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СКАЧАТЬ hacia fines de la década de los 70, tomando en cuenta el testimonio de algunos liberados de los campos de concentración, declaraciones de represores tanto públicas como en los propios centros de detención y otras fuentes documentales o testimoniales a las que se tuvo acceso en aquel momento, en las difíciles condiciones del exilio o la persecución interna.

      La segunda aclaración que resulta relevante puntualizar es que ningún genocidio puede contar con un número definitivo de víctimas, ya que el subregistro y la subdenuncia son endémicos, tanto por la imposibilidad de lidiar con el trauma que implica el proceso de destrucción, el arrasamiento de familias completas que impidió que existiera quien pudiera dar cuenta de los hechos, el terror de los familiares, amigos o vecinos a que la denuncia reactualice la persecución, o cuando menos la estigmatización de la familia afectada (muy en especial en pueblos pequeños), las disputas dentro de los propios núcleos de origen a partir de la vergüenza que generaba en familias conservadoras la existencia de una desaparición o el involucramiento con organizaciones políticas insurgentes, la falta de confianza en el aparato estatal, entre otros motivos. Es así que no existe una lista de 6 000 000 de judíos asesinados en la Shoá, ni de 1 500 000 a 2 000 000 de armenios víctimas del ittihadismo turco, ni de los 3 000 000 de bengalíes que se estima asesinados en el genocidio implementado por Pakistán durante las luchas por la liberación en 1971, ni de los 2 000 000 de camboyanos aniquilados por el régimen del Khmer Rouge, ni de los 250 000 guatemaltecos asesinados entre 1954 y 1996 como parte de la Doctrina de Seguridad Nacional en aquel país, y así podríamos continuar con cualquier otro caso histórico. También que todas estas cifras suelen ser discutidas, aunque nunca nadie logró estimaciones más confiables que justificaran transformar esas primeras construcciones simbólicas.

      Esto es, en los procesos genocidas solo se puede contar con estimaciones, que se construyen a partir de los números constatados de víctimas y los cálculos que se hacen sobre el porcentaje que este número constatado puede implicar en relación con el número total, que es siempre un número indeterminable.

      En el caso argentino, la estimación de los 30 000 incluía a todos aquellos que habían pasado por el proceso de secuestro y desaparición (sin que pudiera saberse en esos años quiénes serían liberados o no), a los niños apropiados y también a quienes fueron directamente asesinados. No así a los presos políticos que, a menos que hubiesen pasado por un proceso previo de desaparición forzada (que fue bastante común), no eran incluidos en los cálculos. Ni tampoco, por supuesto, a los exiliados, insiliados o a los cesanteados.

      A partir de esta aclaración, podemos concluir que la estimación de 30 000, realizada en las difíciles condiciones de la lucha contra la dictadura genocida y con pocos elementos, sigue pareciendo correcta al día de hoy como confiable y precisa en relación con aquello de lo que se quería dar cuenta: el conjunto de desaparecidos, asesinados, sobrevivientes y menores apropiados. Si se analizan las curvas de denuncias desde la dictadura hasta el presente y el posible agregado de los casos que continúan sin denuncia o que nunca serán conocidos, es posible que el número sea bastante cercano.

      O, cuando menos y para decirlo con otras palabras, que con la información que se tiene en 2018 tanto a nivel oficial como por parte de los investigadores del tema no existen elementos que sugieran modificar ni cuestionar dicha cifra ni reemplazarla por otra que pueda aparecer como más confiable.

      Vale demostrarlo con un ejemplo de estudio de caso, apelando a la información disponible y no a las especulaciones, distorsiones e infamias construidas por la versión recargada de la teoría de los dos demonios.

      Un estudio de caso

      Uno de los equipos de investigación que dirijo se encuentra trabajando a fondo sobre los procesos de denuncia en la provincia de Tucumán.3 En lo que hace a dicha provincia, el informe de la conadep del año 1984 tenía registradas 609 denuncias. A fines de 2016, el Área de Investigación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación contaba con un total de 1005 denuncias con información verificada y completa (esto no incluye los casos incompletos o actualmente en proceso de trabajo y ha excluido todos los errores del listado original). Los casos registrados por nuestros equipos de investigación (que incluyen las denuncias investigadas en sede judicial) suman un total de 1202, que también refieren solo a aquellos verificados y completos, con lo cual siguen siendo cifras parciales en tanto hay otros centenares en proceso de verificación, tanto por parte de la Secretaría de Derechos Humanos como en nuestro propio proyecto.4 Esto es: a comienzos de 2017 se contaba con el doble de casos que en 1984 (siempre refiriendo a casos verificados, esto es, excluyendo todos los errores de listados previos). Esto contrasta con las estimaciones de los “críticos de los 30 000”, que se basan en los datos de 1984.5

      Resulta enriquecedor observar también las características de los casos en función de los períodos de denuncia, porque de ellos pueden extraerse conclusiones sugerentes, en especial en relación con la última década.

      Las nuevas denuncias tienen un pico de crecimiento muy fuerte a partir de la reapertura de las causas judiciales y la existencia de nuevas sentencias en el año 2006, siendo que durante el período 1985-2005 se detectan 117 nuevos casos en Tucumán, en tanto que a partir del año 2006 hasta el presente se contabilizan 440 nuevos casos. Para más, las denuncias no bajan año a año, sino que siguen un patrón complejo y se podrían formular distintas hipótesis para explicar las variaciones observadas en las curvas. Por ejemplo, el año con mayor número de nuevas denuncias en Tucumán desde 1984 ha sido 2014 con 76 nuevos casos, seguido del año 2008 con 63 casos (en 2016 solo se han denunciado 6 nuevos casos, pero en 2015 hubo 43 nuevas denuncias). Pareciera que tienen fuerza las condiciones políticas nacionales y provinciales y muy en especial la existencia de condenas a los responsables o la apertura de nuevos tramos de las causas judiciales como elemento para permitir enfrentar el miedo y las consecuencias traumáticas de la desaparición en la familia o en el barrio. También, en muchos casos, depende de la voluntad de investigación de las fiscalías o querellas la posibilidad de detectar nuevos casos no denunciados hasta el momento como actuación estatal y no solo “esperando” la denuncia.

      Como elemento fundamental, debe destacarse la propia percepción de la desaparición en sectores rurales u obreros en Tucumán como una práctica que puede y debe denunciarse, lo cual no fue en absoluto común en dichas regiones durante gran parte del período de institucionalidad democrática. Ello es transferible a otras provincias del país como Corrientes, Misiones, Chaco o Santiago del Estero, entre otras. Un fenómeno subregistrado ha sido la represión a las Ligas Agrarias en el noreste argentino, así como otro ámbito de subregistro se vincula a la represión en las villas de emergencia en los cinturones de los grandes centros urbanos (Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza).

      Una cuestión llamativa en los nuevos casos es la proporción de sobrevivientes. En las denuncias producidas ante la conadep, este número era muy bajo: la mayoría de las víctimas correspondía a quienes continuaban desaparecidos o habían sido asesinados. A medida que pasa el tiempo, la mayor parte de las nuevas denuncias corresponden a quienes fueron detenidos desaparecidos (por lo general, por períodos breves) y fueron liberados. En el informe de la conadep, los casos de Tucumán dan cuenta de 379 desaparecidos y asesinados frente a 139 liberados (27 % de liberados). Entre 1985 y 2006 se agregaron 63 casos de nuevos desaparecidos y asesinados frente a 54 liberados (46 %). En la última década encontramos 20 nuevas denuncias de desaparecidos y asesinados frente a 419 nuevas denuncias de quienes fueron liberados (95 %).

      Esto lleva a concluir varias cuestiones del estudio de caso en Tucumán: de una parte, que el objeto del terror, como en muchos otros procesos genocidas, fue atravesar al conjunto de la población con el sistema concentracionario, siendo que mucha más gente de la que se cree transitó por dicho sistema y fue devuelta a la sociedad para diseminar el terror, tal como nos intentan explicar hace años los sobrevivientes sin que podamos escucharlos con la suficiente atención. Por otra parte, estas situaciones han sido las que resultaron más difíciles de denunciar, siendo que recién veinte a treinta años después de los hechos СКАЧАТЬ