Cohesión social y Convención Constituyente 2021. Juan Ignacio Correa Amunátegui

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СКАЧАТЬ de tiempo en tiempo”. En esta frase, Churchill presenta dos ideas: la primera es que no hay mejores sistemas que la democracia. La segunda es que, a pesar de su superioridad, la democracia a solas, o desnuda, no es un sistema perfecto. Churchill era un escéptico y temía que los gobiernos ―aún los gobiernos democráticamente elegidos― abusaran de su poder. Para quienes piensan como Churchill, los textos constitucionales deben protegernos de estos (probables) abusos, de las intromisiones inaceptables, de las imposiciones autoritarias que violan nuestra libertad y autonomía. Las constituciones, nos dicen, deben ser “protectoras”, deben establecer un catálogo claro y contundente de acciones que el estado no puede emprender, de políticas vedadas, ya que su implementación resultaría, simplemente, en una disminución de nuestras libertades personales.

      Cada constitución es producto de su propio tiempo, del momento histórico en que es adoptada. La Bill of Rights de la constitución de Estados Unidos, la más antigua del mundo, es un claro ejemplo de un catastro de derechos adoptados en un momento histórico específico. Son diez preceptos que protegen a los ciudadanos de los miedos churchillianos. La Tercera Enmienda es, posiblemente, la que mejor ilustra tanto el carácter protector de la constitución estadounidense cuanto su particular momento histórico:

      “Ningún soldado podrá, en tiempos de paz, ser alojado en una casa sin el consentimiento de su propietario, o en tiempos de guerra, de una manera distinta a la establecida por la ley”.

      Mirada a través de los cristales contemporáneos esta enmienda es absurda, casi risible. Nadie se imagina a un pelotón de marines, armados hasta los dientes, siendo acuartelados en una casa particular.

      Pero lo más interesante de esta enmienda, como de las otras nueve que conforman la Bill of Rights, es el lenguaje utilizado. Es una oración negativa que establece lo que no se puede hacer. La palabra operativa es “ningún”. No dice que algunos soldados se pueden albergar en una casa de familia, o que un número pequeño puede hacerlo, o que un destacamento de avanzada lo tiene permitido. No, lo que dice es que “ni uno solo” se alojará en casa particular si el propietario no lo consiente. Como se sabe, estas oraciones negativas son la tónica de la Declaración de Derechos Constitucionales de los Estados Unidos (Bill of Rights). La Primera Enmienda nos dice qué tipo de leyes el congreso no puede aprobar ―aquellas que restringen la libertad religiosa o el derecho de expresión― y la Segunda Enmienda establece que el derecho a portar armas no puede ser restringido, y así sucesivamente. Es por ello que estos derechos políticos ―muchos derivados de la Bill of Rights británica, adoptada luego de la Revolución Gloriosa en 1688― son conocidos como “derechos constitucionales negativos”.

El miedo también juega un rol central en el establecimiento de los “derechos constitucionales sociales”, a veces conocidos como “derechos de segunda generación” o “derechos positivos”. En su famoso discurso “Las Cuatro Libertades” de 1941, el presidente Franklin Delano Roosevelt dijo que era necesario ampliar los derechos de los ciudadanos de modo que estos pudieran gozar de cuatro libertades. Era necesario, apuntó FDR, que las personas tuvieran libertad de expresión y libertad de culto; debían liberarse de las necesidades (“liberty of want”, en inglés), y del miedo2. Esta idea fue la base de una serie de iniciativas legales y constitucionales, incluyendo el intento fallido, en 1944, por agregar a la constitución una segunda Declaración de Derechos, o Second Bill of Rights. Este proyecto incluía ocho derechos que, a través del tiempo, han sido incorporados en un gran número de constituciones en el mundo entero3:

      • Derecho a un trabajo útil y remunerado.

      • Derecho a una remuneración que provea una cantidad adecuada para alimentos, vestuarios y recreación.

      • El derecho de cada agricultor de vender sus cosechas a precios que permita a su familia vivir decentemente.

      • Derecho de todo empresario a trabajar en una atmósfera libre de competencia desleal y monopolios.

      • Derecho de cada familia a una vivienda decente.

      • Derecho a la salud y a la oportunidad una vida saludable.

      • El derecho a la protección de los miedos de la vejez, enfermedades, accidentes y desempleo.

      • Derecho a una buena educación.

      La constitución chilena de 1980 (con su multitud de reformas posteriores) es, esencialmente, una “constitución del miedo”. Pero para entenderla es necesario reconocer que no todos los miedos son iguales. Los miedos, como tantas cosas, están circunscritos a su momento histórico. La constitución chilena actual es, por ponerlo de alguna manera, hija de la Guerra Fría. Fue diseñada para proteger al país de lo que sus redactores consideraban como la peor amenaza que se cernía sobre sus ciudadanos: el comunismo. Es, en sus orígenes, una constitución que pretendía proteger a los chilenos de un regreso al periodo 1970-73.

Aunque el proceso recién empieza, no es aventurado afirmar que la nueva carta fundamental chilena será una “constitución de esperanzas”, una constitución llena de aspiraciones y de metas loables y, por qué no decirlo, un poco ingenuas. De hecho, ya circula un documento elaborado por expertos cercanos al PS y al PPD que afirma que en la nueva constitución se “debe promover la igualdad de derechos y obligaciones entre mujeres y hombres dentro de la familia en relación con las tareas del hogar y el cuidado de los hijos”4.

Estados Unidos nunca aprobó la enmienda, impulsada por FDR, que hubiera consagrado los derechos sociales al nivel constitucional5. Pero su viuda, Eleanor, tomó el proyecto como propio y al terminar la Segunda Guerra lo promovió para que fuera adoptado en la recientemente creada Naciones Unidas. Un equipo de juristas y diplomáticos, entre los que se encontraba el chileno Hernán Santa Cruz, desarrolló la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Años después, la mayoría de los países miembros de la ONU suscribieron el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Estos dos documentos se convirtieron en las bases de otros acuerdos y tratados internacionales, y en el sustento jurídico y político de una serie de iniciativas tendientes a incorporar derechos sociales a un gran número de constituciones. Según la información recopilada en el Proyecto Constitute, en la actualidad 151 de las 202 constituciones analizadas establecen el derecho a la educación, 146 el derecho a la salud, y 128 el derecho de los ancianos a recibir apoyo financiero o material de parte del estado (derecho a pensiones).

Pero, como argumenta Juan Ignacio Correa en este importante texto, la incorporación de estos derechos de segunda generación no asegura que las prestaciones del caso ―se trate educación, salud, pensiones, vivienda u otras― sean provistas en forma eficiente y oportuna, y de una cierta calidad. Hay países con un impresionante catálogo de derechos que tienen condiciones sociales paupérrimas; muchos de ellos en la propia región latinoamericana. También hay naciones que no incluyen estos derechos en sus cartas fundamentales, y que proporcionan los servicios del caso de una manera más que adecuada. La historia sugiere que incorporar los derechos de segunda generación en la constitución no es condición ni necesaria ni suficiente para mejorar las condiciones sociales de los ciudadanos6. Sin embargo, hay en todo esto un nivel simbólico que no se puede ignorar. Incluso, podría decirse que en el tema constitucional hay una dimensión estética. No es lo mismo una constitución aprobada (aunque sea tan solo en su primera versión) en dictadura, que una discutida e implementada bajo democracia. Los dos textos pueden ser idénticos, pero el segundo es superior ―en lo estético СКАЧАТЬ