Redes cercanas. Javier Díaz-Albertini Figueras

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СКАЧАТЬ Luminoso que, según el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003):

      [...] señalaba inequívocamente que los derechos humanos son construcciones ideológicas funcionales al orden social existente y que, por lo tanto, no tenían ningún valor para orientar la acción. Sendero Luminoso negaba que los individuos tuvieran realmente derechos por el hecho de ser seres humanos, y afirmaba que toda consideración humanitaria debía ceder paso a la exigencia de tomar el poder para los sectores sociales oprimidos, a quienes decían representar (215-216).¹³

      Sin embargo, hacia finales de la década de los ochenta, comienza un proceso de reapreciación del papel de las normas y empiezan a ser vistas bajo nuevos ojos al considerarlas como elementos esenciales en la construcción de sociedades justas, estables y desarrolladas. El vuelco se observa en el tratamiento de lo informal, ahora visto como un aspecto negativo que permea, de una manera u otra, a todos los sectores sociales y no solo a los excluidos. Según esta mirada, la legalidad (o formalidad) ya no es vista tanto como una herramienta de exclusión de la mayoría, sino más bien como un sistema de reglas que ha devenido en una cuestión “relativa”, que es acatada o transgredida de acuerdo a múltiples factores relacionados con la conveniencia personal, la posición socioeconómica, las posibilidades reales de ser sancionado, entre otros. Las nuevas interpretaciones tienden a ver las normas como herramientas para la inclusión sobre la base de la vigencia y el ejercicio de los derechos ciudadanos.

      Son varios los elementos que contribuyen a estas nuevas miradas, pero remarcaremos los siguientes:

      • El debilitamiento del paradigma socialista significó la búsqueda de nuevas utopías y de mecanismos e instrumentos que plantearan la inclusión de las mayorías nacionales. Para muchos analistas, la construcción y el fortalecimiento de la democracia se va convirtiendo en el ideal para garantizar dicha equidad social. Temas centrales como la institucionalidad democrática, la ciudadanía y la participación ciudadana, la reintroducción del concepto de “sociedad civil” y de la concertación, todos tienen a los derechos ciudadanos como referente transversal ya que dependen del reconocimiento y vigencia de “reglas de juego” claras y acatadas por todas las partes. Asimismo, va tomando cuerpo y adquiriendo peso el “enfoque de derechos”, que postula que los derechos son universales, indivisibles e integrados, lo cual significa que no es posible ejercer plenamente uno de los derechos (los políticos, por ejemplo), si no se cuenta con las posibilidades legales y físicas para hacerlo:

      Nadie [...] puede disfrutar completamente ningún derecho que supuestamente posee si carece de los elementos esenciales para una vida razonablemente saludable y activa (Shue, citado por O’Donnell, 2004: 59).

      Resulta entonces esencial examinar los procesos de toma de conciencia de los derechos, de las capacidades para hacerlo y de las condiciones necesarias para garantizar su vigencia y exigibilidad. Esto implica un cambio importante en las nociones de ciudadanía y democracia en comparación con las manejadas en las décadas de los setenta y ochenta.¹⁴

      • Las teorías orientadas hacia las clases sociales y sus luchas como mecanismos esenciales en la configuración de una sociedad moderna y democrática, van cediendo paso al concepto de “sociedad civil” como espacio de encuentro y diálogo ciudadano. A pesar de ser un término relativamente amorfo, la sociedad civil se irá convirtiendo en sinónimo de la “buena” práctica democrática debido a que se le caracteriza por su búsqueda de consenso y concertación, alrededor de reglas de juego establecidas y por establecerse (López 1997). Se fortalece así la idea que surge con el liberalismo económico de finales del siglo XVIII de que las sociedades estaban compuestas por tres sectores autónomos pero interdependientes: el Estado, el mercado y la sociedad (Wallerstein 2002).¹⁵ El renovado peso otorgado a la socie-dad civil —también denominado el “tercer sector”— lleva a reexaminar aquellos procesos que facilitan y promueven la convivencia y la acción colectiva. Como veremos más adelante, la introducción del concepto de capital social encaja justamente con esta preocupación.

      • La década de 1990, como antesala a un nuevo milenio, fue una época de cumbres y conferencias internacionales fomentadas por las Naciones Unidas en las áreas de la demografía, el medio ambiente, el hábitat, la mujer, el desarrollo social, entre otros. Fueron procesos que movilizaron a los Estados y a millones de personas agrupadas en organizaciones de la sociedad civil a diseñar objetivos y planes de acción anclados en los derechos humanos. La suscripción de estos por los Estados miembro condujo a dinámicas continuas de estudios y evaluaciones de las realidades nacionales vis-à-vis con lo acordado.

      • En la economía adquiere relevancia el neoinstitucionalismo, marco teórico que subraya la importancia del ordenamiento legal e institucional en el crecimiento y el desarrollo económico. El eje de su análisis son los “costos de transacción” y cómo estos se ven afectados por las instituciones existentes, definidas estas como “[...] las reglas de juego —ambas reglas formales y restricciones informales (convenciones, normas de comportamiento y códigos autoimpuestos de conducta)— y sus características de cumplimiento. Juntas definen la forma en que se conduce el juego” (North s/f). De acuerdo con Douglass North, premio Nobel de Economía y uno de los principales teóricos de esta corriente, el desarrollo económico se explica mejor enfocando los cambios institucionales y su efecto sobre los incentivos ofrecidos a las organizaciones sociales, y no tanto la evolución tecnológica o del capital físico y humano. Los arreglos institucionales afectan la conducta humana, incluyendo su racionalidad económica.

      Desde varios frentes, vemos cómo se les atribuye a los valores y las normas un peso esencial en el desarrollo económico, político y social. Contrario a lo postulado en generaciones anteriores, las “buenas” normas son consideradas como allanadoras de las conductas conducentes a la libertad, el diálogo y la convivencia. Un ejemplo claro al respecto es lo señalado por el sociólogo Hugo Neira con respecto al papel de las normas y los derechos en la construcción de la identidad nacional y de un país democrático:

      Hoy la verdadera identidad son los derechos ciudadanos. Es cierto que somos una sociedad habitada por varias culturas, pero no somos la sociedad más fragmentada del mundo. México es tan fragmentado como nosotros, igual que España, pero ¿qué hace que un catalán viva con tranquilidad su diferencia con el resto de españoles? ¿Qué hace que haya una identidad americana en Estados Unidos? ¿Qué tienen en común los norteamericanos? Absolutamente, nada. Ni los orígenes raciales o étnicos, hay anglo-americanos, ítalo-americanos, afro-americanos, asiático-americanos, Estados Unidos es el mosaico cultural más complejo del planeta, pero qué hace que todos digan yo soy norteamericano: los derechos ciudadanos. El derecho de ser igual al otro y de ser diferente al mismo tiempo. El tema de la identidad no es qué tipo de comida comemos, sino pasa por si dejan o no dejan entrar a un muchacho a una discoteca de Lima, si hay prejuicios al darle el trabajo a alguien [...] (2007).

      Sin embargo, como hemos señalado, los peruanos y las peruanas tenemos una personalísima actitud y relación con respecto a las normas y esto no es noticia nueva. En numerosas encuestas de opinión, se capta con claridad el clamor de una vasta mayoría por vivir en una sociedad en la cual se respetan las leyes. Al mismo tiempo, no obstante, hay también una mayoritaria percepción de que son pocos los que normalmente las cumplen. Nos encontramos, entonces, en una situación interesante, de quiebre, con respecto al análisis de nuestra sociedad. Por un lado, observamos que hay un creciente convencimiento de que el camino al desarrollo humano integral está íntimamente ligado al reconocimiento, la promoción, el ejercicio y la vigencia de un conjunto de derechos, todos ellos sustentados en los principios de la igualdad y la justicia. Por el otro, se constatan las dificultades y obstáculos que existen en la sociedad peruana para el logro de estos principios. De ahí que no debe llamar la atención que en los últimos años se ha estado produciendo un cuerpo creciente de estudios y análisis que intentan explicar nuestra predisposición hacia lo informal y los arreglos personales y sugerencias de cómo se puede revertir esta situación. No pretendo realizar una revisión de los diversos aportes, sino arbitrariamente СКАЧАТЬ