La distancia del presente. Daniel Bernabé

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СКАЧАТЬ problema de inseguridad, de división y de ruptura del modelo constitucional […] está configurado como una Constitución paralela […] por su ínfima calidad jurídica, generará numerosos conflictos […] privilegia a Cataluña y sienta las bases de un modelo confederal asimétrico desde el punto de vista constitucional […] no hay más nación que la nación española, titular de la soberanía y, por tanto, fundamento de la Constitución misma[22].

      Las leyes y su interpretación por parte de los tribunales son mucho menos neutras y estables de lo que a los juristas les gustaría reconocer. Aunque siempre se presume la independencia judicial del poder político, los jueces son permeables a su contexto, a la correlación de fuerzas que en ese momento impregna la sociedad. Lo que en un momento determinado hace de una ley o un suceso susceptible de juicio algo inaceptable, unos años después puede ser considerado aceptable bajo el amparo del mismo ordenamiento jurídico. Basta con buscar con especial insistencia tal jurisprudencia, mirar para otro lado con el significado ambiguo de un artículo o bien forzar la literalidad de un pasaje que realmente nunca fue pensado para tal fin.

      Por otro lado, las acciones de los políticos tampoco expresan siempre los principios por los que dicen ir dirigidas. En nuestro caso, el PP de Rajoy ya había empezado a ser cuestionado por los sectores más radicales de la derecha española al no sumarse a la demencial teoría de la conspiración, que medios como El Mundo dirigido por Pedro J. Ramírez, desarrollaron tras el atentado del 11M. En 2008, de hecho, los sectores aznaristas, los afines a Esperanza Aguirre y los situados cerca de los púlpitos mediáticos de Jiménez Losantos, lanzaron un embate contra Rajoy, tras perder sus segundas elecciones, que a punto estuvo de costarle el cargo. La política del Partido Popular hasta la llegada de la crisis, al coincidir con el Gobierno Zapatero en su tolerancia hacia la especulación inmobiliaria, consistió en una exageración de su radicalidad oponiéndose de boquilla a leyes como la del matrimonio homosexual y el aborto, mandando a algunos secundarios a las manifestaciones, pero manteniendo una postura ambigua en el Parlamento. La cuestión nacional tampoco quedó exenta de esta estrategia, destinada en último término a frenar las aspiraciones de los sectores más reaccionarios del PP por volver a controlarlo. Fueron los años de las recogidas de firmas y los boicots a los productos catalanes, el dejar en manos de un tribunal lo que ya había sido dirimido por un referendo y dos cámaras legislativas, la autonómica y la central.

En la sentencia del 28 de junio del año 2010 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales 14 artículos y dejó otros 27 pendientes de interpretación. Además, declaró sin eficacia jurídica algo que realmente nunca la había tenido, la declaración como nación de Cataluña en el preámbulo del Estatuto. Más allá de las consideraciones jurídicas esto significó un mazazo no ya para el sentimiento nacional de millones de catalanes, sino sobre todo la sensación de que la confianza que habían depositado en una votación y en sus instituciones democráticas había resultado baldía. Los artículos legales siempre se pueden acabar recomponiendo, los pactos políticos reconstruyendo, pero, como nuestra reciente historia ha demostrado, es bastante más difícil restituir la confianza del ciudadano medio en las instituciones. Joan Puigcercós aseguró la misma jornada que la sentencia era una «estocada mortal» al Estatuto y vaticinó el crecimiento del independentismo, ya que una parte significativa de la población «no cabe en la constitución»[23].

      No hacía falta entonces ser adivino para intuir que el Partido Popular había regalado a los independentistas una oportunidad de oro que se expresó en la gigantesca manifestación del 10 de julio, que tuvo como lema «Som una nació. Nosaltres decidim». A pesar de que la protesta fue convocada por la Generalitat, además de un sinfín de colectivos y partidos políticos, su presidente, el socialista José Montilla, tuvo que abandonar la marcha precipitadamente debido a un intento de agresión. Desde ese punto ni el PSC ni el PSOE volvieron a repetir los resultados electorales que habían alcanzado en décadas anteriores, que les habían hecho conquistar la Generalitat encabezando el tripartito. En las elecciones catalanas de noviembre CiU volvió a ganar los comicios, los socialistas obtuvieron un pésimo resultado y los populares un resultado histórico. Las quiebras de los consensos siempre favorecen a los extremos.

      Más allá de la política de las identidades, que tanto nos dará que hablar más adelante, una de las marcas de agua del momento es que la economía, que siempre subyace en todos los asuntos de importancia pero que a menudo aparece confinada a las páginas salmón de los periódicos, tomó protagonismo por derecho propio. Todo lo que parecía sólido se desvanecía en el aire, la orgía especuladora de la anterior década se convirtió en una monumental resaca para los que apenas habían disfrutado de la barra libre. El público asistía al espectáculo sin entender nada, sin saber cómo aquel país que nos habían presentado brillante y atractivo ocultaba bajo el maquillaje inmundicia y descontrol. Los economistas eran los que menos lo entendían, a pesar del rictus impertérrito, ya que tenían un serio problema: cómo explicar que las recetas que recomendaban a los políticos, que afirmaban rotundos en sus columnas, que declamaban satisfechos en sus conferencias, no es que ya no sirvieran, es que justo habían sido el veneno que nos había arrastrado a aquella crisis. Hicieron lo que hacen siempre, echar la culpa a la mala gestión desde lo público y volver a pedir fuego entre bidones de gasolina.

El 21 de mayo el Banco de España intervino CajaSur, la caja de ahorros cordobesa en manos de la Iglesia, con 150 años de historia a su espalda. Como a otras muchas, la explosión de la burbuja inmobiliaria les cogió metidos hasta el cuello en este negocio: 4.000 viviendas y dos millones de metros cuadrados de suelo en su propiedad, alrededor de unos 1.700 millones de euros. Además, los créditos concedidos a los promotores inmobiliarios, algunos de ellos con un historial posterior vinculado a la corrupción, hacían que el modelo de la caja fuera como edificar sobre una falla tectónica al borde de un terremoto. Un informe del Banco de España de 2005 advertía que «El 22 por 100 de la inversión total se concentra en los segmentos de riesgo promotor y compraventa de suelo. En un considerable número de estas financiaciones se ha apreciado un marcado sesgo especulativo»[24]. A pesar de que se forzó una fusión con la malagueña Unicaja, el consejo directivo lo rechazó para no aparecer como responsables de los despidos que tal operación traería en consecuencia, esperando la intervención en una especie de entrega de armas después de no saber cómo arreglar el estropicio.

      La noticia dejó contento a casi todo el mundo. La derecha podía atacar al Gobierno y la izquierda podía atacar a la Iglesia. Lo cierto es que no pilló a nadie por sorpresa. Un año antes, en 2009, se creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, un organismo para dotar de fondos, pero también mantener el control sobre los procesos de fusiones que indefectiblemente se esperaban en el panorama bancario español, especialmente en el sector de las cajas de ahorros: de 45 entidades existentes en 2010 se pasó a tan solo dos a partir del año 2015.

      Las cajas de ahorro eran una peculiar forma existente en el sistema financiero español, con una clientela fundamentalmente popular, con una implantación y una capilaridad en el territorio muy notable y con un sistema de gobierno donde teóricamente intervenían administraciones públicas locales y autonómicas, los propios clientes asociados, los empleados y los fundadores. Además, las cajas estaban obligadas a revertir parte de sus beneficios en programas de interés social. Históricamente, durante la Segunda República, el ministro de Trabajo, Largo Caballero, desarrolló el Estatuto para las Cajas Generales de Ahorro Popular, denominación que dice bastante de su moderna primera intención y naturaleza. Alrededor de la mitad de los clientes de entidades financieras tenían sus depósitos en estas instituciones, aunque nadie las consideraba así, sino tan solo ese sitio donde se iba a pagar el agua o la luz, a sacar dinero con la libreta o se pedía un crédito en condiciones claras para la apertura de un pequeño negocio, es decir, lo que la gente normal necesitaba de eso que se entendía como un banco.

      El 9 de julio de 2010, el Gobierno promulgó el decreto de bancarización de las cajas, básicamente la ley que regularía СКАЧАТЬ