fin de un modo impresentable. La Fiscalía renunció a llevar a juicio oral a Délano y Lavín, tras negociar con sus defensas una condena a cuatro años de libertad vigilada y una multa. Los cargos de cohecho, por haber pagado una mesada bimensual al subsecretario de Minería del primer gobierno de Piñera, Pablo Wagner, fueron desechados. Los persecutores que habían investigado el caso y recolectado las pruebas, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, ya habían sido excluidos de las decisiones y habían renunciado al Ministerio Público. El Consejo de Defensa del Estado también fue desestimado, pese a que, según su abogada María Inés Horvitz, “estábamos totalmente preparados para demostrar que la investigación arroja antecedentes suficientes para acreditar la existencia del cohecho”.

      Poco importaban las evidencias. A esas alturas el íntimo amigo del Choclo ya estaba en La Moneda y la decisión de enterrar el caso era evidente. Por lo demás, la efervescencia pública que había causado la revelación de las coimas y pagos a políticos había bajado de intensidad. La audiencia final no concitó mayor interés. Pero, al cerrar el caso, fiscales y abogados cometieron un error: el acuerdo incluyó la asistencia de ambos condenados a 33 clases de “un programa formativo sobre ética en la dirección de empresas”.

      Fue añadir el insulto a la injuria. La condena a “clases de ética” se convirtió en un poderoso símbolo de la impunidad de la clase dirigente, la que, sin importar la gravedad de sus delitos y el escándalo que los acompañara, parecía inmune a cualquier castigo real.

      Délano y Lavín comenzaron sus clases el 5 de abril de 2019, a cargo de quince profesores de la Universidad Adolfo Ibáñez. Cuando las terminaron, el 20 de diciembre, el país ya había cambiado para siempre. Piñera aún era formalmente presidente, pero una movilización ciudadana sin precedentes en las últimas décadas había despojado al amigo del Choclo de gran parte de su poder real.

      La trinchera de Varela

      Parte de lo ocurrido puede explicarse por el otro acompañante de Piñera en esas vacaciones. Su también amigo Gerardo Varela, abogado de grandes empresas, presidente de Soprole y consejero de la Sofofa, había construido su perfil público como director de la Fundación Para el Progreso (FPP), el think tank financiado por el empresario Nicolás Ibáñez, fervoroso miembro de los Legionarios de Cristo y declarado pinochetista. En esa calidad, Varela se especializó en escribir incendiarias columnas en El Mercurio y El Líbero, el nuevo medio digital de trinchera creado por Hernán Büchi, ministro de Hacienda de la dictadura, y Gabriel Ruiz–Tagle, socio de Piñera en Colo–Colo, ministro de Deportes de su primer gobierno y protagonista del escándalo de la colusión del papel higiénico.

      Las columnas de Varela son una línea de defensa de su nutrida red de amigos. Por ejemplo, durante la campaña de 2017 reflotó el escándalo de las “empresas zombis”, en que se descubrió que Piñera, Délano y otros empresarios compraban firmas de papel y las usaban para borrar las ganancias de sus grupos empresariales, declarando pérdidas ficticias que les permitían evitar el pago de impuestos. El 14 de noviembre, cinco días antes de las elecciones, Varela protegía a su amigo y candidato argumentando en El Mercurio que “el derecho de propiedad siempre debe prevalecer por sobre la obligación de pagar impuestos”. Defendía el vacío legal que habían aprovechado Piñera y Délano, destacando que “recurrir al espíritu de la ley para obligar a pagar impuestos es improcedente”, y enfatizando un supuesto derecho de “vender las pérdidas para que otro las aprovechara”.

      Cuando los delitos de Penta salieron a la luz, Varela fue aun más colorido en su apoyo al Choclo. Argumentó en su favor afinidades de clase (“me cayó bien al tiro, era de la U y del Saint George, lo que inmediatamente me genera confianza”), y su riqueza (“él y sus empresas han pagado más impuestos de lo que han pagado la suma de sus acusadores juntos”). Pese a las abrumadoras evidencias en su contra, para Varela la investigación judicial “es Gulliver amarrado por los liliputenses, están felices de perseguirlo por no sumarse a su cruzada contra el éxito (…) Así tratamos a los que sirven al resto. Con ingratitud. No hay que cuidar a los exitosos, la idea es botar a los gigantes, impedir que toquen el cielo”. El problema según él es que “hay chilenos que envidian el éxito (…) el éxito de algunos es un espejo en el cual muchos chilenos no quieren mirarse, porque refleja envidia y resentimiento, por eso hay que perseguirlo”.

      “Al Choclo, en cualquier país desarrollado le habrían dado una medalla por servicios a su país”, escribió Varela, asimilando su historia con la de Gabriela Mistral. Ambos, el evasor de impuestos y la Premio Nobel, habrían recibido “el pago de Chile”.

      La apuesta de Piñera

      La mentalidad de trinchera de Varela parece haber convencido a Piñera. O coincidió con la subjetividad que él mismo venía incubando. Tras cuatro años de gobierno de la Nueva Mayoría, Piñera entendió su triunfo electoral como la afirmación de un programa ideológico. Había pasado un gran susto cuando en la primera vuelta obtuvo apenas el 36,64% de los votos. Pero la campaña para el balotaje, marcada por el concepto de “Chilezuela”, pareció despejar las dudas. El contundente 54,58% de los votos con que derrotó a Alejandro Guillier en la segunda vuelta pareció una prueba indesmentible de que Chile había dado un brusco giro a la derecha, en términos electorales tanto como culturales e ideológicos.

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