Ayotzinapa y la crisis política de México. Jorge Rendón Alarcón

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СКАЧАТЬ figura del “mando único” es en realidad una forma de retirar al municipio el poder coercitivo de la violencia concentrándolo en el gobierno estatal y la policía federal. La solución es parcial pero el Estado mexicano no arriesga alterar la red de compromisos, poderes fácticos y caciques locales en la que descansa buena parte de su penetración en la sociedad. Por otra parte, tampoco es fácil: cualquier reforma requiere modificar diversos artículos de la Constitución a lo que se oponen algunos defensores de la vida republicana de nuestro país.

      Si los sucesos hicieron visible la complicidad de las instituciones de gobierno, ellas no fueron las únicas culpables. En la elección del Sr. Abarca participaron diversas organizaciones de izquierda, especialmente su partido más importante. Por lo demás, a medida que los hechos eran revelados apareció un movimiento de auto-defensa por parte del PRD.⁵ Aún hoy, después de una comisión especial, ese partido no ha sido capaz de exponer los mecanismos internos de selección de candidatos y menos aún las fuerzas que intervinieron en el caso de Iguala. A la exigencia de desaparición de poderes en el estado de Guerrero, dada su incapacidad y su negligencia, la dirección nacional respondió dejando en manos del gobernador la decisión de continuar hasta que juzgara que resultaba imposible seguir “gobernando”. Finalmente, debió abandonar su cargo sin ninguna acusación en su contra y sin costo personal previsible. ¿Por qué un partido de izquierda lleva a puestos de representación popular a individuos de esta clase? La respuesta se encuentra en la situación actual de los partidos políticos en México.

      Se ha llamado “transición a la democracia” al proceso que ha permitido a México dejar atrás 71 años de gobierno por parte de un único partido. Durante este período, los ciudadanos intercambiaron un período de estabilidad política y crecimiento económico contra el ejercicio de sus derechos políticos, cedido casi por entero al PRI. El camino para lograr recobrar esos derechos políticos ha sido arduo: antes de obtener la presidencia de la República en el año 2000, los partidos de oposición ganaron trabajosamente terreno haciendo frente al poder del Estado disfrazado de partido político. En esta transición naturalmente los partidos políticos, que son esenciales para la formación de una voluntad pública, debían jugar un papel preponderante; por ello la Constitución los ha declarado “instituciones de interés público”, es decir, reciben financiamiento del Estado. La cantidad de recursos que reciben los 10 partidos políticos con registro oficial es colosal: el año de 2015 equivale a 5,356 millones de pesos. Esta enorme suma se justifica bajo la consideración de que el financiamiento público es lo que ha permitido la existencia de una oposición real, capaz de competir ante el que fue un partido de Estado. Según los documentos oficiales, el financiamiento tiene como objetivos: fomentar la participación ciudadana, una mejor difusión de las propuestas de cada candidato e inducir un mayor involucramiento de la ciudadanía en la vida interna de los partidos.

      No obstante el dispendio de recursos ninguno de estos objetivos parece alcanzarse. Aunque la legislación permite que los partidos políticos reciban ingresos adicionales, continúan dependiendo mayoritariamente del dinero público como consecuencia de su pobre penetración en la sociedad. Dentro de este financiamiento público, con el fin de asegurar un punto de partida equitativo, el 30% del presupuesto anual se distribuye de manera uniforme a cada uno y el restante 70% se distribuye de manera proporcional al número de votos recibidos en la elección precedente.⁶ Esta dependencia ha provocado tensiones internas porque agudiza la contradicción de que sus obligaciones democráticas sean derrotadas por la necesidad de obtener resultados electorales. La burocratización interna de los partidos políticos es un fenómeno antiguo que ha sido estudiado por teóricos de la democracia como Weber, Michels, Duverger u Ostogorski. La situación en nuestro país se agrava porque los recursos son administrados por los órganos directivos centrales, convirtiendo a la organización en una maquinaria burocrática y de empleo en la que la elección de los candidatos depende más de sus posibilidades de éxito que de su trayectoria política. Esto se hizo patente en el caso de Iguala: el PRD parecía dispuesto a continuar con el cacicazgo familiar prestando oídos sordos a toda clase de denuncias. El dispendio de recursos tampoco está cumpliendo el propósito de fomentar una mayor participación de la ciudadanía en la vida interna de esas organizaciones: por el contrario, hay una marcada tendencia a hacer carrera permanente por parte de pequeños grupos que se distribuyen periódicamente los puestos de elección popular. Hacer carrera pública con semejante botín en las manos es abandonar, de ser posible para siempre, el deslucido puesto de simple ciudadano. El resultado es que, entre todas las democracias de América Latina, México es el único país que no ha logrado una verdadera renovación de su clase política, que continúa con sus prácticas de enriquecimiento e impunidad. En nuestro país no se ha logrado crear un clima democrático de participación y esto debido a los obstáculos que erigen los mismos partidos que deberían asegurarla.⁷ Ciertamente no existe un modelo único que defina la organización democrática de los partidos, pero las particularidades de nuestra historia reciente provocan que los derechos de los ciudadanos no coincidan con su injerencia en las decisiones partidarias.

      Los ciudadanos en nuestro país valoran los progresos de su democracia, incluidos los partidos políticos.⁸ Pero éstos no están cumpliendo con el papel de formadores de una voluntad popular. Los partidos políticos carecen de una visión a futuro para fortalecer la democracia en el país y viven en la coyuntura de su sobrevivencia privilegiada. Entre otras cosas, tampoco contribuyen a la educación democrática: en las campañas electorales presentes, en las que se acusan mutuamente de corrupción demostrable, el estrépito sustituye al contenido: la prueba es que los ciudadanos recibiremos en los meses de abril y mayo de 2015, por los oídos y la vista, la astronómica cantidad de 11.3 millones de mensajes promocionales, esto es, 92 000 horas de propaganda política por radio y televisión. El logro más grande al que aspiran no es una propuesta de gobierno sino superar la indiferencia ciudadana.

      La actividad actual de algunos partidos políticos no fortalece sino que debilita la expresión de los intereses reales de la sociedad. Un índice de ello es una encuesta publicada recientemente por Transparencia Mexicana y que indica que 7 de cada 10 mexicanos no se sienten representados por sus diputados locales o federales. Como consecuencia, está generalizada la idea de que los partidos políticos reciben mucho más de lo que entregan a la sociedad. Esta profunda debilidad democrática se expresa igualmente en el hecho de que los “representantes del pueblo” ocupan el último lugar en la confianza ciudadana, por debajo incluso de la desprestigiada policía nacional. Esto, que afecta a todos, alcanza especialmente al PRD, el partido al que se deben algunos de los avances más significativos de la democracia nacional. Su reacción de autodefensa, su irresponsabilidad en la elección del Sr. Abarca, deja ver que ese partido se encuentra sumergido en mezquinos intereses de grupos internos cuyo oportunismo político condujo esta vez a resultados trágicos. Carente de autocrítica, este partido se ha visto fragmentado por la renuncia de sus líderes históricos, quienes consideran que la organización requiere de una refundación para reanudar su compromiso con las causas más progresistas del país. Por ahora, no hay indicios de semejante refundación y este sin duda es un serio riesgo para la democracia en México.

      A pesar de todo, no deseamos dejar la impresión de que la sociedad mexicana sufre pasivamente esos males. Por el contrario, es una sociedad que gradualmente exige más de su vida pública y de sus instituciones. Los avances democráticos los ha obtenido en una lucha política frontal muchas veces contra las instituciones que dicen representarla. Los ciudadanos reclaman sus derechos por la vía institucional, pero si ella se muestra renuente, la resistencia no cesa y, como lo muestra la rabia homicida del Sr. Abarca, los ciudadanos son capaces de llegar hasta el heroísmo.

      Las víctimas y su entorno

      En un suceso cualquiera, especialmente si tiene una dimensión social, concurren factores de orígenes muy diversos, algunas veces originados en dominios muy lejanos de aquellos en los que tendrán repercusión. Las condiciones que hacen que un hecho suceda se forman en largos procesos de manera a veces imperceptible. Esto puede constatarse en Ayotzinapa donde, a las condiciones políticas ya referidas, se unen condiciones sociales que ayudan a explicar en buena medida lo sucedido: СКАЧАТЬ