La estabilidad del contrato social en Chile. Guillermo Larraín

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СКАЧАТЬ que requiere crear condiciones que hagan posible el tratamiento humano. El Estado de bienestar proporciona servicios que, desde la perspectiva del receptor, podríamos calificar como de gran relevancia existencial. El Estado de bienestar provee servicios cuando las personas se encuentran en una situación precaria: una mujer embarazada que va a dar a luz, una paciente con enfermedad terminal que lucha por su vida, una anciana que requiere una pensión de vejez o niños huérfanos que requieren una pensión de la supervivencia son casos extremos de eso.

      Es por eso que autores como Gosta Esping-Andersen (1990) afirman que “el criterio principal de los derechos sociales debería ser el grado en que permitan a las personas desarrollar niveles de vida independientes de las fuerzas del mercado puro. En este sentido, los derechos sociales disminuyen el estatus de ‘mercancía’ de los ciudadanos”, y por lo tanto aumentan su libertad.

      Es curiosa la contradicción entre esta interpretación del Estado de bienestar como fuente de libertad, y la visión exactamente opuesta de Hayek, a saber, que el Estado de bienestar es un “camino de servidumbre”. De hecho, en 1942, cuando Beveridge publicó el informe que dio origen al Estado de bienestar británico, Hayek, traumatizado por los Estados totalitarios nazis y soviéticos, predice que la extensión del Estado de bienestar es solo el comienzo de un camino de sumisión de los individuos al capricho de los estados y sus gobernantes.

      Es evidente a nivel teórico que ambas concepciones se pueden defender y/o atacar de forma aislada. Uno puede imaginar políticos corruptos que explotan los beneficios del Estado de bienestar para sobornar a los beneficiarios, en cuyo caso perderían la libertad y se someterían a sus deseos. Pero esto implica la ausencia o fragilidad del Estado de derecho, porque en el Estado de bienestar los beneficios deben asignarse de acuerdo con criterios preestablecidos.

      La cuestión de si existe o no un Estado de bienestar para la promoción de la libertad debe resolverse empíricamente. Aunque es evidente que existen problemas en los estados de bienestar, por ejemplo, con respecto a su sostenibilidad financiera, es evidente a nivel empírico que ni el Estado de bienestar británico ni ningún país occidental terminaron en amenazas a la libertad. Más bien sucedió lo contrario: no hay países más libres que aquellos en los que se ha puesto en marcha alguna forma de Estado de bienestar.

Lecciones para Chile

      No es paradójico que a pesar de todos sus logros en materia de crecimiento económico y disponibilidad general de bienes y servicios, Chile haya vivido un creciente clima de inestabilidad social que culminó con el estallido social de 2019. La razón que esgrimimos en este artículo es que solo alguien usando una visión utilitarista del mundo podría sorprenderse. Cualquier lectura contractualista es compatible con esta situación ambivalente: progreso y crisis.

      Una vez que uno acepta esto, surgen consecuencias interesantes para el caso chileno, pero entre ellas las principales que ilustra este análisis es que un marco institucional sano se caracteriza y requiere cumplir con lo siguiente:

      1.El contrato social es un delicado equilibrio de expectativas de agentes sociales, políticos y económicos.

      2.El marco institucional debe generar condiciones para que las personas sientan que su sometimiento voluntario a las leyes resulta conveniente porque obtienen a cambio garantías superiores de que podrán realizar el modo de vida que quieran.

      3.Esto supone que los mecanismos de donde surgen esas leyes son neutros ex ante.

      4.Resulta crítica la supervisión eficaz del cumplimiento de las leyes. Esto implica que el Estado debe velar por la simetría en los esfuerzos desplegados para inducir ese cumplimiento.

      5.La corrupción atenta contra la estabilidad del contrato social porque sesga tanto el mecanismo de generación de las leyes como sus procedimientos de supervisión.

      6.El uso arbitrario y opaco del poder coercitivo del Estado atenta contra la estabilidad del contrato social porque induce a la rebelión contra las leyes y su supervisión.

      7.El marco institucional debe evolucionar a tiempo para acomodar los cambios en las formas de vida de las personas y sus expectativas de satisfacción de necesidades.

      8.El marco institucional debe equilibrar los roles del Estado y del mercado con formas alternativas de participación ciudadana en lo político, social y económico. En lo político, esto favorece que los intereses ciudadanos se expresen de mejor forma si el sistema representativo falla. En lo social, favorece atender necesidades con más flexibilidad que la que permite el Estado. En lo económico, permite canalizar mejor las capacidades de individuos con alta motivación intrínseca y sentido de misión.

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