La captura del Estado en América Latina. Francisco Durand

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СКАЧАТЬ la segunda década del siglo XXI, estas tendencias, atenuadas durante el periodo 2002-2014 por el superciclo de commodities y el exceso de gasto fiscal que produjo el fortalecimiento del polo radical (Stefan, 2014), se han acentuado con el giro conservador iniciado en 2016 con la salida de gobiernos radicales (Cannon, 2018; Kingstone & Rami, 2018). Si bien los cambios de gobierno fortalecieron políticamente la opción neoliberal en el continente, esto sucedió luego de la erosión del efecto de su discurso modernizador y en un clima político más represivo (Stefanoni, 2018). En varios casos de vuelta de gobiernos neoliberales de derecha, la adopción de medidas de ajuste fiscal mientras se mantienen los privilegios tributarios ha dado lugar a expresiones violentas de conflicto social.

      Ello nos indica que a pesar de este giro conservador y de la acentuación del fenómeno de captura corporativa del Estado que se observa en América Latina —al igual que en el norte global, más polarizado cuando emerge el llamado populismo de derecha—, las élites del poder neoliberales enfrentan dificultades para estabilizar su hegemonía, en parte por el desgaste de sus promesas de modernización, su menor contribución tributaria, el efecto negativo de las políticas de austeridad fiscal en los países con serios déficits, la tendencia represiva y antisindical, y factores nuevos como los escándalos y revelaciones de los juegos de poder de las élites, que afectan su legitimidad.

Cabe comentar el factor escándalo, que ha entrado en la escena política como un huracán que ha dejado desnudas a las elites del poder. En efecto, los escándalos de corrupción y malos manejos divulgados por internet son un nuevo elemento que ha puesto a la defensiva a los actores captores, e indican nuevos desarrollos políticos generados por cambios tecnológicos en una sociedad global que opera en red (Castells, 2009). Han surgido graves denuncias internacionales de corrupción empresarial y gubernamental a partir de escándalos reveladores en España, y otros aún más fuertes, como Lava Jato en América Latina y el África portuguesa, en 2016. Este caso muestra casos extremos de colusión y corrupción de las empresas multilatinas brasileñas asociadas a empresas locales en países latinoamericanos y algunos africanos para desarrollar prácticas colusivas y delictivas7. Solo en el caso de la constructora Odebrecht se han reconocido pagos de sobornos y otras formas de influencia para conseguir contratos de obras públicas y sacar ventajas por distintos medios en diez países latinoamericanos y dos antiguas colonias portuguesas africanas (Cabral & Oliveira, 2017; Durand, 2018; Rodrigues, 2019).

A ello se añaden otras revelaciones sobre evasión fiscal y ocultamiento de riquezas en paraísos tributarios como las conocidas como Luxemburg Leaks (2014), Swiss Leaks (2015), Panama Papers (2016)8 y Paradise Papers (2017). Estas «islas del tesoro», cuyo número crece en varios puntos del planeta e incluso se ubican en territorios de países desarrollados (Delaware en EUA) o se encuentran alojados en la propia Unión Europea (Luxemburgo, uno de los fundadores), son usadas por piratas modernos para esconder sus fortunas. Su extensión es el resultado de poderosos lobbies globales, y sus principales usuarios no son los políticos corruptos ni el crimen organizado, sino las corporaciones y no pocos políticos considerados decentes (Shaxson, 2014; Zucman, 2015)9. El impacto de estos escándalos de élites económicas y políticas ha sido profundo y global, motivando respuestas por parte de la OCDE para contener la hemorragia fiscal y el secretismo con el plan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), y la publicación, a regañadientes, de listas negras y grises de países de baja fiscalización y tributación10. La tolerancia de las grandes potencias a los paraísos tributarios —en realidad su protección— muestra ese doble estándar al institucionalizar el incumplimiento. Justamente de eso se trata: el modus operandi de la élite corporativa global es avanzar teniendo la ley por delante, no asaltando el Estado. Este es el modo preferido de la cleptocracia política.

      Tanto Lava Jato como los escándalos de evasión fiscal global y ocultamiento masivo de riquezas de distintos orígenes han generado mayores cuestionamientos de privilegios y abusos. La crítica es fuerte, porque toca al mismo tiempo a las élites económicas y políticas del planeta. Se apoya en documentos reveladores que circulan libremente por internet, promoviendo un debate local y global, alimentando exigencias de justicia, transparencia, equidad tributaria, contrabalance al poder corporativo, defensa de derechos y nueva democracia, sin faltar intentos por «salvar al capitalismo» (Dudda, 2019, p. 2).

      El reforzado predominio neoliberal de Latinoamérica en la segunda década del siglo XXI es, entonces, más inestable y tiene menos posibilidades de consolidarse si la performance económica declina, tendencia ya manifiesta al terminar el superciclo de commodities 2003-2013, el desgate de algunas grandes reformas privatizadoras como los fondos de pensiones (Ortiz y otros, 2019), el inicio de las tensiones comerciales de EUA con Europa y China y los estallidos de violencia popular en Ecuador y Chile del 2019. La crítica se acentúa por el «desnudamiento del poder», un efecto del cambio tecnológico, y el mayor rechazo social a los privilegios de las élites económicas. Sin embargo, para que los opositores avancen se requiere de paradigmas alternativos que todavía no aparecen con claridad. No bastan las reacciones, sobre todo las de derecha. El surgimiento de populismos de derecha de corte caudillista en Europa, EUA y América Latina, limitados a atacar a la clase política, más no a la económica —limitando sus discursos contra las élites económicas o incluso favoreciéndolas abiertamente— genera inestabilidad política (Pappas, 2012; Greven, 2016). Las corporaciones se acercan o financian los populismos y abandonan a sus viejos aliados políticos, acomodándose con los «nuevos líderes del pueblo», que enfrentan a la clase política vinculada a los partidos de corte socialdemócrata. El precio de esto es que al acentuar la captura del Estado pueden provocar, más adelante, una respuesta.

A nivel global, se vive un periodo de concentración de la riqueza, revelaciones de aumento de la desigualdad y preocupación por los privilegios políticos de las corporaciones y la nociva influencia del dinero en la política. Este debate toca a países líderes de la globalización neoliberal como la Unión Europea (Bouwen, 2004; Coen & Richardson, 2009) y los EUA, y cobra fuerza como efecto de la crisis financiera 2008-2009 y el aumento de la desigualdad (Wolin, 2008; Sachs, 2011; Winters & Page, 2011; Kay, 2015). Para algunos académicos, el problema de fondo ha venido acumulándose durante los últimos treinta años, debido a que las ETN se han fortalecido con las privatizaciones, la liberalización de los mercados y la financiarización, convirtiéndose en los drivers de un paradigma «de relaciones de poder que van más allá del Estado-nación» (Fichter, 2013, p. 3)11. Los sociólogos más influyentes también aportan al debate, preocupados porque mientras las ETN se fortalecen, los Estados se achican, la soberanía nacional se reduce, la desigualdad crece y la polarización política aumenta. Según Touraine, este periodo contemporáneo se caracteriza por una distorsión de prioridades de políticas públicas debido al determinismo económico, recientemente asociado a un populismo de derecha con rasgos antidemocráticos (2018, pp. 7-8). El afamado Estado de bienestar, en el que tanto el Estado como el mercado impulsaron el crecimiento de la clase media, y permitió que en 1945 se abriera una era de capitalismo avanzado, reconciliado con los sindicatos y la democracia, es cosa del pasado (Dudda, 2019).

Como ejemplo de estos tiempos nuevos, vale citar una conferencia organizada por UNRISD de Ginebra en 2018, que muestra preocupaciones en grandes instituciones, preocupación que, sin embargo, ya llevaba tiempo en el mainstream académico de la ciencia política: «Mientras el poder de las élites crece y las brechas sociales aumentan, las instituciones que representan el bien común y los valores universales están siendo crecientemente debilitadas o cooptadas y las visiones de justicia social y equidad pasan a ser menos prioritarias» (traducción libre).12

      Otra organización internacional, la OCDE, el club de países desarrollados de Europa y Norteamérica, territorio de «democracias avanzadas», a los cuales se han sumado México, Colombia y Chile (el Perú está en la lista de espera), ha generado estudios sobre riesgos de captura de políticas públicas, advirtiendo sobre las debilidades regulatorias del dinero que fluye hacia la política y los partidos durante elecciones (OCDE, 2016, 2017). Incluso se puede argumentar, como se ha hecho antes, que estos organismos internacionales actúan tardía y débilmente porque se trataría de «organismos capturados» debido a la fuerte presencia de gobiernos СКАЧАТЬ