La España precaria. Alejandra de la Fuente

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СКАЧАТЬ unido a la consolidación de España como potencia turística mundial, generaba empleo, mientras los precios subían un 17 por 100 anualmente con una inflación muy reducida. Podemos decir por todo ello que, antes de 2008, la economía «fluía» y el ciudadano consumía sin miedo. Renovaba su coche, compraba vivienda, segunda vivienda, invertía… El sector servicios se «llenaba los bolsillos», porque la gente salía a cenar y de compras, hacía reformas, pagaba unas vacaciones caras, etc., lo que repercutía de forma directa en la administración, que recaudaba más dinero y podía invertir. Todo esto hacía que las empresas tuviesen una alta facturación y los bancos pudiesen prestar dinero a muy bajo interés.

      Clave, también para entender la situación española anterior a la crisis de 2008, es que, en este clima favorable en el que todo «iba bien» –por rememorar las palabras que el entonces presidente Aznar pronunciaba en 1997–, los bancos y las entidades de prés­tamo se permitieron el lujo de rebajar sus requisitos de control de riesgo, es decir, prestaban dinero sin mirar muy bien a quién ni cómo, cegados por la creencia de que los precios nunca iban a bajar.

      En general, parecía que el modelo productivo funcionaba y, aunque los trabajadores españoles no eran ni mucho menos nuevos ricos, todo invitaba al optimismo. Las empresas invertían y generaban empleo porque tenían trabajo. Las familias tenían fácil acceso a la vivienda porque había casas de sobra para todos y podían adquirir un crédito sin complicaciones y casi sin requisitos. Los trabajadores, disfrutando de derechos que se habían ido conquistando a paso de hormiga desde la instauración del Régimen del 78, gozaban de una calidad de vida nunca antes vista en España.

      Crisis y reforma laboral de 2012

Algunos analistas lo habían vaticinado, pero nadie los escuchó, demasiado atentos, quizá, al nuevo modo de vida de una economía que parecía imparable. Todos los indicadores macroeconómicos se fueron manteniendo estables o en crecimiento hasta 2008, año en el que el PIB se desplomó a un 1,1 de crecimiento interanual. A partir de ese momento, su valor se situó en negativo hasta el año 2014, es decir, la economía española decrecía. Motivo por el que se dice que la crisis en España duró de 2008 a 2014; lo cual desmontaré en el transcurso de las páginas siguientes, demostrando que el mayor ataque al nivel de vida de los españoles fue cuando los derechos de los trabajadores se vieron drásticamente saboteados tras la reforma laboral aprobada en 2012 por Partido Popular[3].

      Indudablemente, para llegar a este punto hay que ponerse primero en contexto y conocer las causas y los efectos de la crisis de 2008. Durante el año 2007 se empieza a vislumbrar en todo el mundo que la expansión económica quizá tenía un límite. Concretamente, en ese año Estados Unidos comenzaba a afrontar los primeros indicios de lo que sería la mayor recesión mundial de la historia reciente (hasta la llegada del coronavirus).

En España, la burbuja inmobiliaria (ese panorama de construcción infinita de casas y de uso de la vivienda como forma de ganar dinero a base de especular) explotó a consecuencia de una mala praxis de entidades hipotecarias. De hecho, durante el verano de 2007 y los primeros meses de 2008 los indicadores relacionados con el sector de la construcción (ventas, precios, visados e hipotecas) marcaron las cifras más altas de su historia, y tras ello se inició una caída libre que se prolongó durante años[4].

En julio de 2008, Martinsa-Fadesa, la empresa inmobiliaria más grande de España, anunció el mayor concurso de acreedores de la historia. Esto comenzó una debacle que, unida a una serie de negligencias, a la falta de acción política y a la caída de Lehman Brothers[5] en septiembre de 2008, hicieron que la situación en España cambiara en poco tiempo y de una forma muy brusca, lo que abocó a muchas empresas a la ruina de la noche a la mañana. Y con las empresas, cayeron evidentemente los trabajadores.

Esta crisis económica y bancaria derivó en un aumento del desempleo en estos sectores[6], que generó a su vez un gran efecto dominó en toda la economía española. Los bancos ya no podían conceder créditos[7] para las familias y los pequeños empresarios, y tampoco para muchas políticas de gasto público, por lo que esta crisis pilló a España sin estar preparada y sin medidas para frenar los problemas a tiempo.

      La crisis económica no sólo socavó los cimientos del Estado de bienestar. Los recortes sociales, los sobresaltos, la incertidumbre y el miedo también se llevaron por delante a multitud de ciuda­danos.

El número de parados pasó de 2,1 millones en 2008[8] a casi 6 millones en 2013[9], más del 26 por 100 de la población, situando a España a la cabeza de Europa en tasa de desempleo, sólo superada por Grecia.

Y la tasa de paro no dejó de aumentar desde que estalló la crisis de 2008, pasando de un 9,6 por 100 de paro total en aquel año a un 25,93 por 100 en 2014, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pese a que en el año 2015 hubo una tasa menor que en el 2014, la realidad es que el porcentaje de paro total en España seguía siendo muy elevado, mientras que los salarios habían caído en picado[10].

En el año 2013, Comisiones Obreras (CCOO) denunciaba que 630.000 familias no recibían ningún tipo de ingreso[11], lo que generaba un enorme deterioro en sus condiciones de vida, que se extendía también a aquellos que aún mantenían su trabajo.

      La llamada «pobreza laboral» –la que coloca bajo ese umbral a quienes trabajan– pasó de afectar al 10,8 por 100 de los ocupados a hacerlo con el 12,7 por 100 entre 2007 y 2010, según un informe de la Fundación Alternativas.

Una de las caras más duras de la crisis económica fueron los desahucios, que afectaron a miles de personas en nuestro país. Según la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), desde 2008 se han producido 1.002.000 desahucios[12].

      La PAH nació en Barcelona, en febrero de 2009, para intentar ayudar a las personas que comenzaban a no poder pagar la hipoteca y que veían cómo, en la fecha prevista, la Policía las iba a desalojar de sus casas a la fuerza si era necesario.

Esta situación tan extrema provocó miles de suicidios. Concretamente, la PAH imputa al denominado terrorismo financiero más de 13.300 suicidios desde 2008 hasta 2015[13]. Según su informe, y tras analizar datos oficiales de la Policía, en España se producía un suicidio cada cinco horas a causa de la crisis económica.

Fue entonces, en plena hecatombe, cuando el Partido Popular aprobó de forma unilateral, sin acuerdo con los sindicatos[14], la reforma laboral de 2012, la carta que derribó el castillo de naipes que llevaba tambaleándose cuatro años.

      Hay que tener en cuenta que, con la crisis, el miedo a perder el empleo era la tónica diaria de muchos trabajadores, un miedo que creció al aprobarse la mencionada reforma, que abarataba el despido al rebajar su indemnización por causa improcedente para los contratos indefinidos de 45 días por año trabajado a los actuales 33 días. Por otra parte, el tope máximo de mensualidades bajó a 24, desde las 42 que existían antes de dicha reforma, aunque se respetaron los derechos adquiridos por los trabajadores fijos con contratos anteriores. Para que nos hagamos una idea: cuando una empresa despide a un trabajador de forma improcedente, este recibe una indemnización de 33 días por año trabajado hasta un máximo de 24 años, mientras que antes de la reforma laboral de 2012 recibía una indemnización de 45 días por año trabajado hasta un máximo de 42 años.

      Entre las medidas más polémicas y que más han precarizado a los trabajadores se encuentra –además del abaratamiento de los despidos– la ampliación de las causas por despido objetivo, incluyendo que se considere causa económica la disminución persistente (actual o prevista) del nivel de ingresos o de ventas, pagando al empleado el mínimo legal de 20 días por año con un tope de 12 mensualidades.

      Un tercer cambio que afectó de forma directa y nociva a los trabajadores fue que la reforma laboral suprimió la necesidad de que el Ministerio de Trabajo autorizara los expedientes de regulación (ERE o despidos colectivos), haciendo que fuesen más sencillos de realizar.

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