Joyitas. Varios autores
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Название: Joyitas
Автор: Varios autores
Издательство: Bookwire
Жанр: Языкознание
isbn: 9789563652260
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Dice que los depósitos de dinero que hoy son investigados por el Ministerio Público corresponden a reembolsos que le hacían los apoderados de dos compañeros de universidad de su hijo que vive y estudia en Santiago. Que entre los tres amigos arriendan un departamento y que, para facilitar las cosas, él se hacía cargo de los gastos que luego eran restituidos.
Las explicaciones de Elgueta respecto del origen de sus dineros no convencen al Ministerio Público. Porque, ¿cómo se explica que parte de los depósitos a goteo, en efectivo y en cinco cuentas distintas de esos 25 millones de pesos que se le imputan como mal habidos coincidan –en fechas cercanas– con llamados de y hacia abogados y procesados en causas que falló a su favor?
En todas las sentencias que hoy se le cuestionan a Emilio Elgueta se repite un mismo abogado litigante: Gabriel Henríquez Arzola. Solo en 2018, Elgueta y Henríquez registran 116 conversaciones telefónicas. Varias fuentes conocedoras del caso aseguran que son amigos, que comparten en reuniones sociales, tipo asados y demás. Elgueta nunca se inhabilitó en esas causas. A propósito: Henríquez Arzola fue el abogado del popular doctor Arenas en la causa en la que este terminó condenado por tráfico de sicotrópicos.
En otras causas, Elgueta se comunicó por teléfono de manera directa con los imputados. A dos de ellos, abogados acusados de perjurio, los conocía y con uno había entablado también amistad. No se inhabilitó y su voto contribuyó a que fueran sobreseídos. Uno de esos abogados, de hecho, había defendido a su exesposa, Alejandra Rebolledo, en una causa que entabló en 2015 por una abdominoplastía fallida contra una médico cirujana.
También concurrió con su voto para reducirle la pena, de 10 a seis años, a un condenado por homicidio que mató a otro hombre a cuchillazos. A un formalizado por manejo en estado de ebriedad con causa de muerte, le revocó la prisión preventiva por otra cautelar de menor intensidad. Lo mismo con imputados por narcotráfico. A uno, que ingresaba cocaína en tarros de pintura a la “Gonzalina”, como se conoce a la cárcel de Rancagua, le fijó una caución con la que obtuvo su libertad a la espera de sentencia. Todos ellos eran clientes del abogado Henríquez Arzola.
El plazo de la indagatoria que lleva el Ministerio Público en su contra fue ampliado hasta abril de 2021. Serán los tribunales rancagüinos los que determinarán la legitimidad de esos fallos y si el exministro Elgueta actuó movilizado por incentivos anexos al de impartir justicia.
El 22 de marzo de 2019, la Corte Suprema decidió apartar a Emilio Elgueta de sus funciones, a la espera de evaluar su remoción definitiva del Poder Judicial. Segundos antes de salir de la Corte de Apelaciones de Rancagua, miró a cada uno de los que tenía en frente –colegas, funcionarios– y les dijo: “Yo voy a volver”.
Algunos lo leyeron como una amenaza velada; una advertencia de que cobraría cuentas a los que no guardaran silencio en la investigación administrativa y penal en su contra. Estaba seguro de que la suspensión sería breve y que su regreso sería solo cosa de tiempo. No fue así. Elgueta –junto al ministro Marcelo Vásquez– fue removido de la judicatura el 26 de agosto de 2019 por decisión unánime del pleno de la Corte Suprema y ya no vuelve.
La sensación de que contaminó a todo el Poder Judicial pesó en los magistrados que decidieron ponerle fin a su carrera. Cuando en los primeros días del otoño de 2019 terminó por romperse el desagüe en Rancagua, el mal olor lo inundó todo. Ni el mejor trabajo de gasfitería habría podido revertir tamaña descomposición.
Emilio Elgueta no quiso responder preguntas para esta investigación. Ha bajado ostensiblemente de peso y hoy intenta reinventarse como abogado en una oficina particular en Rancagua. “Yo soy el ministro más pobre de Chile”, se le escuchó decir casi al final de la entrevista que dio a CNN Chile. A comienzos de 2020 interpuso una demanda por despido injustificado en contra del Estado y reclamó una indemnización de 520 millones de pesos. El tribunal que la revisó, sin embargo, se declaró incompetente.
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