Acceso seguro al ecosistema digital en la pandemia COVID-19. Marcelo Germán Gelcich

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      Sobre dicha base, se asienta una arquitectura protectoria garantística inspirada en la humanización del Derecho del Consumidor (Sozzo, S.F.) que sostiene herramientas relativamente nuevas como las tutelas inhibitorias, acciones preventivas del daño y precautorias, y otras más conocidas como los amparos y medidas cautelares, enfocadas en la eficacia de la protección de la persona humana y del medio ambiente, más que en la reparación posterior de los daños producidos.

      El carácter de derecho humano asignado a los derechos del consumidor, aunque no goza de aceptación pacífica en la doctrina y jurisprudencia, viene siendo asumido por las regulaciones (Sahián, 2017), como se verá a continuación.

      La reciente sanción de la Resolución Nº 310/2020 de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, incorpora al ordenamiento jurídico nacional la Resolución Nº 36 del 15 de julio de 2019 del Grupo Mercado Común del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), relativa al reconocimiento de los principios que tienen por objeto tutelar al consumidor, la cual recepta expresamente los principios de progresividad y no regresión, el principio de respeto de la dignidad de la persona humana y el principio antidiscriminatorio -entre otros, propios de la técnica de protección de los derechos humanos.

      Finalmente, en el ámbito de los tratados de derechos humanos, el derecho a un "nivel de vida adecuado", como manifestación del derecho del consumidor especificada en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, justifica el empleo de los paradigmas propios de los derechos humanos a los intereses de los consumidores así considerados, toda vez que el derecho a "un nivel de vida adecuado" para la persona y su familia no puede sino concretarse a través del consumo, por lo que el derecho del consumidor a ser protegido es parte esencial del derecho al nivel de vida adecuado (cfr. art. 25.1. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos) (Sahián, 2017).