Ayotzinapa y la crisis política de México. Jorge Rendón Alarcón

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СКАЧАТЬ una nueva forma de centralización administrativa, sino también la idea del régimen de partido único, porque de acuerdo con esta práctica e idea del poder sólo desde el poder personalizado y centralista era realmente posible la construcción de la nueva nación mexicana. El problema es que la idea de la redención social y la concentración arbitraria del poder corrieron paralelas, además de que en Guerrero el ancestral atraso económico y la debilidad organizativa de la población campesina exacerbaron las estructuras jerárquicas y centralistas del régimen, convirtiendo así a los campesinos y la manipulación de la demanda social en base electoral del sistema político mexicano a nivel local.

      El régimen de la Revolución demandó, en esas condiciones, la consecución de un “orden con justicia social” a través de un ejercicio del poder autoritario y personalizado y no en cambio a través de la ciudadanía y del ejercicio de sus derechos. El reformismo dentro de las estructuras del régimen se convirtió en bandera del conjunto de las fuerzas políticas del país, impidiendo con ello la transformación social por la vía democrática y de las garantías individuales. La debilidad y subordinación de la sociedad mexicana, también heredera de las injusticias del México colonial, se convirtió así en otro de los rasgos inherentes de nuestra realidad política.

      En la tensión que es inherente en la historia del país respecto de las garantías y derechos individuales y el fortalecimiento del poder por sobre la Constitución, el régimen de la Revolución abiertamente promovió este último. Con ello, la subordinación y manipulación de la vida social se convirtió en un hecho reiterado, situación que durante la década de 1960 —e incluso ya antes en 1958— dio lugar al conflicto social y político con las trágicas consecuencias que tuvo en Guerrero, por ejemplo, con la represión arriba señalada. De esta manera el poder político que se ejerció durante los años del régimen de la Revolución fue casi siempre un poder ilimitado, también en cuanto a su capacidad de intervención e intromisión en la vida económica y social. La teoría constitucional misma del país quedó inserta en esta pretensión, desbordándola unas veces, y en otras más bien incluso distorsionándola, como se manifestó en esas fechas en el Senado de la República respecto del estado de Guerrero.

      En suma, con la Revolución mexicana la vida política del país habitó abiertamente en dos mundos e incluso en dos realidades sociales y políticas contradictorias: por un lado la pretensión de un orden político normado por la Constitución pero, por otro, una práctica discrecional del poder cuya pretensión de legitimidad dependía de la abolición de las herencias del pasado a través del reformismo social.²⁹ Sin embargo, la desigualdad y el autoritarismo político minaron de manera creciente y definitiva ese régimen y desde luego su legitimidad misma, sobre todo porque con el carácter reformista del gobierno de la Revolución se afirmó otro de los rasgos que Tocqueville señala a propósito del “antiguo régimen”: se trató también de sucesivos gobiernos que se propusieron “reformas” antes que hacer valer “las libertades y los derechos ciudadanos” conforme a una política fundada en la Constitución. Con esa pretensión reformista se consolidó entonces no solamente la centralización administrativa, sino además la personalización del poder para dar lugar a ese ejercicio discrecional del mismo que ha propiciado tanto el atraso social como la violencia política en Guerrero, hechos mismos que nos hablan del fracaso del régimen de la Revolución en cuanto a su propósito de promover la justicia social en el país.

      Es esa doble herencia del pasado (el fortalecimiento de la centralización administrativa y, con el reformismo de la Revolución, la personalización y discrecionalidad del poder), lo que terminó por afirmar el carácter autoritario y despótico del régimen político mexicano con las consecuencias de las que el estado de Guerrero es hoy ejemplo paradigmático. La política del país se definió y se puso en práctica no desde el pacto constitucional y las instituciones que de él emanan, sino desde la sola voluntad de quien ejerce el poder. Discrecionalidad y corrupción habrían de correr así de manera paralela. Ello violentó y desgastó el orden político impidiendo el ejercicio de los derechos del ciudadano de participar como tal, es decir como ciudadano, en la vida pública. Es ese reformismo que dio origen a los privilegios de la burocracia el que hoy en día parecen disputarse los partidos políticos en México, distanciándose así de una política constitucional en favor de la transformación social del país conforme a los derechos ciudadanos y la soberanía popular.

      Son, en resumen, esos viejos hábitos de un ejercicio del poder autoritario, despótico y fuera de la Constitución lo que ha prevalecido en Guerrero con las trágicas consecuencias que hoy conmueven, incluso, más allá de nuestras fronteras. A ello se suma la supremacía histórica del poder central y la discrecionalidad con que se ejerce y que, como decimos, no solamente no se debilitó con el régimen de la Revolución, sino que se potenció a través de un régimen corporativo y jerárquico que descansaba en la voluntad última del Presidente. Para desmontar todo ello ha resultado completamente insuficiente una “transición política” circunscrita, como ya había ocurrido con Madero, a sus contenidos electorales y en última instancia a la distribución de cuotas de poder entre los partidos, pues el problema como vemos se encuentra en una idea de México como nación que no ha sido postulada ni decidida por los mexicanos, sino desde un ejercicio del poder no subordinado a la normatividad constitucional.

      El problema de la legitimidad en el ejercicio del poder no sólo no es una cuestión de orden formal, sino la sustancia misma del problema del poder político y su desempeño social, por cuanto da lugar al despliegue efectivo de las potencialidades ciudadanas en la vida social. Es la inexistencia de esa legitimidad lo que ha dado lugar al trastocamiento de la vida pública y al deterioro social en el estado de Guerrero como hoy ocurre, por cierto, en otros muchos lugares del país. En ese sentido, conviene destacar que Guerrero no es una excepción sino solamente la situación más extrema. Ya desde la presidencia de Miguel Alemán los gobiernos de la Revolución se limitaron a propiciar la especulación inmobiliaria en Acapulco en detrimento del desarrollo social y económico del estado en su conjunto. Frente al interés público, el ejercicio de poderes ajenos a la Constitución no ha hecho sino acrecentar los negocios y las fortunas privadas hasta un grado tal que la exclusión y la desigualdad social es hoy, en el siglo XXI, el mayor de nuestros problemas.

      Bajo esas condiciones, lo que se gestó en el estado fue una concentración de la riqueza —que hoy nos equipara con las regiones más atrasadas del planeta— y es que las estructuras del régimen de la Revolución no hicieron sino inmovilizar el atraso social y económico del estado al imponer controles corporativos a la demanda campesina y afianzar así el centralismo del régimen. En este caso, el corporativismo resultó eficaz no para resolver las demandas sociales, sino para contenerlas y bloquear la acción organizada y autónoma de los propios ciudadanos, como se manifestó abiertamente en los años sesenta que aquí reseñamos.

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      De lo anterior que tengamos que insistir que la democracia efectiva, incluso en sus contenidos más radicales, desde el punto de vista social solamente puede conseguirse cuando se organiza políticamente bajo los presupuestos de la idea misma de la ley que den lugar a la autodeterminación del ciudadano. Sólo entonces parece posible la configuración de una ciudadanía efectiva comprometida con las prácticas e instituciones en las que se reconoce en cuanto resultado de su libre y autónoma decisión para afrontar los pormenores, las disputas y el conflicto de la vida pública y social. Cuando los retos del orden social y político se afrontan desde una ciudadanía que se reconoce en la legitimidad de las instituciones políticas y del derecho, entonces la ciudadanía no solamente se afirma en su propia condición, sino que da lugar también al impulso y desarrollo de la vida social. Lo que ha pasado en el estado de Guerrero —y en todo el país— es exactamente lo contrario: tenemos una sociedad que no solamente no se reconoce en sus prácticas e instituciones, sino que frente a los excesos y la corrupción del poder asume que la normatividad en su conjunto se encuentra viciada por los intereses de esa burocracia política. Es una sociedad desorganizada políticamente la que hoy ha sido sometida por la violencia criminal.

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